La demanda fue presentada "en nombre de todos los braceros que fueron vendidos como esclavos para la explotación de su sudor en la producción de caña de azúcar en los bateyes (poblados de jornaleros) dominicanos
El Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) de Haití pidió este jueves que el dictador Jean Claude “Baby Doc” Duvalier (1971 – 1986) sea juzgado por haber vendido por dos millones de dólares a jornaleros haitianos como esclavos a la vecina República Dominicana.
La demanda fue presentada “en nombre de todos los braceros que fueron vendidos como esclavos para la explotación de su sudor en la producción de caña de azúcar en los bateyes (poblados de jornaleros) dominicanos, el GARR reclama justicia y reparación”, declaró el movimiento en un comunicado enviado a la prensa haitiana.
El GARR afirmó que “el primer escándalo registrado después de la caída de Jean Claude Duvalier en 1986 fue la reclamación por la República Dominicana de dos millones de dólares pagados a funcionarios haitianos para la contratación de braceros“, durante el gobierno del ex presidente dominicano Jorge Blanco.
Duvalier fue derrocado en 1986 por un movimiento popular, luego que Estados Unidos le retirara su apoyo, que mantuvo desde la época de su padre, el también dictador Fracois Duvalier, “Papa Doc”, según han explicado a teleSUR expertos.
Esta sería la tercera causa que enfrenta Duvalier en su país. Este miércoles cuatro personas demandaron al dictadorpor delitos de lesa humanidad que incluyen tortura, exilio forzado y detención arbitraria, durante sus 15 años de gestión (1971-1986) y que aún siguen impunes.
Además, el pasado martes, Duvalier compareció ante la Fiscalía haitiana y recibió la acusación de desvío de fondos públicos durante su mandato. No obstante, el presidente de facto continúa en libertad.
Reinol George, abogado de Duvalier, explicó este miércoles en entrevista a teleSUR que según la Ley haitiana los delitos no podrán juzgarse si no se encausan dentro de los 10 primeros años desde su comisión.
No obstante, esa ley sólo es válida para los delitos comunes, puesto que el artículo 41 de la Constitución haitiana establece que los delitos “atroces”, incluídos los de lesa humanidad, no prescriben.
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