Como en Ferguson y Nueva York, las protestas, la bronca y la violencia que se desató esta semana tras la muerte de un joven negro a manos de la policía no son un hecho aislado ni azaroso. Años de represión e impunidad policial y de connivencia política explican una nueva crónica de un estallido anunciado en Estados Unidos.
Como en Ferguson y Nueva York, las protestas, la bronca y la violencia que desató esta semana en la ciudad de Baltimore la muerte de un joven negro a manos de la policía no son un hecho aislado ni azaroso. Años de represión e impunidad policial y de connivencia política explican una nueva crónica de un estallido anunciado en Estados Unidos.
Las cicatrices más recientes en esta ciudad del noreste norteamericano, en la que más del 63% de sus habitantes son negros, datan de finales de los años noventa.
Baltimore importó el modelo de tolerancia cero del ex intendente de Nueva York Rudolph Giuliani, una política que ganó adeptos en todo el mundo, incluida Argentina, y que propone como parte de su estrategia masificar las detenciones, inclusive de personas que hayan cometido la más mínima infracción.
El entonces intendente demócrata de Baltimore, Martin O’Malley, defendió la estrategia como “la correcta para ese momento” y destacó que las cifras de asesinatos y crímenes violentos disminuyeron. Sin embargo, la ciudad le tuvo que poner fin después de siete años y de gastar millones de dólares en indemnizaciones.
En 2004, Baltimore pagó 6 millones de dólares a Jeffrey Alston, un hombre que quedó paralizado del cuello para abajo después de ser detenido por “tener olor a alcohol en el aliento” y trasladado a una comisaría.
Un año después, Dondi Johnson, un hombre de 43 años, fue detenido por orinar en la calle y después de un breve viaje en un patrullero terminó cuadripléjico, con la columna quebrada y desplazada. Murió un mes más tarde, y un jurado ordenó a la ciudad pagarle 7,4 millones a la familia de la víctima.
Finalmente, en 2006, dos organizaciones de derechos civiles acusaron al Estado municipal de cometer “abuso de poder” con las detenciones masivas y ganaron el juicio. El gobierno tuvo que pagar otros 870.000 dólares y eliminó la política de tolerancia cero.
Las detenciones masivas terminaron, pero no la impunidad policial comprada con dinero público.
Según una investigación publicada por el diario Baltimore Sun en septiembre pasado, esa ciudad del estado de Maryland pagó más de 5,7 millones de dólares en acuerdos extra judiciales desde 2011 para evitar condenas por brutalidad policial.
Estos acuerdos, además, garantizaron que las víctimas y sus familias no puedan hablar públicamente de sus arrestos injustos y de las golpizas que recibieron.
Entre las víctimas que destaca el matutino se encuentra un chico de 15 años que fue detenido cuando andaba en bicicleta, una contadora de 26 años embarazada que intentaba terminar una pelea callejera, una mujer de 50 años que vendía números para una rifa en su iglesia y una abuela de 87 años que había llamado a Emergencias porque su nieto había sido baleado. En la mayoría de estos casos, las víctimas eran negros.
Pero no todas las historias de brutalidad policial en Baltimore terminan con heridas graves y una indemnización. Algunas terminan peor.
Según un informe de la reconocida organización norteamericana de derechos civiles ACLU, publicado el mes pasado, 109 personas murieron a manos de policías cada vez más militarizados en el estado de Maryland entre 2010 y 2014, 31 de ellos en la ciudad de Baltimore.
De las víctimas fatales de la policía en esos cuatro años, un 70% eran negros (en un estado en el que la población afroamericana no alcanza el 30%) y más de un 40% estaban desarmados.
Pese a estas cifras, el único policía que fue procesado por la muerte de un civil en este período fue un agente de Baltimore que mató a un marine veterano en un bar, cuando no estaba de servicio.
La acumulación de estos antecedentes a lo largo de los años forzó a las autoridades de Maryland a presentar un paquete de medidas para aumentar la regulación y la fiscalización del accionar de las fuerzas policías.
Sin embargo, en el último mes el sindicato de policía consiguió remover algunos de los puntos más importantes de la reforma, como que todas las muertes causadas por agentes deban ser investigadas por fiscales del estado y no de la ciudad, y que los procesos sean civiles y no internos.
“Nuestro jefe no tiene un problema con disciplinar a los policías malos”, explicó el sargento Clyde Boatwright, presidente de la Escuela del Sindicato de Policía de Baltimore en una audiencia pública que se realizó el mes pasado para discutir la reforma y que reprodujo el portal de noticias The Intercept.
“Lo que estamos diciendo es que el sistema funciona”, agregó el oficial, reafirmando una vez más una creencia que comparten la mayoría de la dirigencia política del país y los grandes medios de comunicación estadounidenses pese a los sistemáticos y masivos estallidos de protestas y bronca que provocan la innegable discriminación y desigualdad que sufre la comunidad negra.
Telam
