Los homosexuales de Brasil conquistan la unión civil, pero falta más
Las organizaciones de homosexuales de Brasil festejan una conquista histórica: el reconocimiento del derecho a la unión civil por el Supremo Tribunal Federal.
Ahora demandan una ley al respecto y el matrimonio.
Las organizaciones de homosexuales de Brasil festejan una conquista histórica: el reconocimiento del derecho a la unión civil por el Supremo Tribunal Federal, pero no bajan la guardia y ahora demandan una ley al respecto y el matrimonio.
La legalización de “la unión civil estable homoafectiva”, votada por unanimidad por los jueces del máximo tribunal el día 6, convierte a Brasil en el país del mundo con mayor población en equiparar los derechos de los homosexuales con las heterosexuales, pero sin conceder a los gays y lesbianas el derecho al matrimonio.
La equiparación de derechos para las parejas de gays y lesbianas no excluye la adopción, que ya podían realizar como solteros. Pero este punto se mantiene ambiguo y sujeto a recursos judiciales de cada pareja, precisan juristas y representantes de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).
El fallo representa que desde ahora solo con la comprobación de “convivencia” “continúa”, y “duradera” las parejas homosexuales pueden solicitar beneficios como el seguro de salud compartido, la herencia o pensión del compañero o compañera en caso de separación o muerte, y la declaración conjunta del impuesto de renta.
Asimismo los homosexuales pueden establecer uniones con o sin comunión de bienes y adquieren derechos simples, pero cuya ausencia resultaba muy engorrosa, como poder cuidar a su pareja en un hospital o autorizar un tratamiento médico para ella.
“Es una forma de insertar a Brasil en una discusión en la que estábamos anacrónicos”, dijo José Caminha, un periodista y dramaturgo que desde hace siete años convive con su pareja, el fiscal Artur Rodrigues.
“El mundo entero estaba yendo en esa dirección y en el escenario internacional nos sentíamos muy atrasados”, agregó Caminha, que forma parte de las 60 mil parejas homosexuales registradas oficialmente por el último censo brasileño.
Este país de 190 millones de personas, mayoritariamente católicas, se suma a Colombia, Ecuador y Uruguay entre los latinoamericanos donde los gays y lesbianas tienen derecho a la unión, mientras que en Argentina y el Distrito Federal de México se reconoce el matrimonio homosexual.
Caminha y Rodrigues ya habían registrado su unión ante un notario oficial, pero desde ahora no se verán obligados a iniciar un litigio legal porque se les nieguen los derechos de las personas unidas civilmente.
Por eso para Rodrigues, “el valor simbólico es tal vez lo más importante”, porque después que el tribunal supremo reconoció que existen relaciones homoafectivas, los ampara la misma ley que a una pareja heterosexual.
Los dos se consideran satisfechos con el dictamen judicial y no considera necesario avanzar en otras figuras como el matrimonio civil.
“La unión estable atiende nuestros intereses. Estoy satisfecho con tener los mismos derechos de la unión civil heterosexual”, dijo Rodrigues.
“Nosotros no queremos reproducir el modelo de matrimonio heterosexual”, puntualizó Caminha. “Lo que queremos es tener los mismos derechos que cualquier ciudadano”, reforzó.
Sin embargo, el movimiento brasileño de LGBTsí quiere más y ya anunció que va a comenzar a luchar por ello de inmediato.
Julio Moreira, presidente del grupo Arco-Iris, reconoció a IPS que la legalización de la unión civil “es una gran victoria” para los homosexuales.
Pero el activista puntualizó que quedan avances y derechos pendientes para las parejas de gays y lesbianas. Entre ellos, consideró importante que el bicameral Congreso legislativo apruebe una ley sobre la unión civil, para que quede reglamentado lo reconocido por la justicia y se haga explicito el derecho a la adopción.
Desde 1995, En el parlamento reposa un proyecto de ley para normar las uniones civiles de los homosexuales. Pero su avance es obstaculizado por sectores y figuras conservadoras dentro de las dos cámaras, y presiones de la jerarquía de la Iglesia Católica y de las poderosas iglesias neopetencostales.
Aco-Iris y otros grupos del colectivo LGBT demandan que se apruebe otro proyecto de ley que también está introducido en el Congreso y que establece el matrimonio homosexual.
Pero, por ahora, la reacción de los sectores conservadores por el fallo del Supremo incluyó una exitosa presión sobre una comisión legislativa que debatía un proyecto de ley contra la homofobia, y que paralizó la discusión una semana después.
Entre las diferencias de la unión civil y el matrimonio, Moreira subrayó derechos posteriores, como los de la separación legal y el divorcio. “La unión estable apenas reconoce que el vínculo existe de hecho pero no puedo usar el estatus de casado como en países como España”, detalló en la entrevista.
Para el activista, el derecho al matrimonio tiene además un contenido simbólico, porque significaría “un paso más en la categoría de los derechos plenos”.
“Si los heterosexuales pueden casarse, ¿por qué nosotros no?”, se preguntó, tras recordar que la Constitución brasileña reconoce la igualdad ante la ley, con independencia de la raza, credo o sexo.
Justamente, con base en ese principio constitucional de igualdad la Procuraduría General y la Abogacía del Estado respaldaron la solicitud del pronunciamiento del máximo tribunal brasileño.
“En la práctica continúa existiendo una diferencia entre homosexuales y heterosexuales. Los homosexuales en Brasil todavía tienen menos derechos que los heterosexuales”, lamentó Moreira.
Consultados , dos juristas consideraron que el matrimonio y unión civiles son diferentes, pero tienen en la práctica los mismos efectos jurídicos.
Dalmo Dallari, especialista en derechos humanos de la Universidad de São Paulo, aclaró que si bien el fallo del supremo tribunal otorga los efectos jurídicos del matrimonio para los homosexuales, no les reconoce el matrimonio.
Pero desde el punto de vista de los derechos, es “suficiente para el reconocimiento de derechos recíprocos”, subrayó, para enfatizar la unión civil estable entre personas del mismo sexo “es jurídicamente relevante”.
Lo que Dallari consideró determinante es que los legisladores recojan el histórico dictamen en una ley que “reglamente las reglas” porque “si no hay ley puede ser necesario recurrir en cada caso al poder judicial”.
Luis Mauricio Lindoso, especialista en derecho de familia de Brasilia, coincidió que “prácticamente no existe distinción” entre matrimonio y unión civil estable y consideró muy positivo que el Supremo Tribunal Federal decidiese llenar el vacío legal que discriminaba a gays y lesbianas.
Los dos juristas aplaudieron también que la justicia haya tomado una decisión que se esperaba desde hace años del parlamento, que ahora tiene que actuar siguiendo la estela del poder judicial, y no al revés como es lo habitual.
Para Dallari y Lindoso no es una sorpresa lo acaecido. “Aunque se entiende que el Supremo es conservador, en el área de familia tienen una postura no conservadora”, explicó Lindoso.
Dallari lo atribuyó a que los jueces de la máxima instancia judicial brasileña “trabajan en base a principios uniformes que están en la Constitución y que son los mismos para todos”.
Por el contrario, el Poder Legislativo está integrado por representantes de muy diferentes corrientes políticas, ideologías y clases sociales, que “debaten a partir de su situación personal”
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