CNDH incluye a las dos transnacionales en su informe anual sobre situación de los derechos humanos
El
Informe anual de la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, presentado el pasado 10 de diciembre en Santo Domingo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), ha señalado a Frito Lay Dominicana S.A. (PepsiCo) y a Nestlé Dominicana S.A. como empresas que durante el 2014 han venido irrespetando el derecho al trabajo y a la libertad sindical.
Tras evidenciar la grave situación de desempleo y de informalidad del empleo en República Dominicana, y el difícil debate que se ha desarrollado en torno a la reforma del Código del Trabajo y al aumento del salario mínimo nacional, el informe de la CNDH-RD ha señalado con preocupación el grave retroceso que han registrado las libertades sindicales en la isla caribeña. Los sectores donde se dan las mayores violaciones son el sector hotelero y el de la construcción, “ya que suelen emplear mano de obra haitiana indocumentada, que difícilmente reclamará por la violación de sus derechos”, se lee en el documento.
La sección que se refiere al “Derecho al trabajo y la libertad sindical”, contenida en el capítulo dedicado a los derechos de segunda generación, o sea los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, señala sin titubeos a Frito Lay Dominicana S.A., propiedad del grupo PepsiCo Inc., y a Nestlé Dominicana S.A., como las empresas que más han estado irrespetando estos derechos.
Política antisindical
Zorros del mismo piñal
“Durante todo el 2014, la empresa Frito Lay Dominicana, subsidiaria de la transnacional norteamericana PepsiCo, ha mantenido la misma política antisindical de desahucios como herramienta para evitar que el Sindicato de Trabajadores de Frito Lay Dominicana (Sintralaydo) alcance el 50 por ciento de trabajadores afiliados, el mínimo que la legislación laboral de nuestro país exige para iniciar una negociación colectiva”, se lee en el informe.
La CNDH-RD, que integra la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), explica que, de acuerdo con datos brindados por el Sintralaydo, cada mes la empresa desahucia a entre 14 y 18 trabajadores, y que en los últimos dos años, Frito Lay habría desahuciado a no menos de 260 trabajadores, en su mayoría afiliados al sindicato.Los trabajadores desahuciados son reemplazados de inmediato por otros que son atemorizados y presionados para que no se afilien al sindicato. Asimismo, contratan a personas allegadas a un encargado o director de departamento, para comprometer a ese trabajador a que no se vinculen con la organización sindical. “Esta política empresarial ha venido generando graves problemas económicos y sociales a los trabajadores desahuciados, violentando sus derechos laborales, sindicales y humanos”, advierten los defensores de derechos humanos.
De igual manera, el informe señala a la transnacional suiza Nestlé por negarse a repartir utilidades entre los trabajadores, “como lo establece la legislación laboral de nuestro país”, así como a acatar una orden judicial que la obliga a entregar los libros contables y la revisión del estado financiero. El juez impuso también una sanción conminatoria de 50 mil pesos dominicanos (1.250 dólares) por cada día que dejare de cumplir con la ordenanza a intervenir, y condenó a la transnacional al pago de los honorarios de los abogados de los sindicatos
.La CNDH-RD reporta también graves violaciones al derecho a la libre sindicación en la empresa de capital italo-dominicano Flobeman Srl, propietaria de las marcas Molino del Sol y Mi Trigo. “En diciembre del año pasado, un grupo de trabajadores se constituyó en comité gestor y cumplió con todos los requisitos necesarios ante las autoridades laborales, obteniendo el registro del Sindicato de Trabajadores de Flobeman Srl. El 30 de enero de este año, el comité gestor notificó su constitución a la empresa. Seis días después, la compañía estaba despidiendo a su secretario general, Gendis Báez y a dos directivos más, sin importarle que estaban protegidos por el fuero sindical”, se lee en el documento.
Después de casi un año, la empresa sigue negándose a acatar una resolución ministerial que ordena el reintegro inmediato de los directivos despedidos.
