Las muertes de varios internos en extrañas circunstancias destaparon la realidad de los CIEs y la presión social forzó una respuesta del Ministerio del Interior, que propuso recientemente un borrador con un conjunto de reformas.
El Ministerio, por ejemplo, quiere cambiar el nombre de CIE por “Centros de Estancia Controlada de Extranjeros” (CECE). Es decir, que los extranjeros allí presentes dejarían de ser llamados “internos” -con la connotación carcelaria que supone y la soterrada identificación de inmigrante con delincuente- para ser identificados como “personas que permanecen allí hasta la resolución de sus casos”.
Otra de las medidas sería que la Policía Nacional ciñese su tarea al ámbito de la seguridad, dejando en manos de un administrador -una figura nueva- y de las ong’s expertas la gestión de los centros.
La Campaña por el cierre de los CIEs ya se ha pronunciado al respecto. Considera que son medidas de carácter cosmético e insuficientes y pide el cierre inmediato de estas cárceles para personas indocumentadas por ser incompatibles con un Estado de Derecho y una democracia, donde se retiene y se priva de libertad a personas que únicamente han cometido una falta administrativa.
Además, los colectivos firmantes, piden también la derogación de la Ley de Extranjería, al considerarla una muestra más del racismo institucional que se ejerce desde el Estado español.







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