Chevron en Ecuador: un asunto de poder

Una corporación transnacional, de las más poderosas del mundo: Chevron (Texaco), se queja de haber sido víctima de trato injusto, denegación de justicia y otros maltratos, por parte del Ecuador de tiempos neoliberales y por esos reclamos, de hechos que alega sucedieron entre 1964-1992, justamente, cuando los gobiernos colocaban los intereses corporativos por encima de las prioridades nacionales, el país se vio obligado a pagarle $112 millones de dólares USA, el pasado julio 2016[i].

La transnacional, luego de haber causado significativos daños ambientales en la Amazonía, invirtió la responsabilidad y con insospechados argumentos, impuso a la República del Ecuador, es decir al pueblo y sus instituciones, una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (2009)[ii], acusando al país de causarle perjuicios extendidos en un cierto lapso de tiempo.

Pero, esta es la misma transnacional que, en un caso precedente[iii] (2003-2011), conocido como el de “los afectados”, fue inculpada por daños a poblaciones amazónicas y sentenciada, en instancias nacionales, a indemnizar con una suma de 9.500 millones de dólares a los demandantes, unas 30.000 personas. Sentencia incumplida por la transnacional que más bien vuelve a la carga acusando a estas comunidades indígenas y campesinas de extorsión.

Ha esquivado también la sentencia a pedir perdón a las comunidades amazónicas por los agravios causados, sin lo cual el dictamen estipulaba un resarcimiento adicional de 8.500 millones de dólares.  Al contrario, más bien parece abrigar la expectativa de que el país le pida perdón en el marco del arbitraje.

La demanda de arbitraje de la Chevron a Ecuador contiene elementos tanto para eludir su responsabilidad en el caso de ‘los afectados’, como para coartar las políticas de soberanía energética, productiva y económica enunciadas en el país. Pues el arbitraje extrajudicial, preferido por las corporaciones, por considerarlo ‘expedito’ y distante de los ‘rudimentos’ de la legislación internacional, exige a los países renunciar a sus prerrogativas nacionales y en casos hasta internacionales.

Más aún, como señala el experto Gus Van Harten[iv], sólo las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos apenas pueden defenderse, en medio de procesos que no son independientes, ni transparentes y cuyos procedimientos no son claros. Ejercen, además, gran influencia en la selección de los árbitros, en la sede de los arbitrajes y otros elementos, que optimizan las condiciones para la obtención de reiterados resultados en su ventaja.

Esto es manifiesto en la demanda de Chevron contra Ecuador, donde las variantes de ‘procedimiento’ comprenden la inclusión constante de nuevos elementos, la ‘subdivisión’ de problemáticas e incluso un ‘reinicio’, que le permitió agregar alegatos a la demanda en curso, mientras que, durante años, la defensa de Ecuador no obtuvo respuesta a sus requerimientos, a tal punto que, luego de un cúmulo de solicitudes sin respuesta, el país se vio obligado a solicitar, sin éxito, la cesación de algunos de los árbitros[v].

Asimismo, la definición de ‘perjuicio’ o de ‘injusticia’ con la que la corporación formula su demanda, no refiere a las conocidas conceptualizaciones de desigualdad o injusticia apegadas a los principios de derechos humanos, sino que apunta a alguna perturbación del privilegio de ‘trato más favorable’ para la inversión, el comercio y la rentabilidad, que se ha posicionado como argumento inapelable en los tribunales de arbitraje internacional.

La sede del arbitraje es Estados Unidos, país reconocido por una importante simbiosis entre la economía corporativa y el mundo político. Para ilustrar con un ejemplo, citado por Alejandro Teitelbaum[vi], autor de una importante obra sobre transnacionales, derechos humanos y democracia, mencionamos el caso de la ex secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, miembro de varias corporaciones, cuyos servicios en el directorio de Chevron fueron tan apreciados que quisieron ponerle su nombre a un importante buque.[vii]

Pero este no es un caso aislado, numerosos estudios y seguimientos de caso arrojan datos y cifras sobre cómo el conjunto de ‘Mecanismos de solución de controversias’ contemplan, en palabras de la estadounidense Lori Wallach, “especiales privilegios y derechos solo para unos: los inversionistas extranjeros, a quienes se les otorga más poder que a la ciudadanía y a los gobiernos”[viii],

Son parte de esta arquitectura del comercio transnacional los acuerdos de inversión, tales como el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos[ix], bajo cuyo paraguas mercantil Chevron argumenta su demanda de arbitraje y alega ser víctima de denegación de justicia, de una supuesta colusión intersectorial y otros. Pero se trata, a todas luces, de una aplicación retroactiva, pues el TBI firmado en 1993 sólo entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía se retiró del país en 1992.

Es por ese tipo de sesgos reiterados, que denotan el afán excesivo de velar por la plena seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las multinacionales, colocando a los Estados receptores y a sus pueblos en un segundo plano, que más que de ‘reglas’ de comercio transnacional se habla de una ‘arquitectura jurídica de la impunidad’[x].

El poder en toda su amplitud

Chevron figura entre las mayores transnacionales del mundo, sólo sus ingresos operativos y ventas en el 2015 ascendieron a $129.900’000.000,00 dólares USA[xi], equivalente a tres veces y media el presupuesto nacional ecuatoriano de ese mismo año, US$36.317 millones[xii], 16 veces el presupuesto de salud. Y eso que, debido a la depreciación del petróleo en el mercado mundial, 2015 no fue un año tan bueno para la transnacional, comparado con el 2014, cuando sus ingresos operativos fueron de $200.500’000.000,00 USA[xiii], es decir cinco veces y media más que el mencionado presupuesto anual del país.

Su poderío se expresa en una amplia expansión por el mundo y a operaciones estratégicas y fusiones, como la ocurrida el 2000 con Texaco.  Esta práctica de poder y estrategia integral, son patentes también en la estrategia de la demanda arbitral contra Ecuador, cuyos componentes comunicacional, económico y político, actúan como complemento de una ofensiva legal sin barreras.

Es más, la amplitud de acciones deja entrever que la demanda de arbitraje es apenas una parte, de una movida estratégica relacionada con geo economía petrolera. Un indicio: el petitorio formulado al gobierno de Estados Unidos en 2012 para que se suspenda las ventajas arancelarias al Ecuador, como medida de presión indirecta.

En el proceso de arbitraje, mientras acusa a Ecuador de ‘colusión’ entre gobierno y pueblo afectado y censura su eventual encuentro, la transnacional desborda el claustro arbitral cuando lo requiere, fustiga a las instituciones ecuatorianas y a sus voceros con adjetivos varios. Las palabras ‘corrupción’, ‘fraude’, ‘coaligados’, son incluso argumentos de la demanda. Eso se refleja en una sostenida acción comunicacional de descrédito del país, que incluso el autor Orlando Pérez la asocia con la estrategia de golpes blandos[xiv].

Ecuador por su parte, en desigualdad de condiciones, se ha movido con circunspección, quizá buscando precautelar su reputación, frente a una multiplicidad de ardides, a través de los cuales ha operado un desplazamiento desde su situación de víctima hacia el banquillo de los acusados. Es una defensa ‘defensiva’ y disciplinada a los condicionamientos del mecanismo arbitral.

Aun así, ¿hay otra salida? ¿se puede revertir el escenario arbitral, máxime si persisten situaciones pendientes?  ¿se puede plantear un restablecimiento de equilibrio, a la luz de nuevas evidencias que muestran la lesión causada al Ecuador?

Abundante bibliografía, con significativas credenciales académicas, sustenta los sesgos del sistema arbitral y de los tratados de inversión, como los que presenta la transnacional para acusar al Ecuador. Está en debate igualmente el desbalance de un sistema injusto, que prioriza la seguridad de las inversiones privadas y coloca a los países como concurrentes de menor rango, que deben defenderse, por fuera del amplio acervo de legislación internacional y de derechos humanos, como si las cuestiones de soberanía fueran sólo un malentendido de términos contractuales.

Una demanda internacional extrajudicial contra la República no es un juicio cualquiera, pues a más de la soberanía, tiene que ver con geo economía y geopolítica petrolera. En otras palabras, es una cuestión de Estado, que impacta al pueblo y sus instituciones, que deberían comprometerse en una estrategia sostenida de defensa integral y multidisciplinaria.

Además, Ecuador tiene para defenderse no sólo la evidencia de un ecocidio[xv], que produjo consecuencias irreversibles en uno de los entornos más biodiversos del mundo, sino que en los 24 años transcurridos luego de la partida de la transnacional, un remanente de unas 800 piscinas de residuos tóxicos al descubierto, contaminaron agua, aire y tierra, impidieron prácticas agrícolas, sustrajeron el disfrute del hábitat, causaron enfermedades, y otros.

Y eso sólo es una parte de las consecuencias ulteriores de una mala práctica ambiental deliberada, pues como lo señala el Presidente Rafael Correa, en esa época ya existían tecnologías para evitar estos ecocidios y el de Lago Agrio es 85 veces mayor al causado por la British Petroleum en el Golfo de México[xvi] (2010), que beneficio de defensa inmediata del Presidente del afectado Estados Unidos y obtuvo reparación.

Y justamente, es determinante desde la mirada geopolítica, especialmente de defensa de la soberanía, la exposición documentada de hechos y cifras, para mostrar al mundo las evidencias de la contaminación, que amparado por el mandato constitucional de defender pueblo, soberanía y territorios ha realizado el Presidente Correa. Esto marca un hito histórico, que empina el sentido de responsabilidad en la gestión de Estado, de modo inverso a la tendencia obsecuente de gobernantes anteriores, que actuaron más bien como auxiliares de las corporaciones foráneas.

Estos hechos han movido ampliamente a movimientos sociales, personalidades, diversos actores sociales del mundo, quienes se han expresado y en casos hasta se han movilizado, para defender al Ecuador de esta perversa inversión de papeles. Asimismo, numerosas instituciones, Congresos nacionales, instancias internacionales, y hasta la OPEP, han emitido su solidaridad con el país.

El pago, los embargos y otras confusiones

Chevron utiliza sin ambages argumentos del ‘caso afectados amazónicos’ para sustentar el arbitraje, sostiene que este caso vulnera el mencionado Tratado Bilateral de Inversiones; pide al país ordenar el cese de las acciones emprendidas por esas comunidades en otros países, es más, denuncia como un incumplimiento de laudos arbitrales, que el gobierno no anule la sentencia de Lago Agrio[xvii] y no coarte las acciones subsecuentes de los amazónicos[xviii], pero en contradicción con esto acusa como fraudulento cualquier intercambio entre nacionales.

Tan es así, que en el reciente incidente del pago de $112 millones USA, que el país se vio obligado a sufragar a la transnacional, por un laudo arbitral sobre denegación de justicia, cundió la confusión. Pues a más del arbitraje, la transnacional sostiene una maraña de juicios y apelaciones, en distintas partes, para eludir el pago que ella sí tiene pendiente con los indígenas y campesinos amazónicos.

Estos últimos, por su parte, en la busca de mecanismos para hacer respetar la sentencia a su favor, interpusieron un embargo sobre los bienes de la Chevron en Ecuador y otros países. Por eso, cuando se anunció el pago del Ecuador a la Chevron, los amazónicos reclamaron el monto del arbitraje como un abono a los 9.5 mil millones que la transnacional les debe.

Por otro lado, también la Chevron pretendía, a su vez, un embargo de bienes ecuatorianos, para capturar el monto antes descrito y evadir su responsabilidad con los amazónicos. Por lo que los indígenas y campesinos amazónicos tuvieron que levantar el embargo en Ecuador, ante la consideración de que ellos son parte de este país y que cualquier confiscación de los bienes nacionales no constituye un resarcimiento para ellos, ni para el pueblo ecuatoriano, sino al revés.

En síntesis, la Chevron no solo sale más que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de víctima al banquillo de los acusados y, además, el Ecuador ha pagado a la Chevron y no al contrario. Y, este laudo arbitral es sólo un componente de una demanda más amplia aún en curso.

El país está inmerso en la trampa de un sistema arbitral, que tiene más relación con los negocios de las transnacionales que con sistemas de justicia, y para salir urge refrescar la estrategia de defensa, con una mirada más integral que nunca, donde todo apunte a defender al pueblo y su soberanía y para eso cada ecuatoriano/a cuenta, cada gesto de coherencia cuenta.

– Irene León es socióloga ecuatoriana.

[i]  Entre 91 y 93 Texaco (Chevron) planteó siete demandas comerciales a Ecuador, por hechos sucedidos en décadas anteriores. En 2016 la Corte federal de Washington ratificó una sentencia de denegación de justicia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya, que conminó al país a pagar $96.3 millones de dólares USA más intereses a la transnacional.

[ii]  Permanent Court of Arbitration, PCA Case No. 2009-23: 1.Chevron Corporation and 2. Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador, https://pcacases.com/web/view/49

[iii]  Juicio 2003-0002, Corte de Justicia de Sucumbíos, Juez Nicolás Zambrano, febrero 2011.http://www.redibec.org/pdf/sentencia_TEXACO.pdf

[iv]  Gus van Harten, Five Justifications for Investment Treaties: A Critical Discussion, York University – Osgoode Hall Law School, 2010, Canadá, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622928

[v]  Diego García Carrión, Caso Chevron: defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión, Procuraduría General del Ecuador, Gestión 2008-2015, Ecuador, 2015

[vi]  Alejandro Teitelbaum, Al Margen de la Ley: Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. ILSA, Bogotá: 2007, pg 86

[vii]  Idem 6, pg 87

[viii]  Transnational Institute, Laurie Wallach, Public policies under attack, Netherlands:2015,https://www.tni.org/es/node/22496

[ix]  SICE, Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y la protección de inversiones,  http://www.sice.oas.org/bits/usaec_s.asp

[x]  Juan Hernández Subizarreta y Pedro Ramiro, Contra la lex mercatoria: Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las transnacionales, ICARIA, España 2015

[xi]  Chevron, 2015 Annual Report, https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf

[xii]  Ministerio de Finanzas, Proforma del Presupuesto General del Estado, República del Ecuador 2015,http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Proforma-del-PGE-2015.pdf

[xiii]  Idem.11

[xiv]  Orlando Pérez, Director de El Telegrafo, co autor del libro La verdad no contamina, El Telegrafo, Ecuador, 2014, estima que la campaña de comunicación de Chevron, asociada a la estrategia de golpes blandos, cuesta unos 700 millones de dólares USA,http://ecuadorinmediato.com/index.phpmodule=Noticias&func=news_user_view&id=2818759511&umt=orlando_perez_estrategia_comunicacional_chevron_forma_parte_golpes_estado_blandos_audio

[xv]  Son 80.000 toneladas de residuos petrolíferos vertidos entre 1964 y 1992, en un entorno de unas 500.000 hectáreas, en Lago Agrio, Amazonía ecuatoriana.

[xvi]  En 2015 la British Petroleum se comprometió a indemnizar US$20.800 millones, por el derrame de 4.9 millones de barriles de crudo en el Golfo de México en 2010 http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html,http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/05/actualidad/1444070551_444278.html

[xvii]            Idem 3

[xviii]  Según la Chevron, las cosas son así: “On February 7, 2013, the Tribunal issued its Fourth Interim Award in which it declared that the Republic of Ecuador “has violated the First and Second Interim Awards under the [BIT], the UNCITRAL Rules and international law in regard to the finalization and enforcement subject to execution of the Lago Agrio Judgment within and outside Ecuador, including (but not limited to) Canada, Brazil and Argentina.” The Republic of Ecuador subsequently filed in the District Court of the Hague a request to set aside the Tribunal’s Interim Awards and the First Partial Award (described below), and on January 20, 2016, the District Court denied the Republic’s request.” Chevron,2015 Annual Report, pgs 50-53 https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf

http://www.alainet.org/es/articulo/179469

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La CIA y Chevron contra el presidente de Ecuador

NIL NIKANDROV – El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, elogió el libro “La CIA Contra América Latina – El Caso Especial de Ecuador” Más de treinta mil ejemplares están en circulación.

El libro escrito por Jaime Galarza Zavala y Francisco Herrera Aráuz relata la historia de las turbias manipulaciones en las que se enfrascó la Agencia Central de Inteligencia, CIA durante la década del 60 en Ecuador. Los autores incluyen entrevistas con Philip Agee registradas en diferentes ocasiones. Agee fue un agente de la CIA que se volvió contra esta.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, agradeció a los periodistas por su coraje y adhesión al deber profesional. Patiño comentó que los lúgubres eventos de aquellos días podrían regresar a consecuencia de las distorsiones y las manipulaciones que normalmente practica la CIA. Durante un evento para celebrar la publicación del nuevo libro, Ricardo Patiño dijo, “Estas políticas secretas continúan siendo aplicadas en América Latina. Nada que Philip Agee haya denunciado como acciones de la CIA en el pasado, ha sido desechado por el espionaje que se aplica actualmente.” Luego agregó que el gobierno frustrará cualquier intento para ejercer presión sobre el país, aunque Ecuador sea el blanco de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con un avanzado sistema de espionaje, recluta agentes a todos los niveles sociales, ejerce control sobre los medios de comunicación de masas y divulga propaganda hostil. Ecuador realiza grandes esfuerzos para contrarrestar las actividades del espionaje norteamericano en el país.

Esto no resulta fácil. Estados Unidos tiene una gran experiencia acumulada a través de los años. El problema se torna más complicado. Ecuador es un país pequeño y la misión a cumplir es de un alto nivel, pero aun así, asume el desafío y se alza contra todo.

Aunque la presión norteamericana sea mucha, Ecuador hace lo mejor para preservar su soberanía, independencia nacional y el control sobre sus recursos naturales.

El Presidente Correa tiene la certeza que otros países de América Latina enfrentan los mismos problemas. El gobierno de Obama quiere debilitar los gobiernos de izquierda mediante campañas difamatorias. Durante una reunión con periodistas, Correa mismo hizo las preguntas. Dijo “¿Creen Uds. realmente que las difíciles situaciones que ha enfrentado Dilma Rousseff en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina y las dificultades que Evo Morales ha tenido en Bolivia antes de alcanzar una abrumadora mayoría, son todos accidentales? Todas estas personas encabezan gobiernos de izquierda…. Nada de esto ocurre con los líderes derechistas.”

Resulta difícil contradecir sus argumentos. Los regímenes afines con Estados Unidos no enfrentan dificultades en sus relaciones con este, por ejemplo, México, Honduras, Guatemala, la República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay, etc. Estos estados resultan más vulnerables a críticas y ataques de toda índole, pero, Washington encuentra fallas en los gobiernos dirigidos por políticos de izquierda.

Las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa transcurren por países bajo control norteamericano. La delincuencia campea en estos países. Los capos de la droga manejan verdaderos ejércitos que incluyen a miles de “guerreros” bien armados.

México encabeza la lista. El año pasado, 43 estudiantes de bachillerato fueron asesinados en el estado mexicano de Guerrero. El país es una ruta de tránsito para aquellos que quieren cruzar la frontera con Estados Unidos ilegalmente.

Las bandas criminales lanzan guerras territoriales.

La embajada norteamericana ha registrado más de 100 asesinatos de ciudadanos norteamericanos en Honduras desde el año 2002.

Pero Estados Unidos hace la vista gorda en torno al hecho puesto que Honduras alberga instalaciones militares norteamericanas y Washington no tiene ninguna intención de empeorar las relaciones. Escándalos de corrupción con frecuencia estallan en los regímenes afines con Estados Unidos pero no se hace nada para rectificar la situación ya que estas son consideradas democracias frágiles que deben ser adoptadas y protegidas.

Guatemala exhibe una plétora de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y a la libertad de información, pero este país, es un aliado regional, de tal modo que resulta mejor atacar a Ecuador o a Venezuela haciendo alharaca en torno a casos menores para inflarlos fuera de toda proporción.

Dirigiéndose a la Asamblea Nacional el día 24 de mayo, el Presidente Correa dijo que América Latina enfrenta la amenaza de golpes de estado a raíz que las oligarquías derechistas se encuentran al final del límite. Así lo dijo: “América del Sur no debe descartar la posibilidad de golpes de estado, incluso de tipo tradicional, la desesperación de las oligarquías es horrible, solo fíjense en lo que está pasando en Brasil, donde algunos desvergonzadamente reclaman por una intervención militar contra el gobierno constitucional”, exclamó Correa. El presidente también recordó los días en que él también enfrentó situaciones extremadamente difíciles.

La crisis ecuatoriana tuvo lugar el día 30 de septiembre del 2010 cuando elementos de la policía nacional apoyados por franco tiradores trataron de asestar un golpe de estado. El presidente apenas pudo escapar. En ese entonces, el gobierno en respuesta a los hechos tomó medidas urgentes: el embajador norteamericano fue declarado persona non grata, las misiones militar y de la DEA fueron conminadas a abandonar el país, la USAID tuvo que cancelar sus actividades en el país. Philip Agee señaló que la agencia estaba acostumbrada a financiar organizaciones involucradas en actividades subversivas y a sobornar dirigentes sindicales venales. Durante la década de los 80 otra agencia norteamericana llegó al país, la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Democracia, NED para realizar actividades de carácter destructivo.

Las denuncias sobre agentes militares y de la CIA involucrados en actividades contra el gobierno, se han hecho rutinarias en Ecuador. Estos son enviados fuera del país y sustituidos por otros expertos fogueados en organizar conspiraciones, desestabilización de países y en el montaje de “revoluciones de colores”.

El actual embajador norteamericano en Ecuador, Adam E. Namm se escabulle a las declaraciones de carácter antagónico. El embajador tiene muy presente cómo reaccionó el Presidente Correa cuando a sus antecesores se les pasó la mano. Namm es graduado del Colegio de Defensa Nacional en Estrategia de Seguridad Nacional. Ha trabajado duro sirviendo durante temporadas en países complicados como Colombia y Paquistán donde estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. En Ecuador, está esperando el momento para actuar.

Mientras tanto, el embajador está consolidando a los dirigentes de los movimientos anti populares y acumulando el potencial para que las protestas den el golpe decisivo. Washington tiene la impresión que el derrocamiento no es posible sin derramamiento de sangre. El todo caso, el derramamiento de sangre es mejor que la estabilidad en un país regido por un presidente populista.

El Presidente Correa está firme en su lealtad hacia las políticas independientes. Correa entorpece el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Estados Unidos en América Central y del Sur. Por ejemplo, bloquea la formación de la Alianza del Pacífico controlada por Estados Unidos, para incluir a México, Colombia, Perú y Chile. Correa considera a los miembros de la Alianza de los Pueblos de Nuestramérica, ALBA como sus aliados naturales. Correa hace un llamado a otros jefes de estado latinoamericanos a intensificar la cooperación en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC.

La Organización de Estados Americanos, OEA podría convertirse en una plataforma para un diálogo con Estados Unidos y Canadá en caso que su Carta sea revisada. La idea de unirse para oponerse a la influencia de Estados Unidos resulta atractiva para muchos países de la región.

Correa lucha contra la Corporación Chevron la cual ha causado un descomunal daño ecológico en áreas cercanas al Río Amazonas. El presidente ha invitado a todos los que estén dispuestos a llegar hasta el lugar y comprobar el daño con sus propios ojos. Correa acusó al gigante petrolero de comportamiento criminal, señalando que lo que sucedió en la Amazonía ecuatoriana no fue un accidente. Chevron, a través de su filial Texaco, deliberadamente causó la catástrofe en la jungla ecuatoriana, el presidente de este país latinoamericano, Rafael Correa, declaró el día 21 de mayo, interviniendo en el Día Internacional Anti Chevron, acusó al gigante petrolero de destruir de manera intencional la famosa biodiversidad y el hogar de miles de personas. “El desastre causado en la selva ecuatoriana es peor que el causado por el Exxon Valdez en Alaska o por la British Petroleum en el Golfo de México,” señaló el presidente en su cuenta de Twitter. “Lo peor de la diferencia es que aquellos fueron accidentes, lo que hizo Chevron fue deliberado.”

Según lo dictaminado por un tribunal ecuatoriano, Chevron debe pagar una compensación de 9,5 mil millones de dólares a los residentes de la región amazónica. Chevron fue hallada culpable de vaciar miles de millones de galones de desperdicios tóxicos para contaminar 5 millones de metros cúbicos de tierra. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a cualquier extremo para proteger los intereses de la Chevron.

De ahí que Estados Unidos haya intensificado sus actividades subversivas en Ecuador. Desde hace algún tiempo, el presidente ha empezado a recibir con frecuencia amenazas de violencia física. El presidente ha tenido que cancelar apariciones públicas y tomar medidas para reforzar su seguridad personal.

Según fuentes periodísticas, el Subjefe de Misión, Douglas A. Koneff es el responsable de las actividades operativas para preparar la conspiración.

El funcionario anterior también funge de “Oficial Jefe Operativo” en la Misión Ecuador de la embajada norteamericana. Douglas llegó al país en el mes de julio del 2014. En cuanto llegó declaró, “estoy feliz de trabajar con el excelente equipo de la embajada con el objeto de fortalecer nuestros históricos lazos con Ecuador.” El tiempo dirá a qué lazos se refería exactamente. Este funcionario ha servido en las fuerzas armadas como navegante y luego como comandante de misión en aviones especialmente configurados, P-3C y EP-3 a cargo de una tripulación de 20 personas dedicadas a la recolección de inteligencia y reconocimiento contra blancos del interés nacional de Estados Unidos en escenarios operativos del Océano Pacífico, Atlántico y Mediterráneo.

Douglas A. Koneff ha coordinado el apoyo de inteligencia para especialistas en ciencias sociales, física e ingeniería en asistencia a los tácticos del Departamento de Defensa para que lleven a cabo las misiones de seguridad nacional asignadas. Douglas también ha encabezado a Fuerzas de Tarea del Departamento de Estado para coordinar la respuesta del gobierno federal a las crisis que afectan los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y a ciudadanos norteamericanos en todo el mundo. Ha estado destacado en Chile e Indonesia. Ha servido como Oficial Subjefe en el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México donde coordinó los esfuerzos anti narcotráfico. Como Subjefe de Misión, supervisa directamente el trabajo de nueve (9) agencias del gobierno norteamericano en Ecuador, incluyendo a un personal norteamericano y local de alrededor de 250 personas en la embajada de Estados Unidos en Quito; alrededor de 110 personas locales y norteamericanas en el Consulado General en la ciudad de Guayaquil y en el exterior a unos 160 funcionarios y voluntarios del Cuerpo de Paz. Douglas informa directamente al embajador y en su ausencia, actúa como Encargado de Negocios.

Su equipo incluye a expertos en operaciones clandestinas tales como Edward M. Blodgett, Oficial Encargado de Seguridad Regional; Timothy Peltier de la Sección Política que sirvió como agente encubierto de la CIA en Cuba y Rumania; Nicole Weber de la Sección de Asuntos Económicos (se destacó en la India); A. J. Collazo de la DEA; Patricia L. Fietz, Cónsul General en Guayaquil y otros.

Toda esta gente hará lo mejor que pueda para deshacerse de Rafael Correa antes que concluya su tercer período.

Traducción Sergio Anacona

Nota.- Sus comentarios y opiniones acerca de este artículo serán bienvenidos en

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Chevron cometió crímenes de lesa humanidad en Ecuador

Las víctimas de la contaminación dejada por Texaco denuncian a los directivos de Chevron por haber tomado decisiones y acciones para evitar que la compañía asuma su responsabilidad por la reparación de estos daños.

La más reciente acción de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT) relacionada al largo juicio contra la compañía norteamericana Chevron Corporation, busca que se condene penalmente a los directivos de la compañía. Para esto la UDAPT acudió ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda y procedió a presentarle una comunicación que describe los hechos que se están desarrollando en este momento en el suelo ecuatoriano - equivalente de una denuncia en el sistema penal doméstico. En esta comunicación se explica cómo las decisiones y acciones tomadas por John Watson como CEO de Chevron, junto con otros directivos de la compañía, revisten las características de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la Amazonía ecuatoriana.

Las víctimas de la contaminación dejada por Texaco denuncian a los directivos de Chevron por haber tomado decisiones y acciones para evitar que la compañía asuma su responsabilidad por la reparación de estos daños. Así, se acusa que la compañía ha emprendido una serie de acciones dilatorias, difamatorias y contrarias a la debida reparación del daño, lo que constituye un ataque generalizado contra los habitantes de la Amazonía; y que los directivos de Chevron “continúan evitando su responsabilidad y contribuyen, en cada oportunidad que pueden, a evitar que la contaminación del Oriente sea remediada”.

En este sentido, la denuncia tiene como base la postura de reconocidos juristas que plantean que en la actualidad los ataques en los que se producen las masacres no tienen las características clásicas, esto es a través de las armas únicamente, por el contrario la creación de un espacio vital contaminado, el hostigamiento de los pobladores de una región, o lo que es aún peor, el mantenimiento indefinido de condiciones violatorias a los Derechos Fundamentales hacen que este conjunto de acciones constituya un Delito contra la Humanidad en los términos del Estatuto de Roma

Son muchos los ejemplos de estas decisiones y acciones, por lo que estamos convencidos de que los hechos denunciados son una clara contribución delictiva al resultado reconocido por las tres sentencias de los tribunales ecuatorianos, que luego de 10 años de litigios encontraron responsable a la compañía Chevron.

Confirmando esto, en la comunicación se describe con firmeza el interés personal que tiene el señor Watson de no reparar los daños ambientales que la compañía Texaco causó en el Ecuador, puesto que fue el principal promotor de la fusión de Chevron y Texaco. Esta fusión creó la segunda empresa petrolera más grande de los EEUU y catapultó la carrera de Watson; un revés en este sentido sería desastroso para él y para sus intereses dentro de la estructura jerárquica de poder que hoy administra.

Los crímenes por los que se acusa a Watson sólo pudieron ser cometidos desde su posición de poder al frente de Chevron (Presidente y CEO), tomando las decisiones estratégicas relativas al proceso con el único objetivo de mantener la contaminación en Ecuador, desde la cima de la pirámide de poder que representa la compañía. Por ello se considera su conducta como un aporte fundamental al resultado dañoso de la población de la Amazonía ecuatoriana, y por lo cual se lo debería tener como autor de los crímenes denunciados en los términos del artículo 25 del Estatuto de Roma.

Por todo esto, se considera que la competencia de la Corte Penal Internacional por un crimen cometido en el territorio de Ecuador viene garantizada por los artículos 11, 12 y 13 del Estatuto de Roma, que fue ratificado por Ecuador el 5 de mayo del 2002. Puntualmente, los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a Watson son los establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma (ER), que dispone que “se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; d) Deportación o traslado forzoso de población; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; y k) en general otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Por haber cumplido con los requisitos formales y haber  demostrado con pruebas que se ha cometido un crimen de lesa humanidad, la UDAPT tiene plena confianza en los resultados del proceso. La presentación de esta comunicación implica precisamente el primer paso del proceso penal internacional, que inicia con el estudio que hará la fiscal de la misma, y proseguirá con la investigación de los hechos denunciados. Se espera finalmente obtener el enjuiciamiento penal, y posteriormente una sanción apropiada para John Watson, CEO de Chevron, y cabeza del ataque sistemático y generalizado que sufren los pobladores amazónicos.

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Crítico peruano de Ecuador recibe ingreso de Chevron

ANDES – El abogado peruano Luis Pásara, quien presentó un informe negativo contra el sistema judicial del Ecuador, está relacionado con la transnacional Chevron – Texaco y recibe salario del Centro Wilson cuyos fondos provienen de la petrolera estadounidense, lo que implica un serio conflicto de intereses, reveló un análisis del investigador colombiano Ricardo Restrepo.

“Luis Pásara pertenece al Centro Wilson y lo que he encontrado es un nexo preocupante entre este centro y Chevron (…) En el mismo edificio está la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID),  de acuerdo a la misma página web del edificio, también está el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Asociación de Energía a la cual pertenece Chevron y el Centro Wilson, entonces hay este nexo físico entre todas estas dependencias el gobierno de Estados Unidos, compañías y la supuesta academia”, sostuvo.

Según el estudio de Pásara, presentado el pasado 29 de julio de este año, la función judicial ecuatoriana supuestamente se ve afectada por la injerencia del poder Ejecutivo luego de las reformas realizadas tras la consulta popular de 2011. Este estudio fue financiado por el Centro Wilson, una institución que supuestamente investiga sobre temas globales. Jamás ha analizado los cientos de casos que tiene Chevron en su contra.

El documento de Pásara, que analiza 12 casos judiciales, concluye, entre otras cosas, que el Consejo de la Judicatura presuntamente sanciona a los jueces por presiones del gobierno, algo que fue enérgicamente rechazado por las autoridades judiciales de Ecuador. Esta supuesta falta de independencia judicial  planteada por Pásara es precisamente el principal argumento de Chevron para evitar pagar 9.5 mil millones de dólares por contaminación en Ecuador

“Pásara nunca habla sobre Ecuador y cuando habla sobre Ecuador lo hace en beneficio de Chevron, la compañía a la que está íntimamente ligada en términos personales, políticos y económicos, porque es Chevron,  uno de los financistas que le paga y que hace donaciones al Centro Wilson de donde viene su salario”, sentenció Restrepo.

El Centro Wilson alberga en su seno a varios analistas que al mismo tiempo operan en altos cargos de la multinacional petrolera Chevrón. De igual forma, muchos de los expertos que pertenecen al supuesto instituto académico son figuras que han violentado derechos humanos y no han sido judicializados por intereses políticos de Estados Unidos.

Por ejemplo, Thomas Nides, quien trabajó antes y durante la crisis económica para la sexta compañía financiera más grande de Estados Unidos, Morgan Stanley, es también presidente de la junta del Centro Wilson. De acuerdo a comunicados emitidos por la misma compañía la principal función de Nides es trabajar con los clientes Globales de Morgan Stanly y Chevrón es uno de esos clientes globales. “El presidente del Centro Wilson es el que le paga el sueldo a Pásara y tiene un nexo de trabajo directo con Chevron”, sostuvo Restrepo.

Otro de los casos que revela complicidad entre Chevron y el Wilson Center es el de Bill Scott, un experto del Centro Wilson que también opera como gerente general de Chevron en el Centro Ártico. Así como el experto Jan Kalicki quien también pertenece a la fundación y funge además como asesor de la Estrategia Internacional de Chevron, que es quien maneja el caso con la petrolera en Ecuador.

Sin embargo, para Restrepo el caso más preocupante es el de Rhonda Zygocki, quien es miembro del Centro Wilson, y también pertenece a la petrolera Chevron como vicepresidenta ejecutiva de Política y Planificación.

“Estamos hablando de que los más altos funcionarios de Chevron están en el mismo edificio en el que está Pásara. Hablamos de que uno de los financistas de este centro -aparte del gobierno de los Estados Unidos- es Chevron. Entonces Pásara está íntimamente ligado a los intereses globales de ese Estado corporativo que mezcla lo gubernamental con los intereses de compañías, en este caso Chevron”, sentenció.

El presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador (CJ), Gustavo Jalkh, rechazó el jueves enérgicamente el informe realizado por el jurista peruano. “Quiere mostrarse como un informe técnico y lo que hace es convertirse en abogado de partes procesales y defender tesis procesales”.

Además, cuestionó que Pasará no ha probado sus argumentos acerca de la supuesta independencia de la función judicial, así como los fondos que financiaron el documento.

“El señor (Pásara) no ha dicho de donde vienen los fondos, quiénes y cuánto le han pagado y cuáles son los intereses de las corporaciones transnacionales que seguramente también han financiado a la organización y el informe. No tiene calidad moral para hablar de la justicia ecuatoriana”, sostuvo el titular de la Judicatura.

La presidenta del Centro Wilson, Jane Harman, fue involucrada en un caso en el que negocia con el lobby de Israel para proteger a varios de sus miembros que cometieron actos ilegales a cambio de presidir el Comité de Inteligencia del Congreso Estadounidense.

Restrepo afirma que este es un puntal inicial de su investigación y asegura que dentro de la revisión de presupuestos del Centro Wilson hay una donación directa de Chevron por 50.000 dólares.

El Ecuador entró en un profundo proceso de reforma judicial gracias al referéndum aprobado por los ciudadanos en mayo del 2011. Un Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) fue el ente encargado de llevar adelante la transformación del sistema de Justicia, para lo cual delineo un plan de trabajo basado en seis ejes: talento humano, infraestructura civil, tecnológica, gestión financiera equitativa, modelo de gestión y cooperación interinstitucional.

Entre los logros alcanzados hasta la fecha están la reducción de caducidad en la prisión preventiva, mayor efectividad en el juzgamiento de asesinatos y homicidios. El aumento de jueces, la reducción en tasa de audiencias fallidas, entre otros.

“Luis Pásara no aceptó debatir su informe con Gustavo Jalk, porque sus auspiciantes, entre los que consta Chevron, le pidieron que no fuera. Critica la independencia de la justicia ecuatoriana, pero él es quien no tiene la independencia de venir a debatir”, enfatizó.

“Vale cuestionarse si el informe de Pásara no responde a los intereses de Chevron, que es el primero que se beneficiaría del reconocimiento de una supuesta  falta de independencia judicial en el Ecuador”, concluyó.

El informe de Pásara coincide con las recomendaciones del asesor de Chevron, Sam Singer, que le sugirió a la transnacional petrolera dejar de enfocarse en los detalles del problema y que se orientara por desprestigiar al gobierno ecuatoriano y que lo promoviera como la “nueva crisis de misiles cubanos en proceso de incubación”, según una publicación en la revista Rolling Stone.

Vínculos físicos

En el edificio Ronald Reagan situado en Washington D.C. funciona el Wilson Center del que es parte el supuesto investigador independiente Luis Pásara. En este mismo inmueble también desempeñan funciones  la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y la Asociación Energética de Estados Unidos de la que es parte Chevron.

El predio está ubicado a cuatro cuadras de la Casa Blanca y el presidente de la Junta del Wilson Center es designado por el presidente de Estados Unidos.

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