La presa hidroeléctrica afecta a 11 mil familias salvadoreñas, el Presidente Funes prometió en su campaña detener el proyecto, sin embargo, no cumplió.
Comunidades afectadas por la construcción de la presa El Chaparral, al oriente de El Salvador, demandaron nuevamente al gobierno de Mauricio Funes que detenga este proyecto hidroeléctrico y repare el daño económico, social y ambiental que causó.
“El Presidente Funes se comprometió en su campaña, dijo que iba a detener la presa el Chaparral y venimos a recordarle que a nosotros no se nos olvida las promesas de campaña que hizo”, expresó Ribineth García, del comité de afectados y afectadas.
Además, las comunidades exigieron el respeto a sus derechos de participación ciudadana y acceso a la información, así como la creación de mecanismos de representación de comunidades, caseríos y cantones afectados.
Este nuevo gobierno de Mauricio Funes, generó en las comunidades más desprotegidas cierta esperanza de cambio, por ser el primero de izquierda en El Salvador.
“Desde hace 10 años hemos exigido que se respeten nuestros derechos y hasta la fecha no se nos han respetando, tanto de los antiguos gobiernos como del actual, Mauricio Funes es un mentiroso”, reclamó Manuel Romero, del Comité.
La denuncia pública fue respaldad por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien planteó la ilegalidad de la obra y la falta de transparencia con la información.
“La población no conoce cuales van a ser los beneficios que van a obtener de la construcción de este proyecto, no se les ha dado información transparente” aseguró Armando Pérez, Coordinador del programa de transparencia de FESPAD.
También, alertó al gobierno que de continuar con la construcción, lo que va a generar son nuevos y más graves conflictos con las poblaciones que serán afectadas, que son 11 mil familias en total y más de 60 mil campesinos y campesinas.
“Las comunidades de San Antonio del Mosco, Carolina, San Luís de la Reyna, San Gerardo y nuevo edén de San Juan, rechazamos la continuación de la construcción de la represa El Chaparral, por lo que seguiremos en lucha férrea en contra de su construcción” subrayó Lissett Martínez, del comité de afectados y afectadas.
“Lo que nosotros estamos demandando en apoyo a las comunidades, es que no se continúe con la construcción de esta represa que hasta el momento ha costado 65 millones de dólares, este es un buen momento de detener este proyecto” concluyó Armando Pérez de la no gubernamental FESPAD.
“El Presidente Funes se comprometió en su campaña, dijo que iba a detener la presa el Chaparral y venimos a recordarle que a nosotros no se nos olvida las promesas de campaña que hizo”, expresó Ribineth García, del comité de afectados y afectadas.
Además, las comunidades exigieron el respeto a sus derechos de participación ciudadana y acceso a la información, así como la creación de mecanismos de representación de comunidades, caseríos y cantones afectados.
Este nuevo gobierno de Mauricio Funes, generó en las comunidades más desprotegidas cierta esperanza de cambio, por ser el primero de izquierda en El Salvador.
“Desde hace 10 años hemos exigido que se respeten nuestros derechos y hasta la fecha no se nos han respetando, tanto de los antiguos gobiernos como del actual, Mauricio Funes es un mentiroso”, reclamó Manuel Romero, del Comité.
La denuncia pública fue respaldad por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien planteó la ilegalidad de la obra y la falta de transparencia con la información.
“La población no conoce cuales van a ser los beneficios que van a obtener de la construcción de este proyecto, no se les ha dado información transparente” aseguró Armando Pérez, Coordinador del programa de transparencia de FESPAD.
También, alertó al gobierno que de continuar con la construcción, lo que va a generar son nuevos y más graves conflictos con las poblaciones que serán afectadas, que son 11 mil familias en total y más de 60 mil campesinos y campesinas.
“Las comunidades de San Antonio del Mosco, Carolina, San Luís de la Reyna, San Gerardo y nuevo edén de San Juan, rechazamos la continuación de la construcción de la represa El Chaparral, por lo que seguiremos en lucha férrea en contra de su construcción” subrayó Lissett Martínez, del comité de afectados y afectadas.
“Lo que nosotros estamos demandando en apoyo a las comunidades, es que no se continúe con la construcción de esta represa que hasta el momento ha costado 65 millones de dólares, este es un buen momento de detener este proyecto” concluyó Armando Pérez de la no gubernamental FESPAD.
porque el desarrollo tiene que significar destruccion para unos y bienestar para otros
ResponderEliminardonde en que lugar volveran a reconstruir sus vidas estas 11 mil familias salvadoreñas cuando el agua lleno la represa
donde en que lugar quedaran sus sueños / que solucion existe / un reasentamiento con todas las comodidades para estas personas / que plan tiene el presidente funes
tendra el honor de cumplir a su palabra de !NO! a la represa / o cumplira como presidente a un desarrollo tecnologico que beneficiara a ciertos sectores...en detrimento de otros sectores empobrecidos
JORGE RODRIGUEZ LAGOS