Amnistía Internacional denuncia que el número de personas condenadas a la pena capital durante el pasado año 2014 aumentó peligrosamente con respecto a años anteriores. La mayor parte de los gobiernos justifican estas cifras por la ya conocida lucha contra el terrorismo.
La pena de muerte ha sido usada por países de todo el mundo de manera errónea para tratar de acabar con la delincuencia, el terrorismo y la inestabilidad de los países. A consecuencia de esta mala práctica, durante el 2014 se registraron un 28 por ciento más de penas capitales que en el 2013, lo que supone un alarmante aumento de las condenas a muerte.
Durante el pasado año 2014, en todo el mundo se impusieron al menos 2.466 condenas a pena de muerte, según la información publicada en un informe de Amnistía Internacional. Por los datos recogidos se conoce que se llevaron a cabo ejecuciones en 22 países de todo el mundo, el mismo número que en el 2013, resaltando entre ellos Egipto y Nigeria, donde se firmaron varias condenas colectivas a consecuencia de sus conflictos internos.
“Los gobiernos que utilizan la pena de muerte para responder a la delincuencia se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas“, manifestó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
La organización en pro de los derechos humanos critica duramente la tendencia de algunos gobiernos de recurrir a la pena capital para tratar de hacer frente a las amenazas a la seguridad del Estado y de la seguridad pública, especialmente en la llamada ‘lucha contra el terrorismo’ que actualmente sirve para justificar cualquier extralimitación de los gobiernos en materia de derechos y libertades legales de los ciudadanos.
Aunque en 2014 se registraran 500 condenas a pena de muerte más que en el año anterior, también es cierto que hubo menos ejecuciones. Según el informe publicado por Amnistía Internacional, los países que más ejecuciones registran son China, Irán, Arabia Saudí, Irak y, por supuesto, Estados Unidos.
Marta ÚbedaEl Ciudadano
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