Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó un recurso en contra del Intendente de Antofagasta y la PDI, por la persecución, hostigamiento y posterior expulsión de tres jóvenes extranjeros.
Rodolfo Noriega. Foto: revistasur.cl
Rodolfo Noriega. Foto: revistasur.cl
Este sábado 8 de abril, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó por intermedio de su presidente, el abogado Rodolfo Noriega, un recurso de amparo contra la expulsión de tres jóvenes estudiantes universitarios peruanos, hecho ocurrido el pasado 26 de enero.
La acción judicial va dirigida en favor de Michael Peña Gómez, Eduardo Pillaca Mato y Carla de la Cruz Salas, y contra la Policía de Investigaciones y el Intendente de Antofagasta, Arturo Molina, a quienes se les acusa de perseguir a estos extranjeros por poseer libros de marxismo y de ciencias sociales.
Los jóvenes peruanos ingresaron a Chiles el 18 de enero por razones de turismo, aprovechando la invitación de algunos universitarios chilenos que previamente habían estado en Perú. Junto con ello, aprovecharon su viaje para completar trabajos de investigación acerca de la historia de los movimientos sociales.
El recurso señala que al bajarse del bus que los trasladó de Iquique a Antofagasta, fueron abordados por efectivos de la PDI, quienes luego de exigirles sus identificaciones, los interrogaron y les revisaron todas sus pertenencias. “Los amparados tenían libros de diversa índole, sobre marxismo, anarquismo, estudios postcoloniales, estudios subalternos, literatura, libretas de apuntes y otros”, relata el documento, en donde se agrega que “los detectives tomaron fotos únicamente a los libros que hablaban de anarquismo y marxismo”.
La denuncia añade que, en ese contexto, los ciudadanos peruanos fueron obligados a explicar por qué poseían esos textos, ante lo cual señalaron que los tenían como parte de su investigación. “Pese a ello, los policías les preguntaron sobre su ideología, con malos tratos, en tono despectivo y con ensañamiento”, acusa el recurso. Tras fotografiar sus pertenencias, fueron dejados en libertad.
Los estudiantes se alojaron en Antofagasta, luego de lo cual se trasladaron a La Serena el 24 de enero. En esa ciudad, según la denuncia, la policía “montó un operativo de seguimiento y vigilancia a la casa, hostilizando en forma constante a los amparados, con controles de identidad y seguimientos, inclusive a sus amistades, así como a vecinos de la casa donde alojaban”.
Dos día después, mientras realizaban compras, fueron requeridos nuevamente por efectivos policiales para un supuesto control rutinario, tras el cual fueron detenidos y llevados a la unidad de Policía Internacional de la PDI de La Serena. En ese lugar, se añade, el subcomisario Hugo Astrosa Bastías volvió a interrogar a los extranjeros. “De forma grosera y prepotente les requirió nuevamente que expliquen las razones de su viaje. Además, les exigió específicamente que declararan cuál es su ideología, así como si eran anarquistas (…) si habían participado en eventos”, detalla el requerimiento. Ante la negativa de los jóvenes, el policía “les dijo que estaban detenidos por no darles mayor información”, asegura la denuncia.
Fue entonces que se les informó que pesaba sobre ellos una orden de expulsión dictada por el Intendente de Antofagasta. Fueron esposados y conducidos primero a Chañaral y luego a Arica. “Durante el trayecto no se les permitió alimentarse, fueron tratados de forma grosera e inclusive se les trató de amedrentar con llevarlos a un cuartel militar en Arica. En tales condiciones llegaron hasta el Puesto de Avanzada de Chacalluta, desde donde los expulsaron en un bus hacia Tacna, en Perú”, concluye el relato.
“A los amparados nunca se les informó acerca de algún hecho específico que les impura o en el que se basara la medida de expulsión en su contra; tampoco se les informó o comunicó del derecho que tenían para poder recurrir de dicha orden de expulsión”, se acusa por último en el recurso de amparo.
Los casos anteriores
Lorenzo Spairani
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes compara este caso con el del periodista italiano, Lorenzo Spairani, que fue expulsado recientemente por el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, así como con las salidas obligadas del país del ciudadano vasco Ibán Gartzía y de la banda de rock Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band. Junto con ello, mencionan el maltrato sufrido por la ex senadora colombiana y activista de derechos humanos, Piedad Córdoba, a quien la PDI consideró un “peligro para la seguridad del país”.
“Resulta evidente que hay una constante en la que la policía y el Estado actúan persiguiendo y criminalizando a los extranjeros por sus ideas u opiniones políticas, en una verdadera campaña macartista. Estos hechos configuran un escenario donde todos los extranjeros residentes en Chile se encuentran amenazados, pero más específicamente los dirigentes inmigrantes, ya que son parte del movimiento social en Chile que demanda reformas”, señala la Coordinadora.
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