Las protestas antiminera se extienden por todo Latinoamerica

A continuación, los principales conflictos ambientales provocados por grandes proyectos mineros en América Latina.

CONGA (PERÚ): en Cajamarca, noroeste de Perú, la empresa Yanacoha, contralada por la estadounidense Newmont, prevé secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, con una inversión de 4.800 millones de dólares. Las autoridades, tras violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto, han designado tres peritos extranjeros para que evalúen el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por la compañía.

MINA INVIERNO (CHILE): en la isla Riesco del Estrecho de Magallanes, al sur de Chile, las empresas Copec y Ultramar pretenden extraer unos 6 millones de toneladas de carbón cada año, pero recibe las críticas de los grupos ambientalistas, que opinan que contaminará el sector. Contempla una inversión de 530 millones de dólares. Fue aprobado por el consejo de ministros "con algunas observaciones", en espera de ejecución.

FAMATINA (ARGENTINA): a 1.300 km al noroeste de Buenos Aires. La canadiense Osisko Minning Corporation preveía instalar una mina de oro a cielo abierto en el cerro General Belgrano, que iba a producir oro por unos 25.000 millones de dólares en 30 años. Las protestas consistieron en cortes de ruta de más de un mes. Tras las protestas, el proyecto quedó suspendido.

CERRO COLORADO (PANAMÁ): en la comarca Ngöbe-Buglé, al suroeste del país, se trata de un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas, equivalentes a tres años de la producción chilena, la mayor del mundo. Los indígenas, en protesta por las intenciones de las autoridades panameñas de conceder licencias de explotación a empresas de Corea del Sur y Singapur, se manifestaron con cortes de carretera entre Panamá y el resto de Centroamérica, con un saldo de dos muertos.

SANTURBÁN (COLOMBIA): la empresa canadiense Greystar preveía explotar la Santurbán, ubicada en pleno páramo, a 3.600 metros de altura en el este del país, que debía producir anualmente alrededor de 16 toneladas de oro y 2,3 millones de onzas de plata. Pero habitantes y ambientalistas que sostienen ponía en peligro las fuentes de agua de la provincia de Santander. El proyecto quedó suspendido en 2011.

ARATIRÍ (URUGUAY): la empresa de capital indio Zamin Ferrous pretende desde 2007 desarrollar un proyecto de extracción de hierro en el centroetse del país, que de concretarse alcanzaría una inversión de 3.000 millones de dólares, la inversión privada más importante en la historia del país. En los últimos años se han organizado varias manifestaciones de protesta por daño ambiental. El gobierno aún no decidió la aprobación del proyecto.

CRUCITAS DE CUTRIS (COSTA RICA): en el norte del país, la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold, prevía la explotación de 900.000 onzas de oro en una mina a cielo abierto. Pero las fuertes presiones del movimiento ecologista y de sectores políticos de oposición, que opinaban que la mina implicaba la tala de un bosque tropical seco con especies de flora y fauna endémicas, lograron que en 2010 un tribunal contencioso administrativo ordenara la cancelación del contrato que el gobierno había suscrito con la empresa. La sentencia fue ratificada en forma definitiva el 30 de noviembre

FRUTA DEL NORTE (ECUADOR): en la provincia de Zamora Chinchipe (sureste). Quito se apresta a firmar un nuevo acuerdo con la canadiense Kinross, el primero cobijado por la nueva ley minera de 2009. Kinross, que deberá hacer una inversión inicial de 1.100 millones de dólares, explotará hasta 2030 un campo amazónico subterráneo con reservas recuperables por 6,4 millones de onzas de oro y 9,1 millones de onzas de plata. De próxima ejecución.