Una menor baleada y reportada de grave, 45 heridos y 280 detenidos resultó el saldo de violentos incidentes en Chile, atribuidos por el gobierno a la conmemoración del 11 de septiembre.
De acuerdo con versión policial, Javiera Molina, de 15 años de edad, fue internada grave por un disparo en el tórax que recibió mientras se encontraba junto a una barricada en esta capital, hecho desmentido por familiares que aseguran que estaba en un paradero esperando un bus.
Este lunes el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que desde el sábado en la noche hasta la última madrugada, jornada coincidente con el aniversario 38 del golpe de Estado, hubo un total de 280 detenidos, de ellos 182 en Santiago y 98 en regiones.
“Fueron más de 350 los lugares donde se produjeron barricadas, cortes de calle, 130 mil hogares terminaron sin luz eléctrica en 18 comunas”, agregó.
Ubilla afirmó que “grupos organizados, de lumpen, anárquicos, agredieron en forma brutal” a Carabineros de Chile y dejaron unos 40 uniformados lesionados, incluso uno con un trauma ocular grave.
“El país no resiste más este tipo de situaciones”, remarcó el vicetitular del Interior de Chile. Debe volver la cordura, dijo.
Los hechos reportados por el gobierno contrastan con el carácter pacífico y masivo de las manifestaciones que tuvieron lugar en el transcurso del día en diferentes puntos del país en homenaje al expresidente Salvador Allende y a las víctimas del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sólo en Santiago se calcula en más de 10 mil las personas que marcharon hasta el Cementerio General y que depositaron flores en el Memorial que recuerda a los miles de ejecutados y de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
A juicio de la izquierda chilena y de los principales referentes del movimiento social los hechos vandálicos nada tienen que ver con el sentido y el espíritu de las movilizaciones como método de lucha y de expresión del descontento ciudadano.
Tales hechos, aseguran, sólo conducen a la criminalización de la protesta social y a deslegitimar las demandas populares.
En opinión de los líderes de la Confederación de Estudiantes de Chile, hay casos también generados por una violencia estructural como consecuencia de insoportables desigualdades y de un sistema sociopolítico signado por la exclusión.
(Con información de Prensa Latina)
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