Las Naciones Unidas por fin reconoció lo que varias ONG habían denunciado: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) asesinó a civiles durante sus operaciones militares en Libiapara derrocar al gobierno de Muamar al Gadafi.
El texto será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y muchos analistas lo consideran lleno de ambigüedades, al punto de afirmar que las fuerzas de la alianza no asesinaron de forma deliberada, y en los casos en que ocurrió “no se puede determinar si, al atacar, la organización tuvo en cuenta el objetivo de evitar muertes de civiles y si tomó todas las precauciones a este propósito”.
Otras de las contradicciones del documento se aprecian en el momento en el que la comisión aborda el asesinato de Gadafi. El mandatario libio fue apresado con vida. Los vídeos tomados con teléfonos móviles en el momento de su captura cuando intentaba huir de la ciudad de Sirte apuntaban a que fue maltratado y, probablemente, ejecutado de manera sumaria.
Sin embargo, la comisión alega que no ha podido tener acceso a la autopsia ni pudo entrevistarse con testigos directos de la muerte, por lo que “es incapaz de confirmar que la muerte de Muamar al Gadafi fue un asesinato ilegal”. A esa misma conclusión llegó la comisión en el caso de Mutassim, hijo de Gadafi igualmente apresado en Sirte.
La comisión también tenía el mandato de identificar a los responsables de las atrocidades para poder exigir medidas de asunción de responsabilidades. El grupo de expertos ha podido establecer una lista de personas ligadas a violaciones de los derechos humanos y la entregará en breve a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
No obstante, la comisión considera “imperativo” que se establezcan localmente mecanismos para lograr la asunción de responsabilidades de los autores de estos crímenes. “El sistema judicial no funciona efectivamente y sufre de haber sido usada como una herramienta de represión. La mayoría de los detenidos todavía son retenidos fuera del marco legal, a pesar de los esfuerzos para centralizar las detenciones”, se lamentan.
Es por todo ello que la comisión reclama a las nuevas autoridades libias que se investiguen de forma independiente todas las violaciones a los derechos humanos, incluidas las cometidas por las fuerzas opositoras, y que juzguen a sus responsables.
(Tomado de Público.es)
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