La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido “absolutamente” la actuación policial y las cargas contra los manifestantes que se produjeron la tarde-noche de ayer en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Es más, ha felicitado a la policía, que ha culpado de los incidentes a la “violencia extrema de algunos manifestantes”. Frente al Gobierno, PSOE e IU han denunciado acciones “represivas”, “desproporcionadas” e incluso “excesivas”.
La protesta, bautizada 25-S, que mantuvo todo el día blindado el edificio del Congreso con 1.400 antidisturbios, dejó 35 detenidos y 64 heridos, según el último balance de la Jefatura Superior y Emergencias Madrid. De los heridos, 27 son agentes.
La protesta, que congregó a un público variopinto hastiado por los recortes y la crisis, comenzó por la mañana con varias concentraciones y asambleas. Por la tarde salieron dos marchas autorizadas hacia el Congreso que congregaron a miles de personas -6.000, según la Delegación-, muchas llegadas en autobuses de otras comunidades. Aunque los convocantes insistieron en el carácter pacífico de la protesta, la tensión entre asistentes y policías fue subiendo y acabó con varias cargas policiales con pelotas goma en la zona de la plaza de Neptuno, que hoy son imagen de portada en medio mundo. La primera carga fue sobre las siete de la tarde y a última hora, los palos y golpes llegaron hasta los andenes de Atocha.
“Quiero felicitar a la Policía Nacional porque ayer demostraron su profesionalidad en circunstancias muy difíciles”, ha declarado Cifuentes en una entrevista a primera hora de la mañana. Según la delegada, la policía “recibió un ataque desproporcionado” con lanzamiento de “piedras, tornillos, botellas” y otros objetos. Cifuentes, que ayer comparó la convocatoria con el golpe de Estado del 23-F, ha culpado de los incidentes a “radicales y antisistema” y ha lamentado que concluyera así una manifestación que era “pacífica” hasta que estos grupos entraron en acción.
En declaraciones posteriores en la Asamblea de Madrid, Cifuentes ha asegurado que se recogieron más de 260 kilos de piedras y 4.000 latas de cerveza en las inmediaciones del Congreso y que se distribuyeron manuales “de cómo actuar para provocar a la policía” días antes de la manifestación, para que “determinadas personas que provocan incidentes aparezcan como víctimas”. Ha insistido en su respaldo a la Policía, ha asegurado que actuaron “repeliendo agresiones” y que, sin su intervención, el Congreso habría sido ocupado.
“Desmiento que hubiera brutalidad policial”, ha subrayado la delegada del Gobierno, que esperará a leer los informes policiales antes de plantearse si abre una investigación. La delegada ha lamentado que se produjeran heridos “pero eso no cambia la valoración de que la actuación policial fue correcta y proporcionada a la situación”. Los convocantes del 25-S, que esta mañana han calificado de “éxito” la movilización de ayer y han anunciado nuevas movilizaciones, llamaron anoche a regresar hoy a las siete de la tarde a Neptuno. La delegada del Gobierno ha hecho un “llamamiento a la tranquilidad” ante esta nueva convocatoria y ha recordado que no está autorizada, por lo que ha advertido de que “se aplicará la ley con todas sus consecuencias”.
En los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado también la actuación policial y ha calificado de “violencia extrema” la actitud de “algunos manifestantes”. A su juicio, la Policía actuó “magníficamente” y “cumplió con su deber” ante “algunos manifestantes que usaron demasiada violencia”. Fernández ha añadido que la Policía “cumplió la ley en unas circunstancias especialmente complejas” y ha justificado las cargas porque la policía “cuando carga es porque se ve obligada a hacerlo”. “Felicito a la policía, que actuó extraordinariamente bien y gracias a ella esa intención manifiestamente inconstitucional e ilegal de ocupar el Congreso y coaccionar a los diputados cuando están reunidos en sesión no se pudo llevar a cabo”, ha sentenciado.
Las manifestaciones frente al Congreso están prohibidas cuando hay actividad parlamentaria y ayer había pleno, lo que llevó al Gobierno a considerarlas ilegales y hasta de golpistas, aunque cinco concentraciones y marchas del 25-S estaban autorizadas. El Código Penal tipifica las protestas ante la Cámara Baja y las castiga con cárcel si alteran “el normal funcionamiento” del hemiciclo. El objeto de la acción era manifestar a los políticos el hastío de los ciudadanos e iniciar “un proceso constituyente”, según los organizadores.
(Con información de El País)
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