La plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, volvió a ser ocupada por indignados egipcios que denuncian un "golpe blando" militar
Mientras Estados Unidos se limita a alentar un proceso de transición que da crecientes señales de deterioro
Manifestación en la plaza Tahrir el 2 de este mes ( Gigi Ibrahim)
La secretaria de Estado (canciller) estadounidense, Hillary Rodham Clinton, insistió el jueves 14 que Washington aún espera en Egipto una “plena transferencia del poder a un gobierno civil elegido democráticamente”.
“No puede haber retrocesos en la transición democrática pedida por el pueblo egipcio”, dijo Clinton en reacción a la noticia de que la Corte Suprema Constitucional de Egipto disolvió el parlamento, en vísperas de la segunda ronda de las elecciones presidenciales, este sábado 16 y domingo 17.
“Ahora, en última instancia, depende del pueblo egipcio decidir su propio futuro, y esperamos que las elecciones de ese fin de semana sean realizadas en una atmósfera que les permita ser pacíficas, justas y libres”, añadió.
Sin embargo, varios expertos opinaron que las últimas medidas adoptadas por la Corte Suprema y por el gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que asumió también el Poder Legislativo tras la disolución del parlamento, han puesto en duda todo el proceso de transición.
Por tanto, el gobierno de Barack Obama tendría que revaluar toda su política hacia Egipto, coinciden.
“Estados Unidos debería examinar las acciones del CSFA muy cuidadosamente y mantener en reserva la opción de suspender la asistencia militar si este no toma las acciones que corresponden en esta situación”, opinó Michelle Dunne, directora del Centro Rafik Hariri para Medio Oriente del no gubernamental Atlantic Council.
“El parlamento era bastante activo y disfrutaba de mucho apoyo popular”, dijo a IPS la experta, también copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Egipto, colectivo de expertos que asesoró a la Casa Blanca en los últimos 18 meses.
“Su disolución crea una atmósfera inestable en vísperas de la ronda final de las elecciones presidenciales este fin de semana”, añadió.
Otros analistas alertaron que los últimos acontecimientos amenazaban con arrastrar a la violencia abierta al principal aliado árabe de Washington y desatar una crisis potencialmente tan desastrosa como la que consumió a Argelia después de que fueran canceladas las elecciones de 1991, en las que el gobernante Frente de Liberación Nacional fue derrotado por los islamistas.
“¿Qué es lo que sigue? ¿Una réplica de lo ocurrido en Argelia en 1991?”, preguntó Marc Lynch, especialista en Medio Oriente de la Universidad George Washington, en su influyente blog Foreignpolicy.com.
“Las medidas adoptadas hoy por la Corte Suprema Constitucional en nombre del CSFA parecen difíciles de superar, y probablemente conducirán a Egipto a un nuevo y peligroso camino”, añadió.
La decisión de disolver el parlamento fue el último de una serie de acontecimientos políticos que debilitaron severamente el argumento de Washington de que los militares egipcios están dispuestos a entregar el poder a un gobierno civil y electo democráticamente, como parte de un proceso de transición iniciado luego del derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak (1981-2011).
Además de disolver la asamblea legislativa, en la que los partidos islamistas tenían tres de cada cuatro bancas, la Corte también emitió un fallo estableciendo que Ahmed Shafiq, último primer ministro de Mubarak, no podía ser descalificado como candidato presidencial, a pesar de que una ley aprobada por el parlamento prohibía postularse personas que hubieran ocupado altos cargos del antiguo régimen.
Shafiq, quien inició tarde su campaña presidencial, quedó segundo en la primera ronda de los comicios, detrás de Mohamed Morsi, candidato del Partido Libertad y Justicia, de la Hermandad Musulmana.
Los fallos fueron antecedidos por un decreto del CSFA, el miércoles 13, que en los hechos volvió a imponer la ley marcial en el país, permitiendo que militares arresten a civiles para ser juzgados en tribunales castrenses.
El decreto parecía diseñado especialmente para restaurar de alguna manera los poderes que tenían los militares bajo las leyes de emergencia de la era Mubarak, anuladas en mayo.
En sus declaraciones, Clinton dijo que el gobierno estadounidense estaba “preocupado” por ese decreto.
“Aun si es temporal, parece expandir el poder de los militares para detener civiles y reducir las libertades”, señaló.
Todo esto ha llevado a observadores a señalar que los militares egipcios no están dispuestos a ceder el poder, y que en los hechos están dando un nuevo golpe de Estado.
“Lo que comenzó como un golpe en cámara lenta, está dejando de moverse en cámara lenta”, alertó Nathan Brown, experto en Egipto de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, a través de Foreignpolicy.com.
Por su parte, Tom Malinowski, jefe de la oficina en Washington de la organización Human Rights Watch y exmiembro del bipartidista Grupo de Trabajo sobre Egipto, opinó que el gobierno de Obama debía revaluar sus hipótesis sobre las Fuerzas Armadas egipcias.
“Estas últimas medidas definitivamente ponen en cuestión la premisa en base a la cual el Departamento de Estado decidió eludir este año las restricciones a la ayuda a los militares” egipcios, dijo.
“Claramente había una amplia expectativa de que, aunque los militares se esforzarían por preservar una buena parte del poder detrás de escena, al menos permitirían una transición a un gobierno civil electo. Estos acontecimientos no van de acuerdo con esas esperanzas”, señaló.
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