El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, denunció este viernes a través de un comunicado que el Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) ha estado falsificando centenares de actas de escrutinios y boletas electorales de los comicios presidenciales realizados el pasado 6 de noviembre en el país suramericano.
El ente electoral explicó en el documento que el objeto de Alianza PLI es sembrar confusión dentro de la ciudadanía y en algunos medios de comunicación social nicaragüense con respecto a los resultados que arrojó como vencedor al primer mandatario nacional reelecto, Daniel Ortega, con más del 60 por ciento del apoyo en las urnas.
El organismo refirió que “la alteración de las boletas electorales forman parte del plan de terror y caos que el partido opositor ha orquestado con el propósito de no aceptar los resultados oficiales de la jornada electoral”.
“Reiteramos a la ciudadanía que los únicos resultados electorales oficiales son los dados a conocer por el Consejo Supremo Electoral, tal y como lo establece la Constitución Política y la Ley Electoral” señaló el texto.
En el comunicado, la institución nicaragüense recordó que Alianza PLI efectuó diferentes actos vandalicos en el desarrollo de los comicios. El balance del CSE detalló que la tolda política promovió la quema 16 Juntas Receptoras de Votos, material electoral y vehículos de funcionarios electorales, así como las manifestaciones callejeras en las cuales han resultado ciudadanos afectados.
Por otro lado, treinta y dos personas, entre ellas tres policías, serán acusadas por la muerte de al menos cuatro personas y lesiones a 50 policías en varios hechos de violencia desatadas por la alianza PLI–MRS, en venganza porque perdió las elecciones generales del domingo pasado, informó el viernes el fiscal Armando Juárez.
Juárez dijo que 24 personas fueron acusadas el jueves en el juzgado de Siuna por el asesinato del secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la localidad de Coperna, Donaldo Martínez.
Además, serán acusados por los delitos de homicidio frustrado, obstrucción y lesiones gravísimas contra 7 policías que fueron emboscados el martes por activistas del PLI en la comunidad Coperna, a unos 20 kilómetros de Siuna, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Otros policías han resultado heridos durante el desalojo de los activistas del PLI, durante acciones violentas de estos, contra civiles e instituciones públicas.
Juárez agregó que otras ocho personas, entre ellas tres oficiales de policía y el secretario político del FSLN en San José de Cusmapa, Madriz, serán acusados por el asesinato de tres personas de una familia y lesiones graves contra dos más ocurridas en la comunidad de El Carrizal, ocurrido el martes pasado.
Los muertos fueron identificados como Mercedes Tórrez Pérez, y sus hijos José Ariel Torres (de 22 años) y Elmer Torres Cruz (de 25). Irene Mejía Cruz, esposa de Mercedes, acusó por la muerte de su esposo y sus hijos al jefe de la policía de Cusmapa, subcomisionado Elvin de Jesús López Aguilera; al secretario político del FSLN, Jesús Herrera Zepeda y a Eusebio Cruz Montenegro, funcionario del Consejo Electoral de la misma localidad.
El fiscal Juárez dijo en conferencia de prensa que ordenó la captura de los miembros de la institución policial y del secretario político del FSLN que se vieron involucrados en el crimen de El Carrizal, quienes están bajo resguardo preventivo.
Dijo que lamentaba los hechos y advirtió a la dirigencia del PLI “que no continúen promoviendo e incentivando la violencia, ni movilizando a sus simpatizantes con la intensión de provocar los resultados que hoy lamentablemente tenemos”.
El fiscal dijo que el PLI mantenía “una actitud anárquica, agresiva, confrontativa de movilización”, desde antes de los comicios denunciada por el Consejo Supremo Electoral.
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