Honduras se prepara para la construcción de unas polémicas ciudades-modelo, con grandes niveles de autonomía, una iniciativa del gobierno cuyos detractores ven como una pérdida de soberanía por parte del Estado.
La iniciativa de las oficialmente llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) data de 2011, pero recobró fuerza esta semana, después de que la Comisión para la Promoción de Alianzas Público Privadas (Coalianza) firmó el primer acuerdo con una empresa de Estados Unidos para llevar adelante el proyecto.
El convenio fue suscrito por el presidente de Coalianza, Carlos Pineda, y el representante del Consorcio MKG Group, Michael Strong, quien aseguró el martes que el objetivo de su empresa es “crear la base para una comunidad segura y próspera para los hondureños”.
Aún no hay una fecha de inicio de las obras ni tampoco está claro dónde se levantará la primera RED, que el gobierno de Porfirio Lobo defiende como una vía para atraer inversión nacional y extranjera, generar empleos y mejorar la calidad de vida de los hondureños. El proyecto de las RED fue aprobado en 2011 por 126 de los 128 diputados del Legislativo, e implicó la modificación de dos artículos constitucionales.
“Las Regiones Especiales de Desarrollo están sujetas al Gobierno Nacional en todos los temas relacionados a soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes”, subraya el decreto aprobado por los diputados, pese a la oposición de varios sectores.
Estas ciudades modelo tendrán personalidad jurídica, su propio sistema de administración pública y su propia normativa legal, aunque sujeta a la aprobación del Parlamento hondureño. Cuando comenzó a promover la idea, Lobo explicó que esos enclaves tendrían una extensión de unos 1.000 kilómetros cuadrados y se regirían por “reglas especiales”, para permitir “que la inversión fluya sin ninguna restricción y haya confianza”. Los sectores que se oponen a las ciudades-modelo alegan que Honduras perdería soberanía con las RED, lo que han negado tanto Lobo como el titular del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández.
El analista político Raúl Pineda, exdiputado ante el Parlamento Centroamericano, aseguró a Efe las empresas que construirán las ciudades modelo tendrán “el derecho exclusivo a la administración de justicia“. Los nuevos asentamientos además podrá “tener su propia fuerza policial, su propia moneda”, es decir, se constituirían en “un estado pequeño pero más fuerte que el propio Estado nacional”, afirmó Pineda, quien recordó que cuando se elaboró el proyecto legislativo de las RED denunció su “inconstitucionalidad”. El partido Libertad y Refundación (Libre), que coordina el Manuel Zelaya, derrocado de la Presidencia hondureña en junio de 2009, rechazó “categóricamente” la puesta en marcha de la ley de las denominadas “ciudades modelo” porque “es una abominación contra la soberanía nacional”.
En un comunicado, Libre señaló que los argumentos utilizados por Lobo para justificar las ciudades modelo “reflejan bien la irresponsabilidad del Congreso Nacional, o bien los fines aviesos de terminar de vender en forma intencionada lo que nos queda de patria”.
“Invocar casos de países asiáticos como Singapur y Corea del Sur para imponer estas ciudades como paradigma de desarrollo, representa una inmensa burla contra el pueblo hondureño”, indicó Libre. Pero el presidente del Parlamento, quien fue testigo de honor del acuerdo que firmaron Coalianza y MKG, dijo que el inicio de lo que será el proyecto RED es de “gran trascendencia” para el país.
El diputado Hernández, que busca la candidatura presidencial por el gobernante Partido Nacional en los comicios de 2013, dijo que en principio las ciudades modelo generarán 5.000 empleos y la primera inversión será de unos 15 millones de dólares. Sostuvo que con las ciudades modelo, a Honduras le puede ocurrir algo similar que a Singapur y Corea del Sur, países que hace “60 años estaban en peor condición que los hondureños” y ahora son potencias emergentes. El diputado Toribio Aguilar, del minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, dijo a Efe que el proyecto RED podría traer “muchos beneficios” para Honduras, pero que “bajo las presentes circunstancias de inseguridad jurídica” no le ve “ningún futuro”.
VIA El Tiempo
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