DIARIO OCTUBRE – Senadores paraguayos pidieron hoy juicio político y sanciones penales para el presidente Federico Franco por irregularidades en su declaración de bienes y aumento en siete veces de su fortuna personal en solo cuatro años, reporta PL.
Esas demandas se unieron a nuevos reclamos por el mismo hecho aparecidos en la prensa y redes sociales y a la admisión por un fiscal público de una eventual acusación si de la investigación que se hará surgen suficientes elementos de culpabilidad.
La mencionada declaración rendida a la Contraloría el pasado mes de agosto por Franco sumergió en una verdadera tormenta política al hombre que asumió la presidencia de la República el pasado mes de junio tras la expedita destitución del mandatario constitucional, Fernando Lugo.
El senador del partido País Solidario, Carlos Fillizola, dijo que el descubrimiento hecho con la publicación sobre el incremento del patrimonio personal de Franco, unido a las anteriores acusaciones de nepotismo existentes contra él, ameritan se le someta a un juicio político.
Por su parte, el senador Hugo Estigarribia, del Partido Colorado, afirmó que la Fiscalía tiene que investigar a Franco, pues sus justificaciones sobre el tema no lo eximen de la correspondiente responsabilidad penal por lo ocurrido y se le puede acusar de declaración falsa.
Paralelamente, el Fiscal Anticorrupción Carlos Arregui declaró que, a pesar del intento de Franco de “arreglar” su declaración de bienes, la Contraloría puede determinar eso no es compatible con los hechos y entonces el Ministerio Público abrirá una investigación penal.
Mientras tanto, el diario Ultima Hora, medio de difusión en el cual se publicó inicialmente la denuncia, dedicó hoy el título principal de su portada a señalar que las explicaciones de Franco no convencen y continuó divulgando gran cantidad de opiniones de sus lectores en ese sentido.
En realidad, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por tratar de soslayar la repercusión del incidente, éste devino principal tema en la actualidad política y sigue afectando sensiblemente la credibilidad pública del ocupante del Palacio de López.
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