La capital venezolana está en relativa calma. Sólo unos focos de protesta en la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV) abigarran el tráfico.
Pero en moto, de oeste a este, Caracas se recorre sin problemas en las principales arterias viales de la ciudad. La humareda en la entrada de la UCV apenas se ve detrás de la unidad antimotines de la guardia, que en la mañana también contuvieron las manifestaciones de pequeños grupos opositores en el Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad.
Las protestas de la oposición no han sido multitudinarias, pero sí mediáticas. Luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que desautorizó termporalmente a la Asamblea Nacional para legislar hasta que se revierta su situación de desacato, la derecha ha prometido azuzar la conflictividad en la nación suramericana con acciones de calle, bajo el alegato de un supuesto “golpe de Estado”, negado rotundamente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que realmente ocurre?
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Estado de derecho
Desde el año pasado la Asamblea Nacional se declaró en desacato a los dictámenes del TSJ al juramentar a tres personas como diputados, pese a que su elección había sido impugnada por presunto fraude. El máximo tribunal hizo varios llamados al Parlamento para desincorporarlos, que fueron desoídos por la directiva de mayoría opositora.
El desacato del Parlamento invalida sus decisiones, por lo que el chavismo decidió abstenerse de participar en las sesiones hasta que la Asamblea retomara la senda democrática. No obstante, la oposición tensó aún más la cuerda al promover decisiones -en solitario– como el inicio de un “juicio político” al presidente, una figura que ni siquiera está contemplada en la Constitución, y el reciente acuerdo para pedir la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Venezuela, aunque el Poder Legislativo no tiene facultades para eso. El gobierno denunció que ambas jugadas tenían pretensiones golpistas.
La negativa de la Asamblea de ponerse a derecho dejó al país en varios meses de vacío parlamentario, por lo que la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) solicitó un recurso de interpretación a la Sala Constitucional para destrabar decisiones que estaban paralizadas por la situación del Legislativo. El TSJ resolvió asumir momentáneamente las atribuciones para “velar por el Estado de derecho” y no afectar el funcionamiento de uno de los sectores neurálgicos de la economía.
“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, cita el documento.
Arremetida diplomática
Pero lejos de resolver la situación de desacato para volver a sus funciones, la oposición parlamentaria y sus aliados internacionales optaron por reactivar la presión diplomática contra Venezuela, especialmente en la OEA, que ha convocado un Consejo Permanente de emergencia para abordar la crisis política.
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El gobierno de Perú, uno de los principales impulsores de un documento para presionar al gobierno de Maduro en la OEA, decidió retirar a su embajador en Caracas; Colombia calificó de “inaceptable” la decisión del TSJ y no descartó buscar vías para sancionar a Venezuela; mientras que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que su administración no podía “permanecer indiferente”.
Este viernes, pese al supuesto argumento de que en Venezuela no hay separación de poderes, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció en contra de la decisión del TSJ, aunque la funcionaria no puede emitir opiniones constitucionales. Los diputados de oposición insisten en que hay un “golpe de Estado”, pero ninguno de ellos ha sido removido del cargo ni la Asamblea ha sido disuelta.
El presidente Nicolás Maduro, en una actividad realizada hoy en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, convocó en Miraflores al Consejo de Seguridad de la Nación para resolver el “impasse” entre los Poderes Públicos. Mientras tanto, los principales dirgentes de la derecha se encuentran fuera del país, como el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles; el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, pero sus partidos han anunciado una movilización para este sábado.
Nazareth Balbás
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