LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA REDISTRIBUCIÓN FISCAL
El 24 de octubre de 2012, miles de personas se reunían en República Dominicana para exigir justicia fiscal y denunciar la corrupción. Un año después, el movimiento Justicia Fiscal ha conseguido monitorizar el gasto público y prosigue la denuncia del desvío de fondos públicos.
Asamblea de Justicia Fiscal.
Cuando el nuevo presidente de República Dominicana, Danilo Medina, tomó posesión en agosto de 2012 y declaró que no sabía la situación financiera que habían heredado del gobierno de Leonel Fernández, no se preveía el costo político que tendría. Lo más llamativo es que ambos pertenecen al mismo partido que ha ostentado el poder desde 2004, elPartido de la Liberación Dominicana (PLD). Este partido domina actualmente 32 de 33 senadores, más de la mitad de los diputados así como la Junta Central Electoral y las nuevas cortes creadas tras la constitución del 2010.
Hasta que el Fondo Monetario Internacional no fue a revisar la cuentas en octubre del año pasado no se conocieron las astronómicas cifras que elevaban el déficit fiscal a un 8,5% del PIB. Un aumento provocado principalmente por un aumento del gasto primario de alrededor de 40% en el año 2012. Según el informe elaborado por el Consejo Económico Social, se cometieron 24 violaciones a distintas disposiciones de nueve leyes incluyendo la Constitución de la República para poder realizar este gasto no presupuestado. Pese a esto, ningún funcionario ha sido juzgado por ello y muchos de los antiguos responsables siguen ocupando sus puestos.
En esta coyuntura nace Justicia Fiscal “un movimiento ciudadano que busca la articulación de personas, organizaciones y movimientos sociales y políticos para luchar por un pacto fiscal justo a mediano y largo plazo que transforme la estructura fiscal dominicana mejorando la calidad del gasto y orientándolo a necesidades colectivas”. Justicia Fiscal plantea que el déficit es “el resultado de un uso irresponsable de los recursos públicos con fines electorales y que refleja los niveles de clientelismo, corrupción y falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas”.
Simultáneamente, el nuevo gobierno impuso una reforma tributaria que ha tenido un fuerte impacto en el coste de la vida principalmente debido a un aumento de la tasa impositiva del ITBIS (IVA) y a la inclusión de algunos productos básicos que estaban exentos como aceite, azúcar o café así como del aumento del impuesto a los combustibles. Según los economistas de Justicia Fiscal con los aumentos propuestos del ITBIS de 16% al 18% y los nuevos productos incorporados el aumento de precios será un 33% mayor para el 20% más pobre que para el 20% más rico de la población. Esto significa más pobreza y peor distribución del ingreso.
El Movimiento Justicia Fiscal fue claro en su posición, “sin cambios en la calidad del gasto, la propuesta impositiva no garantiza un real cambio en la redistribución de la renta y la riqueza nacionales. Es decir, sin las debidas correcciones en el funcionamiento de las instituciones y en la estructura del gasto público, lo más probable es que gran parte de los ingresos provenientes de los nuevos impuestos en lugar de satisfacer necesidades colectivas prioritarias, irán a parar a áreas gubernamentales donde predomina el gasto superfluo, el clientelismo y la corrupción. Ha quedado evidenciado que las cúpulas políticas han convertido el Estado en una fuente de enriquecimiento personal y de sus allegados, mediante un permanente reparto de privilegios, en franca violación de la normas establecidas y los más elementales principios éticos”.
Múltiples informaciones de un uso de los recursos públicos en beneficio de un grupo como la utilización de más de mil millones de pesos del escaso presupuesto de vivienda en la construcción de unas torres de apartamentos para clase media alta que en su mayoría fueron asignados a personas vinculadas al PLD, Torres del Progreso, sembraron la indignación. Según Justicia Fiscal con este dinero se podrían haber construido más de 2.000 viviendas sociales y haber reducido el déficit habitacional que según la Oficina Nacional de Estadística asciende a más de 700.000 unidades habitacionales.
Este fue el sentir de las 11.000 personas que se congregaron en el Parque Independencia el 11 de noviembre, algo que dejó desorientado al PLD. ¿Quién las movía? ¿Será el PRD, el partido de oposición? ¿De dónde han salido? Una oleada de movilizaciones lideradas por jóvenes hundió la figura del ex presidente, Leonel Fernández. “Ay qué ladrón, ladronazo, ladroncito, ladronazazazo”, rezaban las consignas.
Nadie esperaba una reacción así de la ciudadanía. El movimiento social se había ido fortaleciendo consiguiendo importantes triunfos en los últimos años, como la no instalación de una cementera en los límites del Parque Nacional de Los Haitises o la casi duplicación del presupuesto destinado a educación con la exitosa campaña de Educación Digna para el 4% para educación. Pero estos movimientos siempre se habían centrado en demandas concretas sin haber atacado directamente a las estructuras de poder. Justicia Fiscal y los múltiples movimientos que fueron surgiendo lo hicieron, pusieron nombres y apellidos y exigieron consecuencias.
La imposición de una reforma tributaria en mitad de este escenario provocó algo inconcebible anteriormente. Las mismas organizaciones sociales que llevaban años exigiendo una reforma fiscal integral con fines redistributivos se unían al empresariado en tema de política fiscal. Si no había consecuencias para los responsables del déficit, ni se discutía sobre la calidad del gasto en el presupuesto 2013, no se apoyaría ningún aumento de impuestos. El Consejo Económico y Social espacio en el que según la Constitución tiene la responsabilidad de la promoción de la concertación y que según la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo debía propiciar un pacto fiscal que levara la presión tributaria, no pudo conseguir concertación.
Organizaciones sociales y empresariales cerraron filas planteando su 'no' a la posición del gobierno de imponer nuevos tributos en esta coyuntura, dado que “ya hemos tenido seis reformas tributarias desde 2003 y no se ha experimentado una mejoría en la vida de la gente”. Asimismo, Manuel Robles, vocero del movimiento, reiteró que “la posición del colectivo de organizaciones es que el Presupuesto 2013 no se elabore en función del historial o hechos pasados que validan los niveles de corrupción y clientelismo, sino en función de la justificación de necesidades de recursos en base a los resultados que se quieren alcanzar; es decir un Presupuesto Base Cero. Este presupuesto debe centrarse en mejorar los servicios públicos a la población, cerrando brechas sociales históricas”. Sin embargo, la propuesta presupuestaria del Ejecutivo para 2014 mantiene el déficit en un nivel similar al de 2013, equivalente a 2.8% del PIB. Para financiar ese descuadre, el Gobierno plantea recurrir a bonos internos y el resto de fuentes externas como Bonos Soberanos, y créditos bilaterales y de organismos multilaterales. Ese nivel de déficit y de endeudamiento incrementará la deuda pública total desde el 37% hasta el 41,5% del PIB.
Y es que los datos son alarmantes, República Dominicana, según el Índice de Competitividad Global 2012-13 del Foro Económico Mundial quedó en la posición 142 de 144 países en el mundo en el desvío de fondos públicos. La presión fiscal es baja, una de las más bajas de América Latina y alrededor del 70% de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos los cuales no son indicados para redistribuir riquezas sino que se utilizan porque son eficientes para captar recursos. Según Justicia Fiscal debe impulsarse un pacto fiscal pero este debe “ser producto de un amplio proceso de concertación entre los sectores sociales, económicos y políticos del país, cuyo propósito procure establecer una estructura tributaria justa y eficiente que reduzca la evasión y asegure los recursos necesarios para saldar la deuda social y enfrentar la pobreza estructural”.
Actualmente el Gobierno no ha presentado el informe de ejecución presupuestaria de 2012, pero si lo ha hecho la Cámara de Cuentas confirmando todas las irregularidades cometidas el año pasado. Y es que como dicen los rumores con esos recursos se pagaron dos campañas, la del ex presidente Leonel Fernández inaugurando obras y la de Danilo Medina, actual presidente. Justicia Fiscal sigue exigiendo consecuencias y proponiéndose impulsar cambios estructurales que modifiquen la desigualdad de poder y una política fiscal justa.
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