Estas últimas horas se ha publicado que cada vez más veteranos se dirigen voluntariamente a Standing Rock para formar una barrera entre los agentes de la Policía y los activistas Sioux que protestan contra el oleoducto Dakota Access.
Los voluntarios con experiencia militar servirán de barrera humana entre los activistas Sioux y varios elementos del orden público y agentes armados privados, desplazados para dispersarlos.
Según ha declarado Elizabeth Williams, una agente de las Fuerzas Armadas de EEUU, que ha llegado este viernes a la Reserva India Standing Rock junto con un grupo de voluntarios: “Estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares privadas. Sentimos la responsabilidad de utilizar las habilidades que tenemos”.
Williams, que forma parte de un número cada vez más grande de estadounidenses experimentados en el campo militar que llegan a la localidad de Cannon Ball, ubicada en el estado de Dakota del Norte o ya se encuentran allí tras el reinicio de las obras de construcción del polémico oleoducto Dakota Access, autorizado por el presidente Donald Trump, tras haber sido paralizado bajo el mandato de Barack Obama.
Distintos participantes de estas actividades voluntarias aseguran que para los veteranos de las guerras en Vietnam y Oriente Medio, es una especie de “sanación” prestar su ayuda a los Sioux, o se refieren a la lamentable historia de la tribu, aseverando que “por fin” hay militares estadounidenses que llegan al territorio de los Sioux para ayudarlos, en vez de matar a los indígenas.
Dakota Access, un proyecto de 3.800 millones de dólares, pretende llevar diariamente medio millón de barriles de petróleo desde yacimientos de Dakota del Norte hasta una infraestructura ya existente en el estado de Illinois. Los opositores a la iniciativa afirman que la tubería puede dañar lugares de gran relevancia cultural para la tribu siux en la reserva Standing Rock, al mismo tiempo que representa un gran peligro ambiental al tener previsto que cruce el río Misuri.
Por otro lado, crecen las denuncias entre los activistas de que la policía está tratando de impedir la llegada de ayudas a los indios Sioux.
La policía ha presentado cargos contra dos veteranos estadounidenses que apoyan las protestas en Standing Rock, manteniendo a uno de ellos en la cárcel durante varios días, lo que plantea preocupaciones de que la policía está tratando de impedir que los militares veteranos ayuden a los activistas en el oleoducto Dakota Access.
Oficiales en Dakota del Norte y Dakota del Sur han detenido y buscado por lo menos a cuatro veteranos en su camino hacia los campamentos de Standing Rock en los últimos días, acusando a dos de ellos de posesión de cannabis medicinal. La policía confiscó el automóvil de un veterano y también se apoderó de lo que los funcionarios llamaron “equipo de manifestantes”, que incluía de hecho, material y suministros para acampar.
Los cargos contra los dos veteranos, que dijeron que usan el cannabis medicinal para tratar el trastorno de estrés postraumático, llegan días después de que una organización de veteranos anunciara que regresaría a Standing Rock para brindar su apoyo a los Sioux. Los activistas indígenas, conocidos como protectores del agua, han estado luchando contra el gasoducto de 3.700 millones de dólares desde la primavera pasada y han continuado viviendo en los campamentos cercanos al sitio de construcción del oleoducto, a medida que se reanudan las perforaciones.
“Estoy francamente disgustado. No tiene sentido para nosotros”, dijo Mark Sanderson, director ejecutivo de VeteransRespond, el grupo que coordina el regreso a Standing Rock.
“¿Por qué tratas de atacar a un grupo de veteranos que no hacen nada más que una misión de ayuda humanitaria en Dakota del Norte?”
Estas noticias se suman a la creciente preocupación de que las autoridades están monitoreando, deteniendo y persiguiendo a las personas afiliadas a los movimientos de protesta contra los oleoductos.
Al respecto, el diario The Guardian ha revelado que el propio FBI ha creado un grupo de trabajo de actividad anti-terrorista, dedicado a investigar a los activistas que tratan de impedir la construcción del oleoducto y que protestan en Standing Rock.
Los representantes del FBI se han puesto a investigar a varios “protectores del agua”, alertando de que un movimiento dirigido por indígenas está siendo interpretado como “terrorismo doméstico”
Lo más grave del asunto, es que el FBI está investigando a estos activistas políticos que hacen campaña contra el oleoducto Dakota Access, desviando recursos de los agentes encargados de prevenir los ataques terroristas para centrarse en los activistas indígenas y los ambientalistas.
Se desconoce el propósito de las investigaciones de los oficiales en Standing Rock y el alcance del trabajo del grupo de trabajo.
Pero el hecho de que los oficiales del FBI hayan tratado incluso de comunicarse con activistas es alarmante para los expertos en libertad de expresión, que sostienen que los agentes antiterroristas no tienen nada que investigar entre manifestantes ecologistas y defensores de los derechos de los nativos americanos.
“La idea de que el gobierno intente interpretar este movimiento no violento liderado por indígenas como algo relativo a una investigación de terrorismo interno es insondable para mí”, dijo Lauren Regan, una abogada de derechos civiles que ha proporcionado apoyo legal a los manifestantes contactados por representantes del FBI. “Es escandaloso, es injustificado … y es inconstitucional”.
Regan, que ha visitado regularmente a Standing Rock y es la directora ejecutiva del Centro de Defensa de Libertades Civiles en Oregon, dijo que se enteró de tres casos en los que oficiales del grupo de trabajo conocido como el JTTF, intentaron hablar con los activistas en persona.
Los agentes aparecieron en los domicilios de los activistas sin una citación ni una orden judicial y trataron de conseguir que los ambientalistas cooperaran voluntariamente en las entrevistas.
Los tres individuos, que incluyen a un indígena y un activista no indígena, reclamaron sus derechos de la quinta enmienda y no respondieron a los oficiales.
Según la abogada, los tres contactos se hicieron recientemente, tras la investidura de Donald Trump.
Recordemos que Trump, es un ex inversionista de Energy Transfer Partners, la firma con sede en Texas que está detrás del oleoducto, firmó una acción ejecutiva en su primera semana en el cargo para acelerar el proyecto.
La revelación sobre estos grupos de investigación del FBI, llegan precisamente en el momento en que crecen las preocupaciones en Standing Rock sobre la violencia policial y los arrestos y enjuiciamientos dirigidos contra los activistas.
Desde el verano, se han producido aproximadamente 700 arrestos, en algunos casos llevando a cargos de felonía grave y penas de prisión estatales posiblemente largas. Después de recientes acusaciones, por lo menos seis activistas ahora están enfrentándose a cargos en la corte federal.
En noviembre, un oficial de la JTTF también se presentó en la habitación del hospital de Sophia Wilansky, una joven de 21 años que resultó gravemente herida durante un enfrentamiento con la policía en Standing Rock, según su padre, Wayne Wilansky. El FBI se llevó su ropa y aún no la han devuelto.
Wayne dijo que sospechaba que el FBI trajo a un agente de investigación anti-terrorista, dado que la policía local había alegado que los activistas causaron una explosión que provocó las heridas de su hija. Sin embargo, los testigos sostienen que la joven recibió el impacto de una granada aturdidora lanzada por la policía. Algo que confirman los propios médicos que han examinado el tipo de heridas de la joven.
Y para respaldar aún más la sensación de abuso sobre los Sioux y los activistas, uno de sus líderes sostiene que el gobierno de EEUU no ha dado autorización ambiental para realizar la construcción del oleducto Dakota Access.
Según Bald Eagle, coordinador de asuntos intergubernamentales de la Tribu Siux del Río Cheyenne, el cuerpo de ingenieros obtuvo el derecho de servidumbre para construir la parte final del oleoducto Dakota Access con base en una evaluación ambiental que hizo la propia empresa constructora y no la autoridad federal.
“No se ha hecho nada en forma correcta, lo cual es típico de la política del Gobierno de EEUU hacia cualquiera de las naciones indígenas”, sostuvo Bald Eagle.
