La policía irlandesa desalojó este jueves un campamento de indignados que se había instalado, desde octubre pasado, frente a la sede del Banco Central de Dublín, en rechazo a las políticas económicas neoliberales.
El levantamiento se llevó a cabo desde las 3:30 de la madrugada (hora local). La policía informó que el desalojo se produce por medidas de "seguridad" y "salud pública" durante la celebración de la fiesta de San Patricio, el próximo 17 de marzo.
Este campamento fue instalado bajo la organización del grupo Ocupar Dame Street, con el fin de expresar "indignación por la pérdida de nuestros derechos a manos de las grandes empresas, instituciones financieras y la clase política", indica el movimiento en su Web.
Estas acciones iniciaron siguiendo el ejemplo de grupos de indignados en otras latitudes, en rechazo a los planes de austeridad establecidos por el Gobierno irlandés, que ha aumentado los impuestos y recortado el gasto social.
El 28 de febrero pasado la policía británica desmanteló también el campamento de indignados instalado desde hacía más de cuatro meses frente a la catedral de San Pablo, en pleno corazón financiero de Londres.
Mientras se desarrollan estos desalojos, los indignados de Estados Unidos han anunciado nuevas manifestaciones contra el sistema capitalista.
El movimiento Ocupar Wall Street (OWS) comenzó con concentraciones ese miércoles 7, frente a la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo. Para ese jueves tienen previsto una actividad en Union Square, en la parte sur de Manhattan. Las acciones continuarán durante toda la semana.
Entretanto, centenares de indignados en la plaza de Cataluña, en Barcelona, España, manifestaron este miércoles en contra del archivo judicial contra mandos políticos y policiales por el desalojo ocurrido en esta misma plaza, el 27 de mayo de 2011, que acabó con 120 heridos.
Los manifestantes lamentaron que se haya archivado la querella contra varios oficiales de los Mossos d'Esquadra, su director general, Manel Prat, y la ex concejal Assumpta Escarp, una decisión que consideran es una "injusticia flagrante", reseñó Europa Press.
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