HISPAN TV – Unos 139 municipios de Ecuador ratificaron su respaldo al Gobierno y reprocharon los actos desestabilizadores de la oposición en reacción a la Ley de Herencias.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), Daniel Avecilla, condenó el jueves la violencia del sector opositor durante las protestas orquestadas para rechazar una reciente reforma de ley propuesta por el presidente Rafael Correa con el objetivo de distribuir de manera justa la riqueza en la nación.
“Rechazamos los intentos de desestabilización, no estamos de acuerdo con esta forma de protestar. Si fueran al menos pacíficas y de diálogo, pero no con violencia”, hizo hincapié Avecilla como representante de los cabildos.
Además, urgió al pueblo a estudiar bien el proyecto de “justicia social”, sin atender las llamaradas de violencia de la oposición, pues la normativa afectaría, según él, apenas al 2 por ciento de la población que “poseen grandes fortunas por generaciones en el país”.
La oposición ecuatoriana intenta convencer a los ciudadanos de que no acepten esta ley y, para ello, celebró en los últimos días protestas antigubernamentales en la ciudad capitalina de Quito que derivó en hechos violentos.
Un grupo de manifestantes opositores atacó la oficina del partido gobernante Alianza País mientras que otros lanzaron botellas contra los partidarios de la agrupación oficialista. En estos enfrentamientos, el exministro Paco Velasco sufrió una herida por el impactado de un objeto.
El mandatario ecuatoriano desveló durante la II Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que más del 90 % de la riqueza nacional se encuentra concentrada sólo en el 2 % de las familias ecuatorianas.
El proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo se denomina Redistribución de la Riqueza y tiene como fin regular las ganancias extraordinarias o plusvalía en bienes inmuebles, situación que ayudaría a combatir los niveles de pobreza extrema.
El proyecto ha sido enviado a la Asamblea Nacional, como económico urgente, por lo que la legislatura tiene 30 días para debatirlo, caso contrario entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley.
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