Todos los acuerdos alcanzados entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y las fuerzas policiales serán reexaminados por el Gobierno del presidente Trump.
El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, ordenó una revisión a nivel nacional de todos los programas de reforma de los cuerpos de la Policía local, poniendo en peligro una parte clave del legado del expresidente Barack Obama sobre la justicia penal.
Los mencionados acuerdos formaron parte de una iniciativa de la Administración de Obama para prevenir abusos policiales como la discriminación racial, por lo cual su revisión genera profunda preocupación entre los activistas de derechos civiles.
La nueva administración prevé paralizar o reducir los decretos de consentimiento que limitaban a los policías estadounidenses.
El informe ha levantado la indignación de los defensores de derechos humanos.
Según cuestionó Jonathan Smith, director ejecutivo del Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos,
“Esto es aterrador. Esto plantea la cuestión de si, en virtud del actual procurador general, el Departamento de Justicia va a alejarse de su obligación de garantizar que la aplicación de la ley en todo el país está siguiendo la Constitución”.
“Esto es aterrador. Esto plantea la cuestión de si, en virtud del actual procurador general, el Departamento de Justicia va a alejarse de su obligación de garantizar que la aplicación de la ley en todo el país está siguiendo la Constitución”.
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