Ahora tenemos este nuevo caso, en el que una maternidad entera tuvo que ser evacuada para evitar una desgracia, que no ocurrió gracias a la acción de los bomberos, la Guardia Nacional Bolivariana y la comunidad organizada que salió defender el centro de salud.
Ya habíamos alertado sobre el accionar del oposicionismo venezolano cualquier hipótesis extremista que se teja queda no solo confirmada por la realidad, sino rápidamente superada. Pero además que lo más probable – dado su deambular entre el extremismo y la torpeza política, así como la complicidad de gobiernos e instancias internacionales- es que asistamos a un recrudecimiento de su accionar terrorista. Hoy, 24 horas después, ambas alertas han quedado lamentablemente corroboradas.
Y es que al parecer luego del evidente fracaso en que resultó su convocatoria diurna para este 20 de abril, un día después de la del 19 con la cual amenazaron hacer la movilización más grande de la historia venezolana sin éxito, y luego también en que quedara en evidencia una vez más los planes de generar muertos para culpar al gobierno –como el caso que involucra a un militante del partido Vente Venezuela de María Corina Machado en el asesinato de la joven Paola Ramírez- Caracas ha vivido una noche de terror a medias real pero sobre todo virtual (dado el despliegue de redes sociales nacional e internacional que la acompañó magnificándola), cuando bandas criminalizadas tomaron definitivamente la delantera y salieron a quemar y saquear todo a su paso en zonas muy focalizadas de la ciudad.
A este respecto, más allá de los saqueos a algunos establecimientos comerciales en la zona de El Valle, así como otros focos hacia San Bernardino, destaca por su indudable carácter terrorista el ataque contra el hospital materno infantil de El Valle, creado por el presidente Chávez para la atención a madres parturientes de escasos recursos. 54 niños con sus madres debieron ser evacuados ante el ataque, protagonizado por bandas que incluso intentaron quemar el establecimiento. Esto a todas luces constituye más allá de un delito simple un crimen de lesa humanidad, penado por las normas que rigen la materia pues queda claro que atacar establecimientos de salud en situación inclusive de guerra abierta –que no es el caso- es un crimen contra la humanidad.
No es la primera vez que ocurre. Ya en anteriores ocasiones la derecha ha atacado establecimientos de salud y escuelas con niños adentro. En 2013, cuando el actual gobernador Capriles Radonski dio órdenes a sus fuerzas de choque de salir a la calle a “descargar la arrechera” al no aceptar su derrota frente a Nicolás Maduro, 11 personas murieron –incluyendo una niña- y varios módulos asistenciales de salud fueron atacados, sobre todo cuando el periodista de ultraderecha Nelson Bocaranda dijera en un tuit que en tales centros se hallaban urnas electorales escondidas que comprobaban el fraude.
Y en 2014, cuando las acciones de terrorismo callejero convocadas por Leopoldo López y María Corina Machado, que costaron la vida a 43 personas 10 de ellas, funcionarios del orden público, esas mismas bandas criminales lanzaron bombas incendiarias contra un hogar de cuidado diario (maternal-preescolar), lo que pudo terminar en una gran tragedia de no mediar la acción oportuna de los bomberos.
Ahora tenemos este nuevo caso, en el que una maternidad entera tuvo que ser evacuada para evitar una desgracia, que no ocurrió gracias a la acción de los bomberos, la Guardia Nacional Bolivariana y la comunidad organizada que salió defender el centro de salud.
Geografía política de la violencia
Un aspecto que hay que tener claro para evaluar en su justa magnitud lo que está ocurriendo, es saber cuáles son las zonas en las que se está escenificando esta ola de violencia.
En primer lugar, hay que decir que las zonas de violencia siguen siendo en líneas generales las mismas de 2014, con la particularidad que la acciones no se dan en simultáneo como aquel entonces sino consecutivamente (un día en una, otro en otra, y así sucesivamente), lo que pueda dar cuenta de alguna manera de un menor poder de convocatoria. Sin embargo, han sido más violentas y preparadas, lo que dice mucho sobre su carácter poco espontáneo.
Además de las clásicas zonas clase media alta de Caracas y sus alrededores (Chacao, Santa Fe, San Antonio de los Altos, etc.,) que son bastiones históricos de la derecha, destacan sectores de clase media y media baja que se han sumado como también lo hicieron en 2014. Estamos hablando fundamentalmente de El Paraíso y Montalbán en el sur oeste, así como de la parte baja de El Valle. En el caso de los dos primeros, debe tomarse en cuenta que se trata de zonas históricamente ligada a familias pertenecientes a estructuras de la Cuarta República y grupos de poder, tal y como es el caso específico de El Paraíso donde habitan muchos militares retirados ligados a la vieja Guardia Nacional lo mismo que en los bloques de Montalbán.
La parte baja de El Valle tiene características similares, si bien para sectores de menos recursos que fueron beneficiados por políticas de vivienda de los antiguos partidos por ser militantes de los mismos y/o funcionarios públicos. Esto hace que dichos partidos cuenten con simpatizantes entre buena parte –más no todos desde luego- de los que allí habitan.
Pero a esto hay que agregarle un factor que no puede pasar desapercibido. Y es que la parte alta de los barrios de El Valle comunican con la llamada Cota 905, que como es conocido por todos, se trata de un sector convertido en un reducto de paramilitarismo de origen colombiano –si bien ya venezolanizado- dedicado a actividades de secuestro, extorsión y demás formas de economía criminal – entre ellas el contrabando y el llamado “bachaquerismo” (compra para la reventa y/o contrabando de bienes de primera necesidad)-. Y a su vez, este mismo sector (la Cota 905) comunica con El Paraíso y Montalbán, así como con otras zonas como El Cementerio. El diputado de Primero Justicia José Guerra, denunciado por detenidos por los hechos vandálicos de la quema de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en el municipio Chacao, es justamente diputado por esta zona y ha sido acusado reiteradamente de gozar de la complicidad de estos grupos. En las elecciones parlamentarias de 2015, familias chavistas fueron amenazadas de muerte para que no votaran y más de una tuvo que mudarse del sector al ser víctimas de ataques y asesinatos de típico modus operandi del paramilitarismo colombiano. A esta hora de la madrugada del 21 de abril mientras escribimos esta nota, se reportan que muchos detenidos son indocumentados de nacionalidad colombiana. Es una escenario donde el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha recrudecido su posición hostil hacia el gobierno venezolano no es éste un dato menor.
¿Nacimiento definitivo de la parapolítica venezolana?
Así las cosas, siguiendo el patrón uribista-santista del maridaje entre política y paramilitarismo (lo que en Colombia justamente llaman la “parapolítica”), al parecer estamos asistiendo en Venezuela a un punto de no retorno de la derecha ya decididamente colocada al margen de la ley e insurreccionada, utilizando fuerzas de choque mercenarias que se mezclan con jóvenes fanatizados de derecha y personas que tal vez de buena fe y creyendo ejercer su derecho legítimo a la protesta, terminan viéndose involucradas en estos hechos y en algunos casos hasta siendo víctimas.
Una mezcla peligrosa entre el guión colombiano con el yugoslavo, el sirio y el libio, donde grupos delictivos y bandas contrabandistas terminan agenciándose con políticos sin escrúpulos y fanáticos de derecha para cabalgar sobre el malestar social. Una mezcla que, sin embargo, aún no ha podido prender definitivamente la mecha de una explosión social ante la acción oportuna de la autoridad y la resistencia de la población aferrada a la paz.
Luis Salas Rodríguez
Investigador CELAG
