Un alcalde de Guatemala promueve el trabajo infantil regalando cajas de lustre de zapatos a niños que apenas superaban los 10 años quienes a duras penas podían sostener la caja con las herramientas cuando dieron la mano a un alcalde orgulloso de este gesto que le puede costar una denuncia por parte de las organizaciones que defienden los derechos de la niñez. (Fuente El Mundo)
Guillermo Tell
Pese a que el Ministerio de Empleo apunta que hay 850.000 menores de 14 años trabajando, algunas ONG, como el Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador (PENNAT) elevan la cifra al millón.
Lo triste del caso es que aunque la coordinadora de PENNAT, Lennina García, considera que la medida del primer edil de la localidad de San Luis, en el departamento de Petén, Jesús Claros Arriaza, en lugar de conceder becas “no resuelve el problema de la pobreza y la desigualdad de los niños”, la titular de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la PDH, Gloria Castro, dijo que habría que verificar si fueron los propios niños trabajadores los que pidieron ese apoyo de alguna manera.
Ante tantas críticas desatadas en las redes sociales, el citado alcalde se defendió alegando que la entrega de las cajas se hizo “a petición de los vecinos”, incluidos padres de menores, lo que testimonia la desesperada pobreza en el país, donde esta vulnerable población comienza a trabajar mucho antes, entre los seis y siete años para ayudar a sus familias.
Según datos de PENNAT, el 65% de los niños que trabaja en el país reside en las áreas rurales, donde realiza labores “más explotadoras, como el corte de caña y picar piedras”. Por su parte, el 35% vive en las zonas urbanas, aunque la mayoría emigró del campo a la ciudad donde acabó viviendo ya sea solo o con sus padres en áreas marginales de mucha pobreza.
El incidente revela por si solo lo mucho que queda por hacer para deshacer desigualdad e injusticia en este mundo, contrastando con informes excesivamente optimas de la ONU.
El informe, titulado Flawed fabrics (Tejidos defectuosos) y fechado el pasado mes de octubre, vuelve a sacar los colores a algunos de los principales gigantes mundiales de la moda por beneficiarse de las “graves violaciones de los derechos humanos y laborales” de decenas de miles de niñas y adolescentes indias que son “atraídas mediante engaños y falsas promesas” a las casi 1.600 factorías textiles que inundan Tamil Nadu –uno de los mayores centros mundiales de fabricación y distribución de prendas de vestir–, donde trabajan en “condiciones espantosas que equivalen a trabajos forzados”.
El estudio lamenta la “alarmante falta de transparencia” tanto de los productores de Tamil Nadu como de las firmas intermediarias y las compradoras finales, y enfatiza que estas últimas “apenas proporcionan información acerca de sus proveedores, lo que hace muy difícil exigir responsabilidades” a las compañías occidentales sobre las “violaciones” cometidas en sus “cadenas de suministro”. Los autores del informe consideran que la responsabilidad de las grandes firmas de moda “se extiende más allá de sus proveedores de primer nivel, hasta los segundos y terceros niveles”, incluyendo las macrofactorías de Tamil Nadu.
Un portavoz de Cortefiel señaló que la compañía “rechaza cualquier forma de trabajo que sea contraria a los derechos humanos”, y aseguró, sin mayores precisiones, que “la verificación externa de nuestros proveedores es la mejor del mundo”. Carrefour España, por su parte, rehusó ofrecer su versión.
