La Coordinadora para la Prevención de la Tortura encontró que, durante 2011, se duplicaron las denuncias de torturas y malos tratos durante las movilizaciones sociales en el Estado Español. El fenómeno aumenta no sólo con los activistas: también con los extranjeros y los presos
ADAZAHIRA CHÁVEZ
Estado Español. Durante el 2011, año de nacimiento del movimiento 15M, el número de personas afectadas por hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes tuvo, informa la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), un “aumento espectacular” en el estado Español: de 540 afectados en 2010 pasó a 853 en 2011; es decir, un aumento de 58 por ciento. A esto contribuyen los episodios ocurridos durante movilizaciones sociales, que ha pasado de suponer 200 personas afectadas en 2010 a 433 en 2011: un incremento del 116 por ciento.
La tortura en España es un hecho que ha sido sistemáticamente denunciado e investigado por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y, en el ámbito doméstico, la propia CPT, organización que integra a 48 asociaciones y entidades de todo el Estado español, cuyo objetivo es velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado. La Coordinadora presentó este 1 de junio en Sevilla su informe anual, que comprende solamente los casos en que han obtenido suficiente información para ser contrastada. Advierten que “muchos casos de tortura o agresiones por parte de las FCSE (Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) o funcionarios de prisiones no se denuncian, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, sea pública o privada. Esto quiere decir que los datos presentados… son sólo un fragmento de una realidad más amplia, de la que desconocemos su extensión real”.
El CPT considera que existen tres elementos que dan sistematicidad a la tortura: el régimen de detención incomunicada, el aislamiento penitenciario y la impunidad, que se refleja en la falta de investigación real e independiente y en los indultos y gracias que son otorgados a los funcionarios que llegan a ser condenados, como regímenes penitenciarios especiales e incluso promociones laborales. Aunque Amnistía Internacional no considera que la tortura sea sistemática en España (la considera “estructural”), sí se ha pronunciado reiteradamente contra el régimen de detención incomunicada que priva en ese país. Otros organismos que también denuncian tal figura son Comité contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Actualmente, denuncia AI, “en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros cinco sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
El factor 15M
“En comisaría empezó lo peor. A unos compañeros les pateaban y les amenazaban…Nos aporreaban las celdas cuando dormíamos, nos decían mal las horas para desorientarnos”. Este es el testimonio que dio a Periodismo Humano un participante del 15M sobre el maltrato al que fue sometido después de ser detenido este 12 de mayo en el desalojo de la Plaza del Sol.
De las 433 personas que sufrieron tortura o maltrato durante la represión a movilizaciones sociales, el 57 por ciento (246) correspondieron a participantes del 15M. El mayor número de estos episodios se dio en Barcelona y Madrid. En cambio, en Euskal Herria no se presentó un aumento de episodios influido por la represión al 15M; ahí el 74 por ciento de los malos tratos se da durante movilizaciones sociales, 45 por ciento de los cuales sucedió durante el desalojo del centro social ocupado “Kukutza”.
La mayoría de los malos tratos referidos a movimientos sociales se producen en la disolución de concentraciones y en el desalojo de inmuebles ocupados. Asociado con este factor, recientemente el gobierno anunció su intención de endurecer el Código Penal por medio de la restricción del derecho de reunión y la ampliación de conductas consideradas atentado contra la autoridad, delitos de desorden público y de integración en organización criminal, incluyendo la resistencia pasiva.
El racial profiling
J.L.S.R., varón salvadoreño de 41 años internado en el CIE –Centro de Internamiento de Extranjeros- de Zapadores (Valencia), denunció ante el Juzgado de Guardia haber sido agredido físicamente e insultado por un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) encargado de su custodia. En concreto denunció haber sufrido puñetazos y patadas en pecho y piernas de un policía mientras otro observaba y reía. Tras esta primera situación, poco después un tercer policía también le agredió, golpeándole en espalda y nuca y advirtiéndole de que no presentase ninguna queja. Dos días tras estos hechos, comenzó a escupir sangre y fue trasladado al Hospital Doctor Peset, cuyo informe médico de urgencias refiere “traumatismo torácico”. Informe del CPT.
La segunda situación en la que el CPT registró el mayor número de torturas o tratos crueles fue la referida a los inmigrantes, con 110 personas afectadas de las que se pudo constatar la información. El lugar con el mayor porcentaje de casos resulta ser los CIE, lugares donde se detiene a los extranjeros que están en proceso de expulsión.
En el informe “Crisis de identidad. Tortura y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado”, Amnistía advierte que “estas violaciones de derechos humanos a menudo parecen derivarse directamente de la aplicación deliberada de «criterios raciales» (la expresión «racial profiling», utilizada en el texto original, se refiere al trato injusto que aplican los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a las personas basándose en la raza o el origen étnico) por parte de los agentes de la ley para determinar si dar el alto y registrar o no a un individuo”.
Las violaciones a los derechos de las personas extranjeras o de minorías étnicas se originan en muertes bajo custodia policial, violaciones y agresiones sexuales, detención arbitraria y maltrato, malos tratos a los niños, malos tratos a los adultos durante el procedimiento de expulsión y en CIE, y la no protección ante la violencia racista.
La asociación SOS Racismo considera, en su informe anual 2011, que “tratar de que estas personas abandonen el territorio (el municipio, la provincia, la Comunidad Autónoma o mejor, el Estado), conseguir beneficios sexuales aprovechando su situación de vulnerabilidad administrativa o el odio xenófobo per se son algunos de los móviles de la práctica del maltrato, del abuso y/o de la tortura… Denunciar estos atropellos es particularmente complicado (…) Muchas de las personas que son agredidas y vulneradas en sus derechos, se encuentran en situación irregular y ello acrecienta el miedo a presentar una denuncia”.
El caso vasco
“Estando desnuda me echan agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces seguidas. En el ano y en la vagina… me meten un poco un objeto… me envuelven en una manta y me dan golpes…me grita al oído… «Te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras»”.Testimonio de Beatriz Etxebarria, marzo de 2011.
En el informe de la CPT, Cataluña y los territorios vascos resultaron con el mayor número absoluto de casos de torturas y maltratos durante 2011, con 241 y 158 casos documentados por la asociación, respectivamente.
La fundación Euskal Memoria presentó recientemente un resultado parcial de su censo de vascos torturados en los últimos 50 años y calculó 10 mil, aunque estima que apenas el 25 por ciento de esos casos está detectado. Encontraron numerosos casos de personas que, pese a las graves secuelas (físicas o sicológicas) que les dejó la tortura, lo consideraron en cierta medida como algo “normal” dentro de la situación de conflicto político y armado que ha vivido Euskal Herria. El gobierno español desestima las acusaciones y contesta que denunciar torturas es parte del manual de militantes de la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
El periodista Alberto Pradilla escribe: “Puede que me equivoque, pero no conozco ningún colectivo en el contexto europeo con mayor contacto con el sufrimiento, a edades tan tempranas, y con mayor capacidad de afrontar y superar el horror tangible e hipotético a fuerza de mirarlo a la cara”.
La impunidad
F.S.J., hombre preso… ciego de los dos ojos y con un historial médico complejo… fue agredido por funcionarios de prisiones… Un parte médico de urgencias refiere “Dientes rotos, contusiones por todo el cuerpo, tobillos “desencajados” pues le colgaron con una cuerda atado a una cama en posición vertical, labios rotos, heridas en la cabeza de hasta 12 grapas y lesión en cervicales”. La denuncia fue finalmente archivada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santoña por “falta de autor conocido”. Informe del CPT
Con 71 afectados, los casos de tortura y malos tratos documentados contra personas presas constituyen otro caso numeroso, además de los 18 casos de personas maltratadas bajo detención incomunicada. Se tuvo constancia también de 51 personas fallecidas al estar bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por como resultado de la actuación de éstas en intervenciones policiales.
En este y otros casos, la impunidad es uno de los factores que refuerza la persistencia de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Estado Español. El desconocimiento sobre la dimensión real del fenómeno se debe a la falta de denuncia, que a su vez es motivada por el temor a las contradenuncias de los agentes implicados y a la desconfianza en las investigaciones.
Decía un testimonio anónimo en la página de internet de NAIZ: “Demasiada gente ha sufrido torturas en este país. Es de las peores cosas que le puede pasar a una persona y a su entorno. Yo soy la hija de un torturado… No se lo recomiendo a nadie: ese desamparo, esa impotencia, ese terror de saberlos en manos de torturadores profesionales, el no saber qué les está pasando, hora tras hora durante los 5 interminables días…Como a nosotros les (ha) pasado a miles. Es un sufrimiento silente que está dentro de cada persona que ha pasado por ahí y está completamente olvidado institucionalmente. Miran a otro lado y es vergonzoso, realmente el que mira a otro lado es cómplice porque esa impunidad les protege para la próxima vez… Las víctimas de tortura son las grandes olvidadas”.
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