La onda expansiva de la movilización estudiantil en Chile tuvo su impacto en Ginebra a instancias de la lider estudiantil, Camila Vallejo, quien presentó sus denuncias contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera a otras dos mujeres, responsables importantes de Naciones Unidas: la sudafricana Navi Pillay, Alta Comisionada para Derechos Humanos, y la uruguaya Laura Dupuy, presidenta del Consejo de Derechos Humanos.
“El movimiento estudiantil es hoy un movimiento social que representa al pueblo chileno, y demuestra el fracaso del modelo neoliberal, que reprime las manifestaciones pacificas con detenciones ilegales, y apremios ilegítimos que violan los tratados de la ONU de derechos humanos ratificados por Chile”, abrevió Vallejo ante periodistas en Ginebra.
Forjada en las luchas que el año pasado jaquearan al gobierno del conservador Piñera, Vallejo pidió a sus dos interlocutoras de Ginebra que obren para enviar a Chile en misión de establecimiento de hechos y protección de víctimas, a los “relatores” por el derecho a la educación, contra la tortura y la extrema pobreza, y al “grupo de trabajo” sobre detenciones arbitrarias. Documentó acusaciones sobre lo que viene aconteciendo en su país y manifestó su oposición a que el lastre represivo se cristalice en la Ley Hinzpeter, la cual porta el apellido del ministro del Interior, de nombre Rodrigo, quien según sus detractores, impulsa ahora en el parlamento reforzar el dispositivo penal “antiterrorista” ya existente.
La demanda de Vallejo intenta sensibilizar a las dos funcionarias que pueden motivar y poner marcha los “procedimientos especiales” de la ONU, como se denomina a los “relatores” y “grupos de trabajo” en materia de derechos individuales y libertades públicas. Se trata de expertos independientes ungidos por el Consejo de Derechos Humanos, organo constituido por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General. Esos expertos, de reconocida autoridad moral, trabajan a título honorario y llevan a cabo sus tareas con el apoyo logistico de la Alta Comisionada, e informan al Consejo de sus visitas, para que eventualmente disponga medidas.
“La Ley Hinzpeter pretende criminalizar la protesta social pacífica, prohibiendo la ocupación de calles, de establecimientos y espacios públicos y comerciales; también la interrupción del trafico de autos y la circulación de personas, y apunta a los autores y a los que convocan las manifestaciónes”, afirmó Vallejo.
“La Ley Hinzpeter pretende criminalizar la protesta social pacífica, prohibiendo la ocupación de calles, de establecimientos y espacios públicos y comerciales; también la interrupción del trafico de autos y la circulación de personas, y apunta a los autores y a los que convocan las manifestaciónes”, afirmó Vallejo.
La iniciativa de esta nueva norma convalidaría “la practica sistemática de la represión”, para “profundizar la desigualdad” y mantener la impunidad en Chile, bajo el paraguas de la Constitución Nacional elaborada por la dictadura de Pinochet en 1980, todavía en vigor, explicó Vallejo. Como prueba entregó a la ONU el dato que el actual jefe de policía (carabineros), el general Gustavo González Juré, asesinó al menor de 14 años Sergio Albornoz, el 30 de agosto de 1988, aún en épocas del régimen militar, y continua en actividad.
Vallejo recordó las reivindicaciones que gestaran la protesta estudiantil y le dieran fama internacional. Prometió seguir bregando para “recuperar la educación pública” en Chile, que debería ser “un derecho universal” sin restricciones, no “un bien de consumo”, fruto de un negocio. Criticó al sistema educativo vigente, que a causa de la privatización, convierte al alumno en un cliente. “Queremos una educación pública, gratuita, democrática y multicultural”, concluyó.
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