A Olivia Cáceres le tomó 85 días recuperar a su bebé, arrancado de los brazos de su padre en la frontera con Estados Unidos, una experiencia traumática que enfrentan muchas más familias para reunirse con sus niños bajo las férreas políticas de inmigración del presidente Donald Trump.
A fines de febrero, Mateo fue devuelto a su familia después de una batalla a través de las fronteras, la burocracia y los idiomas. Estaba sucio y aterrorizado por la oscuridad, dijo su madre. Hoy, con casi 20 meses de edad, el niño todavía llora mientras Cáceres lo mece en sus brazos.
La historia de lucha de esta familia salvadoreña presagió lo que estaba por venir: la política de “cero tolerancia” de Trump que llevó a la separación de más de 2.300 niños migrantes de sus padres en las últimas semanas.
La búsqueda de Cáceres por su bebé es un anticipo del largo camino que enfrentan muchas familias de inmigrantes, después de que Trump puso fin a la parte de su política que ordenaba la separación y ordenó a las agencias que comiencen a reunir a padres e hijos.
El año pasado, Cáceres, su esposo José Fuentes y sus hijos Mateo y Andree, de cinco años, huyeron de El Salvador, donde las pandillas les exigieron dinero para protección, y cruzaron México en una de las tantas “caravanas” de migrantes que viajan juntos por motivos de seguridad.
A mediados de noviembre, con Mateo en sus brazos, Fuentes buscó asilo en la frontera sur de Estados Unidos citando las amenazas de las pandillas. Cáceres debía seguir unos días más tarde con Andree.
Pero Cáceres se enteró de que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos separaron a su marido de su hijo el 16 de noviembre y que su esposo sería transferido a un centro de detención en San Diego. Mientras aún estaba en Tijuana, ella inició una búsqueda frenética por su bebé.
Cuando finalmente recuperó a Mateo en febrero, “parecía que no se le habían bañado en tres meses”, dijo Cáceres en una entrevista telefónica con Reuters esta semana desde Los Ángeles.
“Fue muy difícil ver la condición en la que estaba. No quiero imaginar esa montaña de niños, cómo se preocupan por ellos”, dijo entre lágrimas.
Las posibles consecuencias de tales separaciones incluyen los impactos sobre el desarrollo cerebral y la salud mental, así como problemas conductuales y académicos, especialmente para menores de cinco años, dicen expertos en desarrollo infantil.
Esa primera noche, Mateo estaba inconsolable mientras Cáceres lo abrazaba fuertemente, susurrándole: “ya estás con tú mamá”.
Cáceres localizó a Mateo en Texas. El número telefónico de la instalación que proporcionó a Reuters está registrado a nombre de International Educational Services (IES).
IES, una organización sin fines de lucro, cerró sus centros en Texas en marzo después de perder fondos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR por su sigla en inglés), según medios locales. Una portavoz de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas confirmó que las instalaciones están inactivas.
Esa agencia encontró varias violaciones durante su inspección a las instalaciones del IES, incluida la administración indebida de medicamentos, según el sitio web de la agencia.
En una declaración a medios locales, IES no dijo por qué cerró las instalaciones. ORR no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. No hubo respuesta en el número de teléfono de IES o en los correos electrónicos de los empleados.
“ESTÁ AQUÍ”
Localizar a Mateo le tomó a Cáceres una semana de llamadas telefónicas a instituciones similares a los números que le dieron después de hablar con una línea directa para padres inmigrantes separados de sus hijos.
Cáceres llamó a algunos números 10 veces para obtener una respuesta. Un funcionario le dijo que Mateo no ingresó al sistema en absoluto. Por un tiempo, parecía que su hijo no existía en la burocracia de Estados Unidos.
En el séptimo día de llamadas, a fines de noviembre, ella habló con el IES.
“Sí, él está aquí”, dijo la persona del otro lado de la línea. “¿Eres la madre?”, le preguntaron.
Temblando de alivio, pidió información sobre la salud de Mateo, su estado de ánimo, cómo lo estaban alimentando y cómo estaba durmiendo. Le dijeron que le darían la información, pero primero necesitaban una prueba de su parentesco.
Con la ayuda de un abogado pro bono, Cáceres envió por correo electrónico los documentos que tenía: el certificado de nacimiento de Mateo, un formulario del hospital con las huellas del bebé y su documento de identidad salvadoreño.
El director de la instalación de Texas exigió una prueba de ADN. Al final, la paternidad se estableció con la ayuda de un representante del consulado salvadoreño en Texas que certificó los documentos, dijo Cáceres.
Tomó tiempo convencer al IES para que le permitiera hablar con Mateo. Primero le permitieron enviar un video de cinco minutos de ella misma a las instalaciones y, luego, llamarle por teléfono: en ese momento escuchó a Mateo llorar mientras le mostraban el video.
“Él pensó que ella estaba allí para recogerlo”, dijo su abogada Erika Pinheiro. “Él se angustió mucho después de la llamada”.
Cáceres no podía volar para buscar a su propio hijo debido a que tenía un dispositivo de vigilancia en el tobillo luego que cruzó la frontera con Andree y buscó asilo. En Los Ángeles, ella se estaba quedando con parientes.
En un momento le dijeron que pagara 2,000 dólares para que un funcionario pudiera entregarle a Mateo desde Texas. Pinheiro dijo que el empleado de ORR finalmente aceptó renunciar al pago.
¿POR QUÉ RETENERLO?
Fuentes, de 30 años, y Cáceres, de 29, manejaban una tienda que vendía zapatos artesanales en El Salvador. Al igual que muchos propietarios de pequeñas empresas se vieron obligados a pagar un “impuesto de guerra” semanal a la Mara Salvatrucha, una de las violentas pandillas criminales que operan en el país.
Cuando el impuesto se duplicó en apenas una semana a 100 dólares, la pareja ya no podía pagar, dijo Cáceres. Pero la falta de pago, dijo, significaba la muerte, así que huyeron.
Por razones que no están claras, funcionarios de inmigración de Estados Unidos arrancaron a Mateo de los brazos de su padre y no le dijeron a dónde fue enviado el bebé.
Un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a Reuters esta semana que la agencia determinó que él y su hijo menor eran ciudadanos de El Salvador sin estatus legal para ingresar a Estados Unidos y se los entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
El ICE emitió un comunicado diciendo que Fuentes no tenía documentos para verificar que él era el padre y el niño era demasiado pequeño para responder las preguntas de los oficiales.
Pinheiro y otros defensores dicen que los documentos de identidad salvadoreños de Fuentes y el certificado de nacimiento de Mateo eran suficiente evidencia de su conexión familiar.
Fuentes buscó asilo con Mateo porque el niño estaba enfermo después de su viaje desde Centroamérica, gran parte realizado en la parte superior de un tren de carga, y querían llegar a Estados Unidos para buscar tratamiento, dijo Cáceres.
Fuentes aún permanece en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego. Se le negó la libertad condicional y las visitas familiares, según Cáceres y Pinheiro.
“Se me hace difícil asimilar que soy riesgo de fuga cuando he venido y pedido ayuda en el puerto de entrada”, escribió en una carta a las autoridades de Otay Mesa vista por Reuters.
“Vine con el fin de buscar seguridad para mi familia y lo que obtuve fue la separación de mi hijo que tan solo tenía un año y dos meses”, agregó.
Reuters
