El exteniente del ejército chileno Pedro Barrientos Núñez.
FEDERICO QUILODRAN / AP – La familia de Víctor Jara alega haber resuelto el misterio de quién mató al venerado cantautor hace 40 años durante el golpe de estado de 1973 en Chile, y se prepara para probarlo en un tribunal federal en Jacksonville, Florida, al invocar leyes estadounidenses sobre violaciones de derechos humanos cometidas en otros países.
La familia presentó el miércoles una demanda civil contra el exteniente del ejército chileno Pedro Barrientos Núñez por ordenar a los soldados torturar a Jara, y dice que el propio Barrientos disparó el disparo fatal en la cabeza del cantautor mientras jugaba a la “ruleta rusa” en un vestuario del Estadio Chile de Santiago, donde unos 5,000 simpatizantes del presidente socialista Salvador Allende estaban detenidos.
El equipo legal de la familia le dijo el jueves a The Associated Press que Barrientos fue notificado personalmente la noche del miércoles cuando abrió la puerta de su hogar en Deltona, Florida, donde vive en la actualidad como ciudadano estadounidense. Varias llamadas a su hogar en busca de comentarios no fueron contestadas el jueves.
Barrientos, que hace parte de un grupo de oficiales que también enfrentan cargos penales en Chile en relación con la muerte del cantautor, ha negado estar involucrado, y asegura que él no estaba en el lugar y ni siquiera sabía quién era Jara en el momento del golpe.
“No necesito enfrentar la justicia porque no he matado a nadie”, dijo durante una entrevista en mayo de 2012 con Chilevisión TV.
En diciembre pasado, Barrientos y otro oficial fueron acusados en Chile del asesinato de Jara, y otros cinco exoficiales militares chilenos fueron nombrados en calidad de cómplices. La mayoría fueron detenidos, pero Barrientos, que salió de Chile en 1989, no ha enfrentado la justicia.
El caso penal todavía debe pasar a juicio en Chile, pero la demanda civil asegura que Barrientos lideró una “empresa criminal”, y lo acusa de siete demandas civiles, entre ellas por tortura, asesinatos extrajudiciales y crímenes contra la humanidad.
La demanda invoca dos leyes federales, la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura y el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, que dan a los tribunales federales de Estados Unidos jurisdicción para juzgar las denuncias de violaciones de derechos humanos en otros países.
La muerte de Jara
Jara, cuyas canciones tocaban temas sociales y políticos, fue arrestado junto con miles de otros partidarios de Allende cuando el general Augusto Pinochet consolidó su poder en septiembre de 1973.
La demanda de la familia alega que otro oficial reconoció al cantante, quien fue llevado a un vestidor en el estadio, donde Barrientos “ordenó a soldados bajo su mando” que lo torturaran.
Al final, “el teniente Barrientos le apuntó con una pistola en la nuca a Víctor Jara y comenzó a `jugar a la ruleta rusa’. El teniente Barrientos colocó una bala en el tambor de su revólver, le dio vueltas y apretó el gatillo, sabiendo que cada vez que apretara el gatillo podía ser letal”.
Finalmente, Barrientos “le disparó a Víctor Jara en la nuca a bocajarro” y entonces “ordenó a cinco reclutas bajo su mando que le dispararan repetidas veces al cadáver de Jara”, por lo menos 40 veces, antes de abandonar el cuerpo afuera, afirma la demanda.
La demanda no identifica a ningún testigo, pero la abogada Almudena Bernabéu, del Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco, que asiste a la familia Jara, dijo que la responsabilidad de Barrientos fue verificada por dos testigos que corroboraron la información ofrecida por el exrecluta José Paredes, quien fue acusado originalmente con el asesinato de Jara.
Piden compensación
La viuda del cantante Joan Jara y sus hijas, Amanda Jara Turner y Manuela Bunster, que tenían 8 y 13 años cuando su padre fue asesinado, han solicitado compensación no especificada por daños y perjuicios.
La dictadura de Pinochet dejó un saldo de 3,095 muertos y unos 1,000 “desaparecidos” entre 1973 y 1990, según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile. El gobierno reconoció recientemente 9,800 víctimas más, lo que hace aumentar el total de asesinados, torturados o encarcelados por razones políticas a 40,018 personas.
Unos 700 oficiales militares enfrentan juicio en Chile y unos 70 han sido encarcelados por crímenes contra la humanidad.
Los tribunales estadounidenses también han tomado medidas. Armando Fernández Larios, otro exoficial militar chileno que vive en Florida, recibió la orden de pagar una compensación de $4 millones por daños y perjuicios en 2003 a la familia del economista chileno Winston Cabello, asesinado durante la operación “Caravana de la Muerte” en octubre de 1973. Ese caso fue el primero de un veredicto en Estados Unidos sobre crímenes contra la humanidad cometidos en otro país, dijo Bernabéu. La familia Cabello todavía no recibe el dinero.
La Corte Suprema de Chile aprobó la solicitud de un juez de llevar a Barrientos a Santiago para enjuiciarlo penalmente. Pero la solicitud de extradición sigue empantanada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y no ha sido enviada a Estados Unidos.
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