Denuncian desalojo violento de campamento por la paz en Bogotá

Los campistas denunciaron que durante el operativo de desalojo fueron golpeados, insultados y amenazados por la Policía Antidisturbios de Bogotá.

Pacifistas colombianos denunciaron este sábado que, en horas de la madrugada, unos 200 miembros de la Policía Nacional y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia desalojaron de manera violenta el campamento por la paz que se mantenía en la Plaza Bolívar de Bogotá desde hace más de 40 días.

“La Policía rodeó la plaza y no pudimos volver a entrar. Desmontaron el campamento y quitaron todas las cosas que estaban ahí. Han metido unos buses y dicen que van a montar ahí a la gente”, informó Carolina Osorio una vocera de la protesta.

Los campistas se mantenían apostados en la plaza de forma pacífica como una medida para pedir que el Gobierno de Juan Manuel Santos busque un acuerdo definitivo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Pocas horas después de anunciar que se quedarían en el lugar hasta que se implementara el nuevo acuerdo de paz firmado el pasado 12 de noviembre entre el Gobierno y las FARC-EP, estas personas fueron desalojadas de la zona por orden de la Alcaldía de Bogotá.

Otra de las manifestantes, Juliana Bohórquez destacó que “hay personas de edad entre las que metieron en camiones. Yo misma fui testigo de que estaban golpeadas y a una mujer le rompieron un dedo. Yo conozco a las personas y la manifestación era pacífica, incluso envían la boca con cinta en símbolo de paz”.

Los pacifistas consideran que la acción policial es desproporcionada, puesto que desde el principio se trató de una protesta tranquila, contando con el aval incluso del Gobierno y de los negociadores de paz.

Por su parte, la alcaldía de Bogotá aseguró que el desalojo del campamento se realizó en pleno acuerdo con los manifestantes.

“La alcaldía de Bogotá dialogó el día jueves con los líderes del campamento por la paz y llegamos al acuerdo de que ellos se retirarían voluntariamente de la Plaza de Bolívar”, señala un comunicado de la alcaldía.

Bohórquez desmintió esta información al asegurar que existen testigos de que el alcalde bogotano se comprometió a no desalojar el campamento.

“Hay testigos de que el alcalde se comprometió a no desalojarnos y menos por la fuerza y con violencia”, enfatizó.

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Desalojo violento de 10.000 refugiados de la isla griega de Lesbos (VIDEO)

Atenas.- La Guardia Costera y unidades policiales de Grecia expulsaron hoy a cerca de 10 mil refugiados del puerto de Mitilene, en la isla de Lesbos, tras el intento de una parte de ellos de abordar un ferry de pasajeros con destino al continente.

Los extranjeros fueron trasladados a un espacio abierto, a unos cientos de metros del puerto, pese a que en esa zona no existe ninguna infraestructura que pueda ofrecer acogida ni cubrir las necesidades más básicas para los migrantes

Previamente cerca de un millar de personas, al parecer de nacionalidad afgana, trataron de subir por la fuerza al buque que se encontraba atracado y embarcando a las personas registradas por las autoridades y facultadas para viajar hasta Atenas.

Un trayecto que están realizando a diario unos 2 mil 500 refugiados, aunque según el Alcalde de Lesbos, Spyros Galinós, “hay alrededor de siete u ocho mil personas que están registradas y esperando para salir, pero los barcos no son suficientes”, al tiempo que demandó “más barcos tan pronto como sea posible”.

Galinós alertó del peligro de la situación asegurando que “estamos en el punto cero antes de la explosión”, y afirmó no conocer el número exacto de refugiados y migrantes reunidos en la isla, pues a diario son cientos de personas las que llegan clandestinamente por mar desde las cercanas costas de Turquía.

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España: Penas de cárcel a 13 jóvenes por resistencia contra el desalojo

INSURGENTE.ORG – Un juez de Barcelona ha condenado a penas que oscilan entre un año y un año y medio de cárcel a trece jóvenes por «montar barricadas, atacar oficinas bancarias y lanzar objetos a la policía» durante las manifestaciones contra el desalojo de Can Vies en Barcelona.

A ocho de lso acusados se les atribuye un delito de atentado y otro de desórdenes, y la condena es de 18 meses. A los otros cinco a un año por un delito de atentado, frente a los cinco años y diez meses de prisión que solicitaba la fiscalía.

Según la sentencia, en ambos casos se impone la pena mínima prevista en cada delito porque en el caso de atentado «no se puede imponer la agravante de que lanzaran objetos contundentes», mientras que en el de desórdenes se estima que, «dentro de la gravedad del delito, su impacto fue menor».

En la sentencia, el juez ha dado credibilidad a la versión de los Mossos, cuyo relato es la única prueba que incrimina a los acusados. De hecho, precisa que solo tiene dos opciones, «creer la versión policial o considerar que es falsa». Ante ello, concluye que «la Policía no miente», por lo que condena a los acusados.

Según apunta la agencia Efe, algunos de los condenados ya ha confirmado que recurrirá la pena.

El pasado mes de febrero, este mismo juzgado dictó sentencia respecto de otros de los manifestantes de Can Vies, uno de los cuales fue condenado a tres años y nueve meses de prisión por lanzar una botella a la Policía, la pena más alta impuesta por aquellos incidentes.

En otro juzgado también el pasado mes de febrero, un joven aceptó una condena de año y medio de prisión por arrojar una piedra contra una marquesina de autobús.

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España: peluquera dominicana dona ganancias de los miércoles para evitar desalojos

Julissa Lebron Vargas es una joven peluquera de 32 años, nacida en Santo Domingo (República Dominicana) y que desde hace 18 reside Mataró. Es una de las más de 300 personas cuya vida se ha visto sacudida por un desahucio en la capital del Maresme. Agradecida por la ayuda recibida de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha decidido colaborar en lo que mejor sabe hacer, cortar el pelo, y por ello cede toda la recaudación de los miércoles a la entidad social: “Es lo mínimo que puedo hacer”.

El caso de Julissa es uno de los 300 que la PAH ha atendido en Mataró “a un ritmo de cien al año y subiendo”, apunta Sebastià Tenés, portavoz de la entidad social. Sólo en marzo, la plataforma -que se nutre de los voluntarios y las donaciones particulares- ha atendido a 78 familias que iban a ser desalojadas de sus viviendas, bien sea por impago de alquiler o deuda de la hipoteca, lo que demuestra que “los desahucios no remiten aunque la crisis lo haga”.

La PAH de Mataró, integrada en la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró (FAVM) se muestra orgullosa de “haber parado todos los desahucios que nos han llegado. Nadie se ha quedado en la calle”. Y lo ha logrado negociando directamente con las entidades bancarias.

La historia de Julissa encaja en el estereotipo de las familias sudamericanas inmigrantes. En 1992, en pleno apogeo por la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, llegó su madre. A los cinco años viajó ella, junto a su padre y sus hermanos. Se establecieron en Mataró. Aquí, la joven dominicana acabó de estudiar lo que en su país ya era su pasión, la peluquería, hasta lograr sacarse el título. Después de pasar de aprendiz por varios establecimientos, abrió su propio negocio en un local alquilado en el 97 del paseo Ramon Berenguer.

Su vida se vio truncada al sobrevenir el divorcio. “Mi exmarido no me pasaba dinero”. Ella debía hacerse cargo de las dos niñas del matrimonio y de impulsar un negocio recién abierto, sin ayuda de nadie. El banco con el que mantenía la hipoteca del piso acabó por ejecutar el desahucio por impago. “Estaba desesperada, no podía dormir y no sabía qué hacer, quedé muy tocada emocionalmente, hasta que acudí a la PAH”. Allí, habituados a luchar contra las entidades bancarias, negociaron para que entregara el piso como dación en pago y que durante un tiempo pueda vivir en el inmueble con un alquiler social. Estaba agobiada por tener que hacerse cargo de las dos niñas y tirar adelante con la peluquería, pero le supo tan mal que tanta gente le ayudara y no pudiera devolver el favor que ideó una fórmula insólita. “Si no puedo participar directamente”, ayudaría desde su propio negocio que, incluso sin llegar a rozar la prosperidad, le permite colaborar económicamente. Julissa ha decidido donar la recaudación íntegra que obtenga los miércoles a la PAH. “Espero que la iniciativa tenga éxito”, exclama al tiempo que sugiere a todos aquellos que han sido ayudados y no ayudan “que piensen en su situación anterior”. Por un corte de pelo cobra seis euros, cinco para los niños, bien sea un peinado afro -la mitad de su clientela- o un servicio normal. El dinero será su “grano de arena” para paliar esta epidemia social del siglo XXI.

Fuente:  La Vanguardia

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