A dos años del golpe de Estado y del asesinato del primer mártir del Frente Nacional de Resistencia Popular, Isis Obed Murillo, dos desconocidos asesinaron a tiros al periodista Adán Benítez.
Foro Bolivia
Tegucigalpa. A dos años del golpe de Estado y del asesinato del primer mártir del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Isis Obed Murillo, dos desconocidos asesinaron a tiros al periodista Adán Benítez, miembro del equipo de Radio Macintosh y de Canal 13, de la norteña ciudad de La Ceiba.
Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde del martes anterior, cuando el comunicador, de 42 años de edad, cayó abatido a balazos cuando desde su centro de trabajo se dirigía hacia su hogar, en el barrio Independencia, sector de la Calle 13, en esta turística capital del Atlántico de Honduras.
El repudiable acto sucedió apenas horas antes que la Comisión de Verdad, integrada a pedido de organismos de derechos humanos nacionales y del FNRP, rindiera un informe parcial de sus pesquisas para establecer responsabilidad de autores intelectuales, materiales, por acción u omisión.
La víctima anterior de esta campaña de terror contra la prensa hondureña, fue el compañero Héctor Francisco Medina, del equipo de prensa del canal televisivo Omega Visión, quien fue interceptado por dos desconocidos cuando estaba a pocos metros de su casa, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro.
Con este caso, ya son 12 los asesinatos de comunicadores que se han registrado desde el golpe de Estado de junio de 2009; todas las víctimas han sido durante el régimen de Porfirio Lobo Sosa, que sumió la titularidad del Poder Ejecutivo el 27 de enero y en el marco de las elecciones realizadas tras la asonada civil-militar.
Debido a que los malvivientes despojaron a la víctima de todas sus pertenencias, la policía dijo que aparentemente Benítez fue víctima de un asalto por robo.
Un reciente informe de la organización Comité de Libre Expresión (C-Libre), que defiende los derechos humanos de los periodistas en Honduras, señala que "el Estado ha mostrado incapacidad institucional para prevenir las violaciones, investigar, sancionar a los perpetradores y resarcir a las víctimas por los daños causados".
Y lo más preocupante es que "la mayoría de las muertes permanece en una situación de preocupante impunidad".
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