Guatemala se desangra

El terrible hallazgo de 26 campesinos masacrados, demuestra la impunidad con que operan estas bandas de asesinos en el país, sin que haya una política de seguridad coherente y efectiva.

Frente Nacional de Lucha 

Condenamos enérgicamente la grave falta de seguridad y justicia amparada en la impunidad que impera en al país. Millones se han gastado desde mucho antes del banderazo de salida para la campaña electoral, incluido el partido en el Gobierno, quien ha descuidado su obligación de velar por la seguridad ciudadana, de combatir al crimen organizado y de proteger el derecho a la vida, la salud y la seguridad alimentaria de la población.

El terrible hallazgo de 26 campesinos, entre ellos dos mujeres, en Los Cocos, La Libertad, Petén, sólo demuestra la impunidad con que operan estas bandas de asesinos en el país, sin que haya una política de seguridad coherente y efectiva. De nadie es desconocido que, en muchos casos, estas bandas cuentan con el apoyo y complicidad de elementos de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional Civil como del mismo Ejército, a quienes algunos quisieran pintar como la fuerza que dará seguridad al país.

Nos solidarizamos con las familias de los campesinos masacrados, lamentando que nuestro país se siga desangrando por la negligencia de las autoridades que no han cumplido su papel. Demandamos se actúe de inmediato para investigar a fondo el caso y que se proceda a la ejecución pronta de la justicia, sea quienes sean los que resulten implicados y responsables, incluyendo por supuesto a funcionarios nacionales y locales. Es obligación del Estado velar por las viudas y los niños que han quedado en orfandad a causa de este terrible hecho.

De igual manera, condenamos la criminal agresión de que son objeto los campesinos q’eqchies en el área del Polochic, perpetrada por la empresa de la familia Widmann y sus mercenarios.


El 13 de mayo, desde tempranas horas se hicieron presentes 30 agentes de seguridad uniformados de la empresa Chabil Utzaj, (de la familia Widmann), disparando con armas de grueso calibre contra la población. Después, sobrevolaron helicópteros y lanzaron granadas quemando las siembras, milpas y otras que no habían sido destruidas en el desalojo violento del 15 de marzo recién pasado. Los campesinos se habían acercado para tratar de rescatar algo de alimentos para dar de comer a sus familias. Preguntamos ¿dónde está el Gobierno en este caso, si su función es velar por el bienestar de la población y asegurar su derecho a la alimentación?

Al igual que hace 33 años, Panzós se tiñe de rojo, los terratenientes arrebatan a sangre y fuego la vida, la tierra y el alimento de gente inocente, y lo que es peor, actúan amparados por las fuerzas de seguridad del Estado (desalojo violento del marzo), que utiliza balas, bombas y equipo adquirido con el impuesto del mismo pueblo para agredirlo en lugar de defenderlo.

Al igual que hace 33 años, El Gobierno, el Ejército, Policía y terratenientes se toman de las manos manchadas de sangre campesina para satisfacer la avaricia y sed de acumulación, en la zona del Polochic.

Llamamos a las organizaciones sociales y populares a seguir denunciando estos hechos y a los partidos políticos, para que asuman un papel y posición auténticamente responsable, fijando claramente su posición en torno a estos hechos. En estos casos, el silencio es cómplice, la tibieza y falta de posición es acomodamiento cómplice.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que tome conciencia de la situación del país haciendo las denuncias correspondientes. Es necesario desenmascarar lo falaz de un Gobierno que se pinta el rostro de socialdemócrata mientras ha remilitarizado al país, para brindar protección a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Un Gobierno que permite el baño de sangre perpetrado por el crimen organizado mientras desvía fondos para su campaña electoral. También, el descaro de militares vinculados al pasado criminal de la contrainsurgencia que ahora pretenden llegar al gobierno ofreciendo combatir la inseguridad que ellos mismos construyeron a través de sus aparatos clandestinos y paramilitares durante años.