El próximo 13 de abril la Justicia de la provincia del Neuquén, Argentina, definirá los cargos por los que serán llevadas a juicio autoridades tradicionales mapuche que defendieron su territorio de la explotación de hidrocarburos. Tanto la Fiscalía como la querella, piden que Relmu Ñamku sea procesada por tentativa de homicidio mientras que contra el […]
El próximo 13 de abril la Justicia de la provincia del Neuquén, Argentina, definirá los cargos por los que serán llevadas a juicio autoridades tradicionales mapuche que defendieron su territorio de la explotación de hidrocarburos. Tanto la Fiscalía como la querella, piden que Relmu Ñamku sea procesada por tentativa de homicidio mientras que contra el werken (vocero) Martín Maliqueo y el lonko (autoridad comunitaria) Mauricio Raín presentaron cargos por daños agravados.
Los hechos se remontan al 28 de diciembre de 2012. Ese día, la comunidad Winkul Newen resistió un intento de desalojo promovido por una subsidiaria de la empresa norteamericana Apache –comprada en 2014 por YPF. El objetivo de la acción judicial era reactivar la explotación del Yacimiento Portezuelo Norte, emplazado dentro de la comunidad y paralizado desde hacía varios meses por los mapuches. Aquel día la oficial de justicia Verónica Pelayes, ahora querellante en la causa penal, sufrió lesiones al recibir el impacto de una piedra en el rostro, hecho que le imputan a Ñamku y califican como tentativa de homicidio.
Lo ocurrido en aquella jornada se enmarca en el extenso proceso de avances petroleros sobre la comunidad, promovidos por el estado provincial –que otorga las concesiones- y consumado por diferentes empresas –como las norteamericanas Pioneer y Apache en su momento, y que pretende continuar la subsidiaria de YPF, Yacimientos del Sur. Vale decir que todo ello se encuentra en flagrante violación de los derechos indígenas ya que la política hidrocarburífera, tanto en la provincia de Neuquén como a nivel del país, se implementa sin el libre, previo e informado consentimiento de los Pueblos Originarios afectados. Desde hace más de una década esta situación es denunciada por organizaciones indígenas y sociales e, incluso, el entonces Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James Anaya, emitió un documento en el mismo sentido luego de su visita a la Argentina en 2011.
Lamentamos las lesiones sufridas por la oficial de justicia, consideramos que son consecuencia de la violencia generada por la negación derechos al Pueblo Mapuche. Durante más de una década de avanzada petrolera, la comunidad Winkul Newen ha estado expuesta tanto al hostigamiento de la policía y de civiles armados -e incluso niños y ancianos han sufrido graves lesiones. Para ellos no ha habido justicia, como tampoco hay por la violenta afectación ambiental, que impide el normal desarrollo de la vida mapuche al interior de su territorio.
Como capítulo latinoamericano de la Red del Sur Global Oilwatch, consideramos que la mera posibilidad de que una persona sea juzgada y condenada bajo el cargo de tentativa de homicidio por defender su territorio lanzando piedras es un hecho desproporcionado que responde a un nuevo intento de profundizar la criminalización de la protesta social. De haber un fallo condenatorio se sentaría un grave precedente y en el futuro, cualquier persona podría enfrentar los mismos cargos por participar en una protesta en la que se lanzaron piedras.
También queremos expresar nuestra preocupación por el procesamiento de los asambleístas Horacio De Carli, Facundo Scattone, Bernardo Zalisñak, Francisco Larocca y Cesar Arístides Pibernus por el delito de ‘entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre’, dictado por la justicia federal. En agosto de 2014 en Concordia, provincia de Entre Ríos, asambleas socioambientales impidieron durante varias horas el cruce hacia la República Oriental del Uruguay de cuatro camiones que transportaban maquinarias para realizar trabajos de prospección sísmica. Aquella acción fue realizada en el marco de la lucha por la defensa del Acuífero Guaraní, en la que organizaciones de ambos países se oponen a la explotación de hidrocarburos con la técnica de fracturación hidráulica o fracking sobre una de las mayores reservas de agua dulce de la región.
No podemos dejar de mencionar el caso de los trabajadores petroleros de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, que constituye un gravísimo exponente de la criminalización de la protesta social -en el que claramente se busca disciplinar para garantizar la productividad de las empresas. En diciembre de 2013 Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González fueron condenados a cadena perpetua por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006, cuando trabajadores y policías se enfrentaron en el marco de una larga huelga contra la precarización laboral y el cobro del impuesto a las ganancias sobre su sueldo. La sentencia, por la cual también se condenó a otros seis obreros a penas menores, fue apelada por la defensa, que denunció que los testimonios incriminatorios habían sido obtenidos bajo torturas.
Desde Oilwatch Latinoamérica queremos expresar nuestra solidaridad con quienes defienden sus territorios del avance de la frontera extractiva y que hoy enfrentan procesos de criminalización, así como también nos sumamos al pedido de absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras.
Exhortamos a las autoridades argentinas, y en particular al Gobierno de la provincia de Neuquén, a garantizar los derechos fundamentales del Pueblo Mapuche. Asimismo instamos a las autoridades argentinas, y al Gobierno de la provincia de Entre Ríos en particular, a garantizar la preservación del Acuífero Guaraní.
Abril 2015
Oilwatch Latinoamérica
Acción Ecológica (Ecuador), Censat Agua Viva – AT Colombia, FASE (Brasil), Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Observatorio Petrolero Sur (Argentina)
Primeras adhesiones:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Equipo Pueblos Originarios – SERPAJ;
Cortesía de El Ciudadano
Cortesía de El Ciudadano
Cortesía de El Ciudadano
