Hablar de militarización dentro del contexto latinoamericano, es hablar de las innumerables intervenciones y agresiones militares efectuadas por Estados Unidos en casi todos los países del continente americano.
La política exterior de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continúa hoy, como lo fue en el pasado,dirigida a ejercer un indiscutible e indisimulado control sobre las políticas internas de los países de la región.
Esto se refleja en la gran cantidad de bases militares que tiene EE.UU. como “ayuda militar” en el territorio, para dar cobertura sobradamente a posibles intervenciones, así como ha sucedido reiteradas veces en el pasado.
De acuerdo al libro “Militarismo en América Latina”, editado por el Centro de Estudios por la Paz J.M. Delás, de Barcelona, y presentado en febrero de este año, hablar de militarización dentro del contexto latinoamericano, es hablar de las innumerables intervenciones y agresiones militares efectuadas por Estados Unidos en casi todos los países del continente americano. Asimismo, del peso excesivo que los militares han jugado en la política interna del continente mediante golpes de estado e instaurando dictaduras militares.
Pero al lado de estos dos hechos, también existe otra realidad, la militarización interna que los propios gobiernos de la región llevan a cabo y que, en los últimos años, está tomando unas proporciones importantes.
Pere Ortega, historiador e investigador sobre paz y desarme y coautor del libro junto a Juan Sebastián Gómez, señaló que a pesar de haber concluido la guerra fría, la escalada militar no terminó y el gasto militar sigue aumentando cada año en el mundo, lo cual coarta y mediatiza las políticas internas, y además abre paso a nuevos conflictos.
América Central es el canal por el que transitan las relaciones de EE.UU. con el resto del sub continente latinoamericano y, en el contexto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo que lleva a cabo EE.UU. y de los considerables recursos naturales que posee, se trata de una zona tácticamente relevante para el presente y futuro de las relaciones Norte-Sur del continente Americano.
Según Pere Ortega, los persistentes planes de intervención de la administración actual de Estados Unidos en toda el área de América Latina se efectúan “bajo la excusa de la seguridad en la zona en base del peligro del narcotráfico”.
Se olvida que las armas que utilizan los narcos, provienen del norte, de Estados Unidos. Mientras que la droga que proviene de Latino América va en dirección al norte, hacia EE.UU. que es donde se consume, indicó Ortega.
“Es decir, el negocio de la droga beneficia en primer lugar a la economía de EE.UU. Para erradicar el narcotráfico y la delincuencia ligada a ese negocio solo tiene un camino su regulación mediante la legalización”, aseguró.
La lucha contra las drogas en México y Centroamérica apoyada por EE.UU., es un ejemplo de militarismo debido a que las políticas que se están desarrollando están dirigidas a incrementar el peso militar en la solución del problema.
“Se incrementan políticas de seguridad dirigidas a vigilar y controlar a la población no solo con medidas policiales y judiciales, sino también militares. Esto puede producir un efecto contrario, pues se corre el peligro, como ya está pasando, de criminalizar a toda la disidencia política y a los movimientos sociales contrarios a los gobiernos”, puntualizó el investigador.
Las bases militares de EE. UU. en América Latina
Estas bases se compaginan con todo un entramado de organizaciones y planes dirigidos al control y vigilancia de todo el continente latinoamericano. Es el caso de la tristemente famosa Escuela de las Américas (SOA en sus siglas en inglés), ubicada en Fort Benning, Georgia, denominada desde 2001 « Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad ».
Esta escuela propagó la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional adiestrando a los militares que después encabezarían las dictaduras de los años 70 y 80. En casi 60 años de existencia ha entrenado alrededor de 60.000 militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, formación de francotiradores, mando y guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Además, de otras más actuales, como la puesta en marcha de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Entre los diversos planes se encuentran, de una parte, el Plan Colombia ; y por otra elComando Sur y la IV Flota, que tienen la misión de ejercer un control sobre toda América Latina y el Caribe.
También está el Plan Puebla Panamá dirigido a proteger la región de México a Panamá, considerada de alto valor estratégico, pues por esta región transitan las relaciones de EE. UU. con el resto del continente latinoamericano. Y por último la Iniciativa Mérida, un plan de 2008 subscrito en México y el resto de países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Un elemento que caracteriza a EE. UU. como potencia son las más de 700 bases e instalaciones militares con los que cuenta en el mundo. Cerca de una veintena de éstas están en América Latina. La lista la encabeza Colombia con siete bases y dos instalaciones en Cartagena. A todas estas bases se ha de añadir una nueva base militar que está en construcción en el norte de Colombia, en el departamento de la Guajira, en la frontera colombo venezolana.
En el resto del continente destacan como bases o instalaciones de cooperación militar : la base de Mariscal Estigarribia en Paraguay (acuerdo firmado en mayo de 2005) ; las bases de Iquitos y Nanay, en Perú ; la base Soto Cano, en Honduras donde aterrizó el avión que sacó al ex presidente Manuel Zelaya tras el golpe de estado.
Además, la base Liberia, en Costa Rica ; la base de Comalapa, en El Salvador ; las bases Reina Beatriz Aruba y Hatos, en Curazao, en las Antillas holandesas, para el tránsito y transporte de aeronaves y tropas. EE. UU.
También cuenta con instalaciones militares en Panamá ; bases permanentes con importante presencia militar en Puerto Rico y Guantánamo (Cuba) ; y alguna pequeña instalación militar, pero muy útil, como el aeropuerto de Antigua (Guatemala), que utiliza como base aérea para hacer escalas.
Obama es tan agresivo como Bush
Pere Ortega expresó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un excelente orador y mantiene un discurso de buenas palabras. Pero los hechos desmienten su discurso. Por ejemplo en política exterior, y en concreto en Latinoamérica, Obama continúa prisionero de la política de los gobiernos republicanos anteriores.
“No ha podido cerrar la prisión donde mantiene y se tortura a supuestos terroristas de la base de Guantánamo. En Cuba se mantiene un bloqueo injustificado. No ha dado marcha atrás al despliegue de la IV Flota por aguas de Latino América. Las bases de EE.UU. en Colombia que son vistas como una amenaza por Venezuela y Ecuador”, añadió.
La política del actual presidente Barack Obama es tan beligerante como la de su predecesor George Bush. Ortega subrayó que los planes Colombia, Mérida y Puebla-Panamá continúan mediatizando y presionando la política interna de la región. “Todo ello solo puede ser percibido por los gobiernos como una intromisión en los asuntos internos regionales”, enfatizó.
Plan Colombia
Colombia es uno de los países que más dinero recibe de Estados Unidos para proyectos militares o de seguridad. En este aspecto, es el país que destaca como el más fuerte aliado de los EE. UU. en Sudamérica.
La participación e influencia de las agencias de inteligencia y seguridad de EE. UU., a través de estos acuerdos de cooperación militar, han convertido a Colombia en el tercer receptor de ayuda económica militar en el mundo tras Israel y Egipto, este último antes del derrocamiento de Mubarak.
Entre los años 2000 y 2005, el Plan Colombia recibió 2.800 millones de dólares, aunque las ayudas desde el Departamento de Defensa en Colombia se estimaron en 4.500 millones de dólares. En 2005, la Administración Bush pidió fondos adicionales al Congreso para el Plan y se aprobó el envio de de 463 millones de dólares a través de la ACI (Iniciativa Andina Contra las Drogas, en sus siglas en inglés) y 90 millones de dólares más a través del FMF (Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras, en sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa estadounidense.
El Plan Colombia ha dado unos resultados catastróficos. Con la excusa de acabar con el cultivo de la coca, desmantelar los cárteles de la droga y aportar seguridad interna al país, mediante la fumigación y una creciente militarización de amplias zonas, se expulsaron cerca de 380.863 familias de sus tierras en 2008.
Sorprende que la cifra de 2008 sea similar a la de 2002, año en el que se registraron 412.563 expulsiones de personas, tras la ruptura de los diálogos de paz de San Vicente del Caguán y el comienzo de una dura confrontación entre la guerrilla de las FARC y las tropas oficiales, que aun persiste a día de hoy.
A esto ha de sumarse el problema de la proliferación de grupos de paramilitares, pues no pasa semana sin que se conozcan nuevos asesinatos y expulsiones de campesinos en la guerra sucia que practican éstos en beneficio de multinacionales como la Chiquita Brands o la Drumond, terratenientes dedicados a la ganadería y el cultivo de la palma africana para la producción de agro combustibles ; o su constatada colaboración en operaciones militares con el ejército colombiano.
Los terratenientes y las grandes empresas han sido los principales beneficiarios de este Plan, puesto que han acabado ocupando grandes extensiones de tierra, unas 5,5 millones de hectáreas, equivalentes al 10% de la tierra agropecuaria del país antes en manos de los campesinos.
Así, los 465 millones de dólares que en 2010 el gobierno de Barack Obama entregó, servirán para continuar aumentando la ayuda militar de EE. UU. Estos hechos frenan el necesario proceso de resolución del conflicto social, político y armado que vive Colombia.
Además de mantener el desigual estado de las cosas, al evitar y no enfrentar las causas políticas del conflicto ni los factores que continúan desestabilizando el país y la región, abriendo el camino a futuros enfrentamientos entre países.
En América Latina persisten problemas apoyados en factores estructurales que entorpecen el crecimiento económico y favorecen el agravamiento de la pobreza, como la injusta distribución de los ingresos, la corrupción de los funcionarios y la intromisión de los militares en los asuntos internos ; a lo que se suma la eterna intervención estadounidense, concluyó Pere Ortega.
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