JIMMY MORALES DIJO QUE ISRAEL "ES UN ALIADO Y DEBEMOS APOYARLO"
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció este domingo su decisión de trasladar la embajada del país centroamericano que estaba en Tel Aviv hacia Jerusalén. El anuncio lo hizo el mandatario pocos días después de que su país se alió con Estados Unidos y otras naciones para reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel.
“Querido pueblo de Guatemala, hoy he conversado con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Hablamos de las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel”, expresa el mandatario en una publicación en Facebook.
Destacó que uno de los temas de mayor relevancia “fue el retorno de la embajada de Guatemala a Jerusalén, por lo que les informo que he girado instrucciones a la Canciller para que inicie las coordinaciones respectivas para que así sea”.
Hace dos días, el mandatario afirmó que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel es “la ruta correcta” y que ese país es un “aliado de Guatemala y hay que apoyarlo”, a pesar de que sólo fueron nueve países los que votaron por esa postura en las Naciones Unidas, manifestó
Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo se alinearon con Estados Unidos e Israel para reconocer a Jerusalén como capital israelí.
Morales añadió que durante los 70 años que tiene de relación su país con Israel siempre ha tenido a ese Estado como un aliado y “debemos apoyarlo”.
Los manifestantes, de distintas líneas ideológicas y estratos sociales, coinciden en su rechazo a la corrupción y la impunidad, el que se traduce en demandar la renuncia del presidente Jimmy Morales, de 107 diputados que votaron a favor a las modificaciones del Código Penal.
Unas 75 mil personas, entre jóvenes y adultos; hombres, mujeres y niños, se concentraron en la plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en Guatemala, para manifestar su rechazo al “pacto de impunidad y corrupción”, en el que estarían involucrados el Ejecutivo y el Legislativo.
Diversos sectores sociales hicieron un llamado a un Paro Nacional, para este 20 de septiembre, que antes del medio día ya había copado el parque central, calles y avenidas de sus alrededores; hora en la que aún no se habían hecho presentes varios miles de estudiantes de las universidades del país.
Los manifestantes, de distintas líneas ideológicas y estratos sociales, coinciden en su rechazo a la corrupción y la impunidad, el que se traduce en demandar la renuncia del presidente Jimmy Morales, de 107 diputados que votaron a favor a las modificaciones del Código Penal.
En los departamentos, entre ellos Quetzaltenango, Totonicapán, Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla y otros, miles de guatemaltecos, marcharon también, rechazando abiertamente la posición de los diputados por sus departamentos y pidiéndoles la renuncia inmediata.
Mientras, en la plaza central de la capital guatemalteca, coincidieron en un lugar un grupo de seminaristas y otro de integrantes de la diversidad sexual; ambos repetían las consignas que los unen en este momento.
Entre las mantas se leía: “Si alguien se va, ese sos vos Jimmy, por incompetente y corrupto”; “Ya llegó la hora de cerrar esta triste página histórica de impunidad y corrupción que ha vivido Guatemala”; “Su única misión era velar por la población”.
Restaurantes y negocios de Guatemala han comenzado a negar el acceso a sus instalaciones a diputados y diputadas, sumándose a la indignación nacional por la serie interminable de escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, y por las medidas tomadas recientemente para asegurarse la impunidad.
El primero fue Saúl E. Méndez, una de las marcas guatemaltecas más renombradas a nivel nacional e internacional, que opera tanto en el sector de la moda y eventos, como en gastronomía y restauración. Rompió el silencio a través de las redes sociales con un mensaje contundente: “En Saúl no aceptamos a personas que alimentan la impunidad en el país”.
Horas después, otros comercios se sumaron espontáneamente a la iniciativa, anunciando su participación en el Paro Nacional convocado para hoy 20 de septiembre. Mister Barber Shop escribió en su cuenta en Facebook que a los “diputados corruptos no los atenderemos en ninguna sucursal”. También agregó los hashtag #DepuraciondelCongreso#YoNoTengoDiputados#RenunciaYa.
El restaurante especializado en tortas, quesadillas y mole MundiTortas decidió reservarse el derecho de admisión “para corruptos e impunes”. Lo mismo hizo la famosa pizzería L’Aperó, anunciando a través de las redes sociales que “no hay pizza para los diputados corruptos” y que se unirá al #Paro20S.
El restaurante italiano La Toscana, situado en la turística Antigua Guatemala, se reservó el derecho a servir diputados, mientras que el Grupo BuenRollo, operador de franquicias de comida a nivel latinoamericano, se posicionó con fuerza rechazando “todo acto de corrupción e impunidad”.
La cadena de cocina mexicana Ta’Cool no se quedó atrás: “¡Ay! De aquel que con ciega locura tus colores pretenda manchar”. #YoNoTengoDiputados advierte en su cuenta en Twitter.
Corrupción e impunidad
Objetivo de estas medidas son los 107 diputados y diputadas que la semana pasada votaron unas reformas al Código Penal que benefician descaradamente a funcionarios públicos -incluyendo al actual mandatario guatemalteco Jimmy Morales- acusados de diferentes delitos. Con estas reformas se suavizan las penas para casi el 90% de delitos graves relacionados con actos de corrupción y extorsión, asegurando a los criminales medidas alternativas a la prisión tras el pago de una caución económica.
También se libera de cualquier responsabilidad por financiamiento electoral ilícito a los secretarios generales de los partidos políticos, responsabilizando únicamente a los contadores. Una medida que, según los movimientos sociales que encabezan las movilizaciones anticorrupción de estos días, tiene el objetivo de beneficiar al presidente Morales y a otros diputados, todos acusados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) -instancia adscrita a las Naciones Unidas-, de haber cometido delitos electorales durante las pasadas elecciones del 2015.
Asimismo, las reformas entregan al Tribunal Supremo Electoral el derecho a la acción penal para delitos relacionados con el financiamiento electoral ilícito, coartando de esta manera la capacidad investigativa y acusatoria del MP y la Cicig.
Ante la fuerte reacción de la población, que durante tres días protestó masivamente frente a las instalaciones del Congreso y a nivel nacional, los legisladores no tuvieron más opción que anular las polémicas reformas que, además de blindar a los políticos corruptos, profundizaban la impunidad en el país centroamericano.
Ofensiva contra la CICIG
Estos hechos se enmarcan en un escenario mucho más complejo que durante los últimos meses ha venido generando fuertes tensiones internas y externas, llevando el país al borde de una nueva crisis político-institucional. Durante sus diez años de presencia en el país para colaborar en el combate contra la corrupción y la impunidad, la Cicig ha sufrido ataques e intentos de cierre.
Entre 2010 y 2015, Guatemala vivió dos momentos significativos que han tenido a la Cicig como principal protagonista: la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, que permitió un avance significativo en materia de justicia para las víctimas del conflicto armado interno, y el destape de la red de corrupción denominada ‘La Línea’. Las investigaciones llevaron al encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vice Roxana Baldetti, generando un movimiento de protesta popular nunca antes visto.
El resultado de la ofensiva judicial no tiene precedentes en Guatemala: 25 casos de corrupción, unas 350 personas enviadas a detención preventiva y más de 100 prófugos de la justicia. Entre los acusados están ministros, magistrados, directores de la Policía, militares, jefes de inteligencia y de la contrainsurgencia, narcotraficantes, directores de instituciones públicas, funcionarios públicos, empresarios, banqueros y hasta miembros del poder mediático.
En el caso del presidente Morales, el MP y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio por un supuesto financiamiento electoral ilícito durante las elecciones del 2015, y pidieron su desafuero para poder continuar las investigaciones. También acusaron al hijo y a su hermano por delitos de fraude contra el Estado y lavado de dinero.
Es en este contexto que, en agosto pasado, el presidente guatemalteco decidió declarar “non grato” al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y exigir su salida inmediata del país. Una medida que no sólo puso a Guatemala al borde de una nueva grave crisis, sino que perseguía el objetivo oculto de producir un retroceso sistémico en el país.
Según varios analistas, acompañando al presidente en esta ofensiva están la vieja oligarquía conservadora, el poder económico tradicional y el emergente, la élite política que ya no ve garantías para sostener el modelo clientelar y corrupto y el crimen organizado. La decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de suspender de forma definitiva la medida tomada por el presidente Morales desactivó momentáneamente el conflicto.
La reacción de un pueblo
Mientras tanto, el proceso de antejuicio contra el presidente Morales llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados decidieron enviar el expediente al Congreso. Tras la conformación de una Comisión Investigadora que escuchó a las partes y revisó toda la documentación del caso, los cinco integrantes de esta instancia parlamentaria presentaron un informe donde recomendaban al plenario retirar la inmunidad al mandatario, para que el MP y la Cicig pudiesen continuar con sus investigaciones.
Lamentablemente, con 104 votos en contra y solamente 25 a favor, los parlamentarios decidieron darle otro golpe mortal a la ya débil y cuestionada credibilidad de una institución que responde a los intereses de las élites y los grupos de poder guatemaltecos.
No habían pasado siquiera 24 horas, cuando los mismos diputados aprobaron las ya mencionadas reformas del Código Penal.
“La decisión de no atender a diputados y funcionarios públicos es una reacción cívica y responsable ante todo lo que está ocurriendo. Creemos más conveniente sacrificar este ingreso a seguir siendo cómplices, de alguna manera, recibiendo dinero corrupto. Queremos que los delincuentes no se sientan bienvenidos en nuestros locales”, dijo a Alba Sud, Mundo Ochoa, socio propietario de MundiTortas.
“Creo que en estos días más empresas del sector hostelería, restauración e industria se van a sumar a la iniciativa, en aras de parar las actividades laborales el próximo miércoles 20 de septiembre. Estamos cansados de ver tanta corrupción e impunidad. Definitivamente les vamos a negar nuestros servicios a todas esta gente”, agregó Ochoa.
El propietario de MundiTortas dijo que tanto esta decisión como la del Paro Nacional no afectarán en nada al sector turismo. “Todo lo contrario. Creemos que esta decisión va a ser una inversión a futuro, abriéndonos puertas, mostrando a clientes nacionales y extranjeros y a nuestros empleados que sí se puede luchar contra la corrupción”, manifestó Ochoa.
También para Silvia Garavito, manager de la pizzería L’Aperó, la decisión de no atender más a diputados y diputadas es una señal que se le quiere mandar no sólo a la ciudadanía, sino a todo el empresariado guatemalteco. “No podemos seguir alimentando la corrupción. Tenemos que mandar un mensaje claro de que existe una forma diferente de hacer empresa. L’Aperó siempre ha mantenido una posición firme contra la corrupción y la impunidad, y este 20 de septiembre vamos a sumarnos al Paro Nacional”, dijo Garavito a Alba Sud.
“¿Qué esto va a afectar a la economía y al turismo? Lo único que sé es que resulta más caro seguir teniendo un país donde la corrupción es la regla. Las empresas se están sumando a la lucha contra la corrupción, sobre todo las pequeñas y medianas que representan más del 90% del total a nivel nacional. Yo les conozco las caras a los diputados….¡te aseguro que no los voy dejar entrar!”, concluyó.
Entre 1.300 y 2000 personas fueron víctimas a mediados del siglo pasado de un experimento inhumano de EE.UU. realizado en Guatemala. A día de hoy, las familias de los afectados siguen pidiendo justicia.
El 1 de octubre del año 2010, la ex secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, tuvo que pedir disculpas oficialmente por unos delitos perpretados por sus predecesores en el Gobierno.
Entre los años 1946 y 1948, EE.UU. llevó a cabo un experimento en el que miles de personas de Guatemala fueron infectadas intencionadamente con sífilis y gonorrea sin su conocimiento. En su comunicado, Clinton tildó de “antiéticos” los estudios, y prometió a realizar una investigación detallada.
Los experimentos de EE.UU. se llevaron con la aprobación del Gobierno guatemalteco y no fueron conocidos públicamente hasta el año 2003. De su existencia se supo por casualidad, cuando la catedrática de la Universidad de Wellesley, Susan Reverby, se topó con ellos mientras examinaba los archivos del polémico estudio Tuskegee sobre la sífilis, quizás el ejemplo más escandaloso de violación de la ética médica en la historia de los Estados Unidos, según el portal ‘Slate’.
El descubrimiento de Susan Reverby reveló que los principales investigadores que participaron en el experimento Tuskegee habían realizado con anterioridad un estudio de enfermedades de transmisión sexual en Guatemala.
El experimento en el país centroamericano tenía el mismo objetivo que el de Tuskegee -observar los efectos de la sífilis y de otras enfermedades de transmisión sexual en el cuerpo humano y probar si los tratamientos existentes eran eficaces- pero los métodos utilizados fueron aún más atroces de lo sucedido en Tuskegee, una localidad rural de Alabama.
¿Por qué realizó EE.UU. este experimento?
La razón para realizar ambos estudios fue la preocupación creciente de los médicos estadounidenses por la alta incidencia de sífilis y gonorrea en el Ejército del país. Según los informes de la época de la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento de estas enfermedades entre los soldados costaba a EE.UU. unos 34 millones de dólares, aparte de quitar recursos humanos a las tropas.
Un cartel de los años cuarenta cuyo fin era concienciar a los soldados de EE.UU. sobre los riesgos de la sífilis. / loc.gov
Ante la gravedad de la situación, los médicos decidieron que tenían que probar una medicación profiláctica, una medida para prevenir estas enfermedades en las personas que se podían exponer a ellas. Otro de sus objetivos fue identificar el rol que jugaba la penicilina en el tratamiento de estas enfermedades. El problema que se encontraron fue que para llevar a cabo estos experimentos era necesario encontrar personas sanas que estuvieran de acuerdo en ser infectadas y luego estudiar el desarrollo de la enfermedad, por lo que resultaban muy difícil realizar en EE.UU.
¿Por qué el experimento tuvo lugar precisamente en Guatemala?
Los médicos decidieron entonces llevar a cabo su plan en Guatemala por varios razones. La primera de ellas se debía a que el país centroamericano había celebrado recientemente sus primeras elecciones democráticas y el nuevo Gobierno trataba de establecer unas estrechas relaciones diplomáticas con EE.UU. Otro de los motivos fue que uno de los directores de la investigación, John Charles Cutler, doctor del Servicio de Salud Pública de EE.UU., conocía a un homólogo guatemalteco que podía prestarle ayuda. Además de eso, el país tenía en aquel entonces unas bajas tasas de incidencia de sífilis y gonorrea.
Cutler llegó a Guatemala en el año 1946 y realizó sus primeros experimentos en una instalación penitenciaria del país. Luego, el científico empezó a tener acceso a otras instituciones en Guatemala – cuarteles militares, orfanatos, centros de salud mental, y por supuesto, más prisiones.
Uno de los sujetos del experimento, foto del archivo del doctor John Charles Cutler. / archives.gov
¿Como infectaban a los guatemaltecos?
Cutler empezó a infectar a los soldados y prisioneros por vía de la prostitución. El investigador ponía los patógenos de sífilis en los órganos reproductores de las prostitutas antes de que mantuvieran contacto físico con los hombres, pero esto no dio ningún resultado: todas las mujeres contrajeron la enfermedad, pero los hombres, no.
Luego recurrió a métodos aún más crueles: Cutler comenzó a introducir la infección en la uretra de sus sujetos, y ahí ya la cantidad de infectados creció con gran rapidez.
Además de eso, Cutler infectaba también a los pacientes de la entonces única clínica psiquiátrica de Guatemala realizando rasguños en la piel y en los genitales de los sujetos, utilizando una solución de bacterias que forzaba a tragar a los pacientes, e incluso, por medio de inyecciones directamente en la médula espinal.
Una de las víctimas del experimento de Cutler. / archives.gov
¿Qué pasó con los infectados?
El Gobierno de Guatemala ha determinado que más de 2.000 personas fueron infectadas con sífilis, gonorrea o cancroide sin su conocimiento, mientras que EE.UU. sitúa la estimación en algo más de 1.300 personas.
Cuando la Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos de Bioética de EE.UU. completó un informe sobre el proyecto en septiembre de 2011, lo tituló “Éticamente imposible” y destacó las desmesuradas proporciones del experimento y su inhumanidad.
Según este órgano, de los 1.308 sujetos que habían sido expuestos a las enfermedades de transmisión sexual, solamente 678 recibieron tratamiento médico.
En el año 2011 las familias de los infectados presentaron una querella contra el Servicio de Salud Pública de EE.UU., aunque el caso fue rápidamente desestimado. Otra demanda judicial, abierta por los afectados en el año 2015 contra las organizaciones que participaron supuestamente en el crimen, está actualmente en curso.
Esqueletos hallados en una fosa común del periodo de la guerra civil en Guatemala
Un nuevo informe revela que el régimen de Israel proporcionó asesores militares y armas a un dictador guatemalteco en la década de los ochenta.
Un informe publicado el pasado viernes por el portal The Electronic Intifada desvela que el régimen de Tel Aviv proporcionó entrenamiento militar a las tropas del exdictador Efraín Ríos Montt durante el genocidio de Guatemala en los años ochenta.
El reporte recuerda que el propio Montt reconoció en 1982 durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News que la toma del poder por su régimen fue fácil debido a que muchos de sus soldados “fueron entrenados por israelíes”.
En cuanto a la presencia de armas israelíes, un informe redactado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999 llegó a la conclusión de que durante la masacre en la aldea de Las Dos Erres se usaron balas producidas especialmente para rifles israelíes.
“Todas las evidencias balísticas recuperadas [de la escena del crimen] corresponden a fragmentos de balas de armas de fuego de rifles Galil, producidos en Israel”, se lee en el informe de la ONU.
Como revelaron fuentes de la inteligencia israelí, ese régimen, incluso ofreció helicópteros y armas a Ríos Montt para cometer genocidios y crímenes de lesa humanidad.
En otra parte del informe de The Electronic Intifada se señala que los israelíes buscaban beneficios económicos por encima de otras cosas y que no les importaban lo que hicieran sus asesores ni cómo eran usadas las armas que habían dado a Guatemala.
“No me importa lo que hagan los gentiles con las armas. Lo principal es que los judíos se beneficiarán”, se lee el libro titulado “Dangerous Liaison”, de Andrew y Leslie Cockburn, citando al teniente coronel israelí Amatzia Shuali.
El informe también revela que la cooperación militar entre el régimen de Tel Aviv y Guatemala se remonta a los años 1960 e informa que en el momento que Montt llegó al poder Israel ya se había convertido en el principal proveedor de armas y tecnología militar a Guatemala.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el genocidio acaecido durante el régimen de Ríos Montt fue uno de los más cruentos de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, que dejó un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos.
El muro se construye en el municipio de Tierra Blanca desde el 2014 para evitar que inmigrantes centroamericanos suban al tren conocido como 'La Bestia'.
La empresa Ferrosur y el Gobierno del municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, construyen desde hace poco más de dos años una tapia de tres metros para evitar que migrantes centroamericanos aborden el tren popularmente conocido como ‘La Bestia’.
Si bien en 2014 comenzó a ser construido el muro con ladrillos de concreto con un resorte de púas en la parte superior, ahora la población no sabe qué alcances puede tener la ampliación de esta muralla construida a lo largo de las vías del tren que cruzan casi todo Tierra Blanca.
Diversos medios locales informaron que, desde que fue erigido, el muro no solo impidió a los migrantes subir al tren que los lleva a Estados Unidos, sino acudir al albergue Decanal Guadalupano, donde se les da orientación y cobijo.
El sitio SinEmbargo publicó en ese entonces que la tapia es parte del plan Frontera Sur del Gobierno federal, una política de Estado que pretende ordenar el cruce de migrantes por México.
“Nadie sabe a ciencia cierta quién dio el permiso. Se dice que fue el presidente municipal anterior; que ni siquiera pidieron permiso porque es derecho de vía; otros dicen que la barda cruzará toda Tierra Blanca, y otros más que solamente pasará por un tramo de las vías”, afirmó un vecino de Tierra Blanca al medio local Imagen del Golfo al comenzar el proyecto.
La inminente ampliación de la barda afectaría a familias de doce colonias de Tierra Blanca que no podrían pasar para ir a sus trabajos. Los habitantes quedarían prácticamente encerrados.
Un alcalde de Guatemala promueve el trabajo infantil regalando cajas de lustre de zapatos a niños que apenas superaban los 10 años quienes a duras penas podían sostener la caja con las herramientas cuando dieron la mano a un alcalde orgulloso de este gesto que le puede costar una denuncia por parte de las organizaciones que defienden los derechos de la niñez. (Fuente El Mundo)
Guillermo Tell
Pese a que el Ministerio de Empleo apunta que hay 850.000 menores de 14 años trabajando, algunas ONG, como el Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador (PENNAT) elevan la cifra al millón.
Lo triste del caso es que aunque la coordinadora de PENNAT, Lennina García, considera que la medida del primer edil de la localidad de San Luis, en el departamento de Petén, Jesús Claros Arriaza, en lugar de conceder becas “no resuelve el problema de la pobreza y la desigualdad de los niños”, la titular de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la PDH, Gloria Castro, dijo que habría que verificar si fueron los propios niños trabajadores los que pidieron ese apoyo de alguna manera.
Ante tantas críticas desatadas en las redes sociales, el citado alcalde se defendió alegando que la entrega de las cajas se hizo “a petición de los vecinos”, incluidos padres de menores, lo que testimonia la desesperada pobreza en el país, donde esta vulnerable población comienza a trabajar mucho antes, entre los seis y siete años para ayudar a sus familias.
Según datos de PENNAT, el 65% de los niños que trabaja en el país reside en las áreas rurales, donde realiza labores “más explotadoras, como el corte de caña y picar piedras”. Por su parte, el 35% vive en las zonas urbanas, aunque la mayoría emigró del campo a la ciudad donde acabó viviendo ya sea solo o con sus padres en áreas marginales de mucha pobreza.
El incidente revela por si solo lo mucho que queda por hacer para deshacer desigualdad e injusticia en este mundo, contrastando con informes excesivamente optimas de la ONU.
La masacre ocurrida en la comunidad Las Dos Erres en Guatemala en 1982, donde más de 200 personas fueron asesinadas, según las investigaciones de la fiscalía, es llevada al cine.
Las historias de sobrevivencia del guatemalteco Ramiro Osorio, quientiene recuerdos intactos de lo que vivió a los 5 años, cuando un comando del ejército de Guatemala llegó a su casa, masacró a la gente de su comunidad y se lo llevó, son llevadas a la pantalla grande de la mano del cineasta Steven Spielberg.
Osorio recuerda haber sido esclavo del hombre que lo raptó, torturó e intentó asesinarlo. “Siempre me decía que si pensaba huir de la casa no había manera, que él me podía encontrar hasta cinco metros bajo tierra”. Yo tenía mucho miedo, él fue mi verdugo, me trató como si fuera un esclavo”, recuerda Osorio.
El director Steven Spielberg produce un documental inspirado en la masacre de las Dos Erres.
La masacre ocurrida en la comunidad Las Dos Erres en Guatemala en 1982, donde más de 200 personas fueron asesinadas, según las investigaciones de la fiscalía, es llevada al cine en un documental bajó la producción ejecutiva de Steven Spielberg y que lanza su estreno mundial este fin de semana en el festival de cine de Telluride en Colorado, Estados Unidos.
Festival de cine de Telluride exhibirá filmes basados en historias de Guatemala.
Antecedentes
La historia de la masacre regresó a la boca de todos en agosto pasado cuando el ex soldado Santos López Alonzo, acusado de ser quien secuestró a Osorio, fue deportado de Estados Unidos donde estaba desde 2001. Tras ser detenido la fiscalía le acusó de crímenes contra la humanidad, asesinato y sustracción de menores, los cuales ha negado.
Los hechos ocurrieron el 6 y 7 de diciembre de 1982, cuando esa unidad del ejército llegó a la comunidad ubicada en Petén, en el norte del país. Allí los soldados mientras torturaban y violaban a las mujeres, interrogaban y ejecutaron a los hombres. Para ocultar el crimen los soldados lanzaron a más de 200 personas, algunas vivas, en un pozo.
Años después la Fundación de Antropología Forense de Guatemala llegó al lugar y tras excavar logró recuperar 162 osamentas de adultos y 67 de niños de hasta 12 años de edad.
Uno más
El documental “Encontrando a Oscar” (“Finding Oscar”, en inglés) narra también la historia de Oscar Ramírez, quien también fue secuestrado ese día, a los 3 años de edad.
El cineasta Ryan Suffern explica que cuando conoció a Ramírez y al saber su historia, estuvo a punto de llorar. Ese documental también es parte del Festival de cine de Telluride.
Finding Oscar se basa en una historia de masacre en Guatemala.
“No era precisamente lo que me esperaba, con esa experiencia, era increíblemente amable, maravilloso padre, esposo y muy trabajador”, dijo y agregó que es importante contar la historia para entender “el rol que tuvo Estados Unidos en lo que sucedió en Guatemala … Esta historia tiene muchos matices, no solo el genocidio, sino sobre la política exterior estadunidense y la inmigración”.
Osorio dice que “con el documental lo que se anda buscando es que se haga justicia y que no vuelva a pasar de nuevo lo que pasó en Las Dos Erres”.
Scott Greathead, productor del film y abogado ad honorem, que ayudó a Ramírez a regularizar su estatus migratorio, dice que el documental servirá para educar a los estadounidenses y saber qué fue lo que pasó en Guatemala durante la guerra.
“Usaremos este film para educar a más gente sobre lo sucedido”, y agrega “esperamos que los estadounidenses entiendan por qué los guatemaltecos, hondureños y otros, están aquí, por qué vienen, huyendo de qué”.
Las crudas escenas de las osamentas una encima de otra, de cuerpos que fueron arrojados al pozo, contrasta con las exuberancia de los paisajes guatemaltecos y con la nueva vida de Ramírez y Osorio. Ambos tienen asilo político en Estados Unidos y Canadá por ser sobrevivientes de la masacre.
Referencia de una de las notas relacionadas con la masacre de las Dos Erres.
Gracias a los estatus legales migratorios de ambos, Ramírez y Osorio finalmente pudieron reencontrarse en diciembre de 2015, exactamente 33 años después de haber sido secuestrados.
Pese a que el Ministerio de Empleo apunta que hay 850.000 menores de 14 años trabajando, algunas ONG, como el Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador (PENNAT) elevan la cifra al millón.
