No todos los gobiernos vigilan con igual empeño a sus ciudadanos mientras estos utilizan la Red; entre quienes se llevan el dudoso honor de ser los más atentos al flujo virtual se encuentran las autoridades de Estados Unidos, India y Francia.
El grado de libertad que permite Internet a sus usuarios es enorme y, bien utilizada, puede expandirse hacia ámbitos sumamente fértiles para el desarrollo personal. Quizá por esta razón existen numerosos poderes interesados en la paulatina restricción de libre movimiento en la red, voceros del status quo que invocando los supuestos delitos que se cometen al amparo de la falta de identidad clara de los internautas, buscan imponer un sistema de vigilancia acaso mucho más efectivo que el que ya existe en el mundo exterior.
Hace poco Google difundió un documento titulado “Transparency Report” en el que relaciona el número de solicitudes recibidas para que remueva contenidos de sus servicios o entregue información de sus usuarios con los gobiernos nacionales y cortes jurídicas que le dirigen dichas solicitudes. Cabe aclarar que el segundo caso se trata de una petición formal por parte de una autoridad gubernamental a Google para que este identifique a un usuario y vigile su actividad en Internet.
Según este reporte, que toma en cuenta los primeros seis meses de 2011, Estados Unidos es el país que más solicitudes de información de un usuario dirigió a Google, con un total de 5,950; en segundo lugar está India, con 1,739; en tercero Francia, con 1,300 (al parecer las autoridades francesas no renuncian a su añeja tradición de “vigilar y castigar”); en cuarto y en quinto los gobiernos del Reino Unido y Alemania, con 1,273 y 1,060, respectivamente.
En el caso de América Latina, el país que parece que más vigila a sus internautas es Brasil (en séptimo lugar general), cuyo gobierno hizo a Google 703 peticiones de información; Argentina (en el catorceavo lugar general) es el segundo país latinoamericano de este ranking con 134 solicitudes. México, Rusia y Suiza (una tercia sumamente distinta entre sí), son los últimos tres de los 27 gobiernos nacionales que se contemplan en las estadísticas.
Si bien este “Transparency Report” nos permite tener una idea general del grado de vigilancia virtual imperante en estos países, sin duda deberíamos tomarlo con cautela, más como una muestra más o menos limitada que como un estudio concluyente. Y quizá uno de los motivos más decisivos para dudar de las cifras que nos ofrece Google, entre varios otros que se podrían argüir, es la monumental ausencia de China en estos datos sobre vigilancia en Internet.
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