Un informe de Amnistía Internacional calumnia al gobierno de Damasco asegurando que ha ahorcado extrajudicialmente entre 5.000 y 13.000 presos en la cárcel militar de Saydnaya.
A pesar de que todos los medios del mundo han reproducido la noticia, nadie le ha preguntado a la ONG por sus fuentes porque esa pregunta siempre es selectiva. Hay medios a los que nadie cuestiona: ellos son la fuente.
Si se analiza el informe (*) con un poco de detenimiento, en busca de esas fuentes, se advierte que no hay nada de eso. Se basa en habladurías, rumores y relatos anónimos de quienes, además, no viven en Siria en su inmensa mayoría. Ningún tribunal admitiría jamás una prueba así, indirecta. Lo mismo ocurre con las cifras, que son extrapolaciones cargadas de sensacionalismo, desde hablar de “ahorcamientos masivos”, hasta calificar a la cárcel como “matadero humano”.
Hay que destacar, además, que no contentos con la manipulación de la fuente, los medios inflan las cifras de manera vergonzante. Mientras la ONG habla de un margen entre 5.000 y 13.000, todos los medios han puesto la cifra más elevada de ahorcados, 13.000, mientras que la agencia Associated Press va todavía más allá y titula “Al menos 13.000 ahorcados en una cárcel siria desde 2011”. Pero no es “a lo menos” sino todo lo contrario: “a lo más”.
El informe alcanza al periodo comprendido entre setiembre de 2011 y diciembre de 2015 y Amnistía Internacional lo ha elaborado sin que haya cadáveres, ni documentos de ninguna clase, ni apenas los nombres de los ahorcados. Le ha resultado suficiente interrogar a 31 personas que han estado detenidas en dicha prisión, más cuatro carceleros que trabajaron en ella, tres antiguos jueces, tres médicos que trabajaron en el hospital militar de Tishreen, cuatro abogados, un número indefinido de “expertos” nacionales e internacionales y, finalmente, 22 familiares de personas que están o han estado presas en dicho centro.
Además de indirectos, la mayor parte de los testimonios proceden de opositores al gobierno y antiguos funcionarios que viven fuera del país. Los que viven en el interior han sido interrogados “a distancia”, aunque la ONG no es capaz de situarlos en un mapa, es decir, no puede decir siquiera si viven en zonas controladas por el gobierno o por los yihadistas.
De cualquier manera, Amnistía Internacional ha reclutado a sus testigos por medio de otras ONG internacionales y grupos de oposición al gobierno de Bashar Al-Assad, como Urnammu, la Red Siria de Derechos Humanos y el Instituto Sirio para Justicia y la Responsabilidad. Cabe sospechar, pues, que los testigos sean -en todo o en parte- de la misma factura que dichas organizaciones, es decir, opositores e incluso yihadistas.
La chapuza sube de tono cuando en base a tales declaraciones de testigos, Amnistía Internacional obtiene un promedio semanal de ejecuciones que luego extrapola a todo el periodo, de donde sale ese absurdo margen de 5.000 a 13.000 que fácilmente podría haber alcanzado los 200.000 con un poco más de habilidad aritmética, con lo cual el margen hubiera quedado así: “Bashar Al-Assad ahorca entre 3.000 y 200.000 personas en una cárcel militar”.
Los ahorcamientos no eran públicos, por lo que los testigos, en realidad, no presenciaron nada parecido a eso. Por la noche algunos de los presos, después de poner la oreja pegada al suelo, aseguran haber escuchado ruidos parecidos a los de un estrangulamiento.
Hay dos excepciones, las de un carcelero y un juez, que refieren ejecuciones en vivo y en directo, pero no aseguran haberlas presenciado ellos mismos.
Otro de los relatos es el de los traslados de presos hacia otra cárcel que Amnistía Internacional dice, sin aportar ninguna prueba, que “posiblemente” no eran tales sino verdaderas ejecuciones. Después lo de “posiblemente” desaparece y las contabilizan como ahorcamientos. Hacen un total de 95 personas, que son las únicas a las que la ONG es capaz de poner un nombre.
El informe se publica acompañado de fotos tomadas vía satélite en las que aparecen los cementerios antes y después de 2011, es decir, que desde entonces su tamaño ha aumentado. Pero con muy poca originalidad, a Amnistía Internacional no se le ocurre pensar que existe la posibilidad de que los cementerios se hayan ampliado no como consecuencia de que Bashar Al-Assad mate a más opositores y necesite más fosas comunes que antes, sino como consecuencia de algo mucho más sencillo: que hay una guerra.
En el informe hay varios errores de bulto, como el que asegura que las penas de muerte las aprueba el Gran Muftí de Damasco, lo cual es impensable en un Estado laico como Siria (aparte de que los muftíes carecen de competencias judiciales).
En fin, señores: otra manipulación más que añadir a todas las que estamos hartos de leer y escuchar. Es otra vergüenza. Lo que Amnistía Internacional pretende es ocultar que para acabar la guerra con el mínimo derramamiento de sangre, el gobierno de Damasco está indultando a todos los yihadistas, estén presos o no lo estén.
(*) https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/5415/2017/en/
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