“Los directivos (de las instituciones) deben garantizar que su equipo tenga un entrenamiento que les dé conocimiento y confianza para identificar a niños que estén atraídos al terrorismo y para cuestionar ideas extremistas que puedan ser usadas para legitimar el terrorismo”, pide el documento, citado hoy por el diario local The Telegraph.
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“Deben saber a dónde y cómo referir a esos niños y jóvenes para que consigan ayuda”, agrega el texto, redactado por el Ministerio del Interior, la misma cartera que desde noviembre pasado impulsa una nueva y cuestionada Ley de Seguridad y Antiterrorismo en el Parlamento.
El documento, entendido por Londres como un complemento de la nueva ley anti terrorista, provocó un rechazo inmediato dentro y fuera de la Cámara de los Comunes.
Según The Telegraph, el legislador del oficialismo, David Davis, descartó la iniciativa por considerarla “dificil de implementar”, “impracticable”.
“¿(Los profesionales) deben reportar a los niños que lleguen citando a una persona considerada como extrema? No lo creo. Eso es mano dura”, reaccionó el diputado conservador.
Fuera del Parlamento, en tanto, la directora de políticas públicas de la ONG de derechos humanos Liberty, Isabella Sankey, acusó al gobierno del conservador David Cameron de querer “convertir a nuestros maestros y pedagogos en un ejército de espías voluntarios” y advirtió que eso “no detendrá la amenaza terrorista”.
“El gobierno debería enfocar sus proyectos en apoyar a los jóvenes más vulnerables, en vez de caer en la trampa de los terroristas e impulsar una ley que debilita nuestros principios democráticos y nos convierte en una nación de sospechosos”, agregó Sankey, citada por el matutino.
Un vocero del Ministerio del Interior reaccionó anoche ante las críticas y explicó que el gobierno británico “no espera que maestros y trabajadores de guarderías infantiles realicen intrusiones innecesarias a la vida familiar de los niños”.
“Pero sí esperamos que actúen cuando ven una actitud preocupante”, advirtió el funcionario.
El documento de consulta dirigido a las instituciones educativa es apenas una parte del plan oficial para reforzar la seguridad nacional en Reino Unido.
Según cifras del propio gobierno británico, se estima que más de 500 ciudadanos de ese país han viajado en los últimos años a Siria para pelear en la revuelta armada contra el gobierno del presidente Bashar Al Assad y junto a las milicias islamistas insurgentes.
Pese a una permisividad inicial, actualmente gobiernos occidentales como el británico temen que estos ciudadanos, que viajaron a Medio Oriente a pelear junto con las milicias que Washington y Europa apoyan para derrocar a Al Assad, vuelvan al país y cometan atentados en sus territorios.
El propio primer ministro británico, David Cameron, dijo a mediados del año pasado que era necesario combatir a la milicia extremista Estado Islámico en Irak y Siria “antes de que traigan el caos a nuestras calles”.
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