Dilma Rousseff.
En la víspera de las marchas convocadas por la oposición, el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, aseguró que “carece de base jurídica” la denuncia pública contra la jefa de Estado por el escándalo de corrupción en Petrobras, ya que hasta ahora “no hay un hecho jurídico imputable” que la haga tambalear en el cargo al que accedió por segunda vez consecutiva, tras la elección democrática de hace 5 meses.
Cardoso sostuvo, además, que el pedido de destitución tras el escándalo de corrupción en Petrobras “huele a golpe” de Estado y sugirió que se trata de una “revancha” de los partidos de oposición por “no haber asimilado la derrota” en los comicios de octubre de 2014.
Según el funcionario, la legislación brasileña establece que debe existir un “hecho jurídico imputable” al presidente para iniciar un proceso de destitución y recalcó que “no hay nada a ser imputado” a Rousseff.
El pasado jueves el partido opositor Solidaridad anunció que a partir del domingo promoverá una junta de firmas para solicitar el proceso de destitución y el viernes el diputado derechista Jair Bolsonaro presentó un pedido formal en este sentido a la Mesa Directora de la Cámara de Diputados.
Un pedido de esa naturaleza puede ser presentado por cualquier ciudadano brasileño, aunque debe ser admitido a trámite por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Eduardo Cunha, ya ha dicho que archivará de inmediato cualquier iniciativa formulada en ese sentido.
Varios sectores pretenden demandar este domingo la destitución de Rousseff, aunque otros grupos tan sólo anunciaron su intención de protestar contra la corrupción o contra las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno.
(Con información de Página 12)
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