“Su señoría, diputado, diputada del Partido Popular, estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar. Si no se cambia esta ley tan injusta voy a perder mi casa y arrastraré de por vida una deuda que me condena a vivir fuera del sistema”, es el testimonio de muchos españoles expresado en un video.
Señalar públicamente a los políticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular contra losdesahucios -”sí se puede, pero no quieren”-. Una presión social que se traslada a las casas de los diputados para pedir la paralización de los desalojos, portales empapelados y discursos dirigidos a sus ventanas y también a los lugares de trabajo.
Es el escrache, un término de uso común en Argentina y nacido para identificar a algunos miembros responsables de la dictadura de Videla.
En España, unas campañas de información, defienden desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que se está criminalizando, según indican.
Algunos de los parlamentarios señalados ya han denunciado acoso y coacción en los tribunales. Desde los partidos políticos han condenado el escrache. Algunos han ido más allá: una actitud nazi, dicen desde el PP, o acciones idénticas, explican, a las de la kale borroka, la violencia callejera y el acoso de los grupos simpatizantes de la organización terrorista ETA. Valoraciones completamente desproporcionadas, según la Plataforma.
“Lo que estamos hablando es de los gritos de las víctimas que están sufriendo violaciones sistemáticas de derechos humanos pidiendo que cesen. A estas personas no les han puesto una pegatina en la puerta de su casa, a estas personas grupos armados han roto la puerta de su casa y les han puesto en la calle, por medio de la violencia, al amparo de un procedimiento ilegal”, asegura Rafael Mayor, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Se trata de un movimiento, de unas acciones que pretenden ser pacíficas. Sin embargo, se está tratando de desviar la atención de lo que es realmente importante. “El Gobierno, los banqueros y los grupos de lobby de este país están realmente asustados, por lo que ha dicho el Tribunal Europeo”, afirma Felicidad Velázquez, miembro de la PAH.
El 14 de marzo la Unión Europea resolvió que la ley hipotecaria española viola el derecho comunitario. No protege a los ciudadanos ante las cláusulas abusivas de los bancos. Decenas de personas acuden a los juzgados para pedir la anulación de sus ejecuciones hipotecarias, una petición conjunta basada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace 2 semanas.
Una resolución que aparentemente el Gobierno tratará de incluir en la nueva ley sobre desahucios que se tramita en el Parlamento, pero en la que previsiblemente no estarán las demandas de la PAH: la paralización, la dación en pago, y las viviendas sociales. “Si ellos cuando se discuta la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) optan por apretar el botón rojo volverán a llevar a los ciudadanos y ciudadanas de este país a una situación de desesperación”, aseguró Velázquez.
Por eso aseguran que seguirán en la calle, hasta el día de la votación, con el polémico escrache. Señalando a los políticos y pidiéndoles que aprieten el botón verde del ‘Sí se puede’.
(Tomado de Russia Today)
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