por Fortune Modeste Valerio
Estamos ante un "genocidio civil" que afectará a más de 200 mil dominicanos y dominicanas, que quedarán sin nombres, apellidos y nacionalidad. Un acto criminal que sobrepasa en crueldad y abuso a la matanza sangrienta en la dictadura de Trujillo contra nacionales haitianos, producida en el 1937...
La República Dominicana comparte la isla con la República de Haití: dos pueblos diferentes, dos Estados diferentes, dos culturas diferentes... Múltiples son las diferencias. Razones objetivas que impiden una falsa "unificación" de la isla. Ayer, el Imperio español y el francés fracasaron en sus intentos. Ahora, se pretende meter miedo con eso de "unificación de la isla". Argumento esgrimido por las oligarquías corruptas y entreguistas de ambos países.
No es posible una "unificación" o "fusión", al menos que no sea la imposición de una cultura, de un Estado o un pueblo sobre el otro. Los términos medios no aplican, ya que los sentimientos patrios, soberanía e independencia de ambos pueblos son innegociables.
En ambos países, las oligarquías recalcitrantes exacerban los sentimientos patrios para imponer su control y dominios del aparato estatal. El "cuco" de los dominicanos es la unificación de la isla y el "cuco" de los haitianos es el "maltrato y explotación" de sus nacionales.
Mientras se expande en ambos pueblos el miedo y el odio. Las oligarquías se enriquecen utilizando todas las formas de corrupción en la administración de la cosa pública, y en su servilismo al poder extranjero.
El pueblo dominicano siempre ha sido solidario y trata correctamente a los haitianos que residen en Quisqueya la bella. No tanto así, la oligarquía criolla tiene históricamente una campaña de mentiras, odio y discriminación contra los nacionales haitianos.
La presencia de haitianos en la República Dominicana es exagerada, por igual de muchos extranjeros que andan como perros por sus casas. Hay que detener el tráfico ilegal de haitianos y haitianos en nuestras fronteras. De lo que se trata ahora, es de algo grave y doloroso: Quitar, despojar la nacionalidad de dominicano descendientes de haitianos. No de los que han entrado al país fruto del tráfico ilegal.
Fruto de ese odio y discriminación, que manejan muy bien. Se está aplicando en todo el territorio de la República Dominicana, una cacería inhumana contra dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos, para despojarlos de su nacionalidad dominicana.
Tienen como base "jurídica" una sentencia, No. 168 evacuada por un Alto Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional. La misma pretende revisar todo el Registro Civil a partir del año 1929, para despojar de la nacionalidad dominicana a todos los extranjeros que la han obtenido estando en "tránsito" en el país.
Violando más de diez (10) Artículos de la Constitución de la República vigente, acuerdos y tratados internacionales. Una sentencia irrevocable e inapelable: Inconstitucional, inhumana y abusadora.
No hay dudas, la sentencia llega hasta el extremo de atropellar a los mismos dominicanos y dominicanos nacidos, criados, formados en la tierra del patricio Juan Pablo Duarte, el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez y el inolvidable Coronel Francisco Alberto Caamaño Deño.
Su único pecado es tener padre y madre de origen haitiano. Las Constituciones de la República antes del 26 de enero del 2010 otorgaban la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en suelo dominicano (Jus solis), y el "tránsito" no aplica en los trabajadores haitianos (braceros) contratados por el Estado y permaneciendo en el país por más de 30 años en formas ininterrumpidas.
Estamos ante un "genocidio civil" que afectará a más de 200 mil dominicanos y dominicanas, que quedarán sin nombres, apellidos y nacionalidad. Un acto criminal que sobrepasa en crueldad y abuso a la matanza sangrienta en la dictadura de Trujillo contra nacionales haitianos, producida en el 1937 y que murieron asesinados cerca de 27 mil haitianos y haitianas.
Como esa sentencia es irrevocable e inapelable. Ese santo tribunal inquisidor, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, debe ser denunciado en el mundo como un Tribunal que viola sus propias leyes para justificar un atropello incalificable contras sus nacionales descendientes de haitianos.
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