Los gobiernos entregan bienes a empresas que provocan daños irreparables a la ecología, dicen
Octavio Vélez Ascencio | La Jornada
Pobladores del municipio de San José del Progreso, agrupados en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), bloquearon los accesos de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía méxico-canadiense Cuzcatlán, para demandar que se cancele la concesión y su cierre definitivo.
Bernardo Vásquez Sánchez, portavoz de los inconformes, dijo que la operación de la mina causa destrucción y despojo de ríos, bosques, reservas de minerales, saberes tradicionales, formas de organización, autonomía, tranquilidad, salud, libertad y hasta la existencia de su pueblo.
Nos hemos visto obligados a organizarnos y luchar para defender los lugares en que vivimos porque están siendo usurpados, apropiados, contaminados y transferidos por los gobiernos a empresas nacionales y trasnacionales y que sólo dejan daños a la naturaleza, que amenazan con ser irreversibles, dijo.
El Estado Mexicano debería defender los intereses del pueblo, pero no ha hecho otra cosa que simular el cumplimiento de las leyes y permitir abierta o encubiertamente todas las vías para facilitar la devastación ambiental del país, se quejó.
Expuso que en San José del Progreso y otros pueblos circunvecinos, la operación de la mina La Trinidad dejará enormes ganancias a los dueños, peroun rastro de sequía, destrucción de suelos, contaminación del aire, persecución política y división en las comunidades.
Vásquez Sánchez destacó que los derechos de su pueblo se han violentando pues la concesión fue otorgada en las tierras reconocidas en su favor con resoluciones presidenciales.
El 6 de mayo del 2009, pobladores agrupados en la CPUVO fueron desalojados de un bloque similar instalado en marzo de ese año por agentes de las policías federal y estatal.
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