El medio electrónico Panoramas News publicó este viernes una serie de fotografías que demuestran la existencia de entrenamientos de “guerra urbana” en recintos de la Armada de Chile, cuyo objeto es preparar a los próximos represores en un escenario de conflicto interno o golpe de Estado.
En las instalaciones, que se encuentran en los galpones interiores de la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina en Salinas y Fuerte Aguayo, Región de Valparaíso, se cuelga y flagela a funcionarios, principalmente grumetes o gente de mar, en directa similitud con los entrenamientos de tortura impartidos por la ex Escuela de las Américas.
En estos simulacros, que llevan años de actividad, participan funcionarios de inteligencia (DIRINTA) y de las Fuerzas Especiales con apoyo de instructores estadounidenses, en virtud de los convenios de asesoría profesional con la embajada de Estados Unidos y la fructífera relación de la Armada chilena con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Cabe destacar que estas relaciones no son nuevas. En el pasado, la Armada gestó y dio curso al golpe de Estado de 1973, entrenando terroristas y saboteadores que realizaban operaciones clandestinas en contra del gobierno de Salvador Allende. Entre ellas, el asesinato del edecán naval Arturo Araya, el 26 de julio de ese año.
Este curso se complementa con el de "Combate Especial”, cuyos escenarios de guerra se ubican en sectores urbanos, especialmente poblaciones periféricas y barrios industriales al interior del país, en un contexto de guerra irregular y de excepción constitucional. En otras palabras, se alistan para un futuro golpe de Estado o para una situación de dictadura.
Algunos marinos de hoy han querido denunciar estas atrocidades, pero, como en el pasado, han sido perseguidos por ello. El Juzgado y la Fiscalía Naval de Talcahuano, en complicidad con la Corte Naval, han amenazado con 10 años de cárcel a estos marinos si no se callan. Para eso les imputan el crimen de un civil ocurrido el 10 de marzo de 2010 en Hualpén, poco después del terremoto del 27/F.
Quién descubrió este montaje fue la doctora Carmen Cerda Aguilar – perita forense en el caso del asesinato del presidente Frei Montalva. La Armada, para seguir extorsionado a los marinos denunciantes, les ocultó los vales de bencina que acreditan su inocencia, dado que estos documentos prueban que no se encontraban en el lugar de los hechos a la hora en que éstos ocurrieron.
La Moneda, el ex ministro de Defensa, Andrés Allamand y el actual titular de esa cartera, Rodrigo Hinzpeter, están en conocimiento de estos antecedentes. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se los informó oportunamente a través de una denuncia ingresada en la oficina de partes de la Presidencia de la República hace más de un año. Nada han investigado.
Los marinos afectados están dispuestos a declarar ante la Cámara de Diputados y los tribunales por los vejámenes que sufrieron como partícipes de estas prácticas de tortura.
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