Además de afrontar un posible decreto gubernamental que pretende institucionalizar su funcionamiento, la toma de sus instalaciones por parte de la Upoeg representa “una agresión directa contra el sistema comunitario”, denuncia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
DESINFORMÉMONOS
FOTO: PROMETEO LUCERO
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México. Para la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC-PC), la toma de su Casa de Justicia en San Luis Acatlán por parte de dirigentes y simpatizantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg) es “una agresión directa en contra del sistema comunitario” que “pone en grave riesgo el proyecto de la CRAC de construir poder del pueblo desde el pueblo”. La Coordinadora llama a las organizaciones sociales a estar pendientes del conflicto, “que representa una escalada en las agresiones de la Upoeg al sistema comunitario” de justicia.
El conflicto con la Upoeg escaló a partir del 7 de enero, cuando pobladores de Tecoanapa y Ayutla iniciaron un levantamiento, luego de un enfrentamiento y un secuestro. Los dirigentes de la Upoeg, dos de los cuales estuvieron en la fundación de la CRAC hace 17 años, declararon que la Policía Comunitaria organizaba las acciones: retenes armados, detención de 54 presuntos delincuentes y un juicio público.
La organización comunitaria, integrada por comunidades mixtecas, tlapanecas, mestizas y amuzgas y que en noviembre de 2012 cumplió 17 años de funcionamiento, rechazó ser la organizadora del levantamiento. Por medio de un comunicado firmado por sus 16 coordinadores regionales, la CRAC reconocía el legítimo reclamo de justicia de los pobladores pero enumeraba las diferencias de sus principios con las acciones convocadas por la Upoeg, principalmente en cuanto a funcionamiento y tratamiento de los detenidos.
Pese al deslinde, en los medios de comunicación y en un blog creado a propósito del levantamiento se insistía en señalar que la Policía Comunitaria era parte de los hechos. El 21 de enero, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció que preparaba un decreto por el que la Policía Comunitaria se convertiría en “auxiliar” de los cuerpos de seguridad pública del Estado.
En entrevista anterior con Desinformémonos, Valentín Hernández, asesor jurídico de la Policía Comunitaria, denunció que “la Upoeg está intentando desde hace tiempo frenar el proceso de incorporación de las comunidades de Ayutla de los Libres, con el fin de encaminar el trabajo de la CRAC a los intereses del gobierno del estado”, y señaló que la consecuencia inmediata fue que “el gobierno está militarizando aún más la zona, con más ejército y más Marina en la zona de los Ayutlas. El operativo Guerrero Seguro, destinado para la zona de Acapulco ya funciona también en Ayutla y Teconoapa, con la presencia de las fuerzas federales”.
El 9 de febrero, mientras la CRAC sesionaba en Jolochitán para hacer el nombramiento de los nuevos coordinadores y comandantes regionales, dirigentes de la Upoeg y un grupo de 50 personas tomaron la casa de justicia de la Coordinadora en San Luis Acatlán y declararon su desconocimiento de la asamblea. La organización, encabezada por Cirino Plácido y Bruno Valerio, pretendía que la asamblea se realizara en la comunidad El Rincón, donde es presidente del comisariado de bienes ejidales Apolonio Cruz, “dirigente de la Upoeg en esta región y detractor de los actuales coordinadores regionales de la CRAC”, informa la Coordinadora.
La CRAC recuerda que el 20 de enero fue suspendida una reunión en Cuanacaxtitlán por “la abierta provocación” de personas convocadas por la Upoeg, por lo que, “para prevenir una confrontación con la Upoeg y garantizar el orden”, los coordinadores regionales decidieron que la asamblea se realizara en Jolochitán. Ahí, de acuerdo con el comunicado de la CRAC, llegaron las autoridades necesarias para que la asamblea y sus acuerdos fueran válidos.
Entre los acuerdos resultantes de la asamblea está el rechazo al decreto del gobierno del estado por el que pretende regular a la Policía Comunitaria, “pues lo consideramos violatorio del artículo 2 y 39 constitucionales que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”, por lo que convocan a un encuentro estatal en defensa del sistema comunitario de justicia y seguridad para el 17 de febrero. Además, acordaron convocar a una siguiente asamblea regional el 23 de febrero para ratificar los nombramientos de autoridades de las cuatro casas de justicia (San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso) y no participar en la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas –instalada por el gobierno del estado el 4 de febrero- hasta que no sea analizado en asamblea.
La Coordinadora informa que nombró a una comisión para dialogar con los inconformes de la Upoeg, “quienes se mantienen en plan de desconocer todos los acuerdos de la asamblea regional”. También denuncia que integrantes de la Upoeg están difamando a Gelasio Barrera, Pablo Guzmán y Valentín Hernández, integrantes de la CRAC.
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