Por Verdad Ahora
La confiabilidad de la evidencia recopilada en el marco de la investigación por el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, caído en territorio ucraniano el 17 de julio de 2014, continúa pendiendo de un hilo. Más aun tomando en cuenta el último escándalo de corrupción que involucra al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
El diario holandés De Telegraaf informó esta semana sobre el avance de las pesquisas en torno al robo de piezas artísticas del Museo Westfries de Hoorn, que se vincularía con la renuncia del jefe del SBU, Valentyn Nalyvaichenko, quien es indagado desde el año pasado por la policía holandesa a raíz de su vinculación con una red internacional de contrabando de antigüedades.
Hace algunos días, el director del Museo, Ad Geerdink, señaló al mismo medio que las 24 pinturas robadas a la institución “están en las manos de gente corrupta en el corazón de la élite política ucraniana”.
Un representante del mismo museo, Arthur Brand, dijo que la red involucra también a Oleh Tiahnybok, líder del partido de derecha Svoboda, misma colectividad de tintes neonazis que participó en el derrocamiento del presidente Viktor Yanukóvich, quien era cercano a Rusia.
Desde el Parlamento han señalado que los escándalos del SBU pondrán en riesgo la persecución criminal de los responsables del derribamiento del vuelo 17 de Malaysia Airlines.
El experto en materia penal Theo de Ross enfatiza, por ejemplo, que la mayor parte de la evidencia recolectada en el expediente del vuelo 17 proviene del SBU, agencia que ha adjuntado al proceso supuestas conversaciones telefónicas entre separatistas pro-rusos poco antes del ataque al avión.
El SBU también tomó participación directa en el aseguramiento del fuselaje encontrado en la zona del desastre.
Paralelamente, el Consejo Europeo ha mostrado preocupación por las falencias en las pesquisas que rodean otros casos: las muertes de más de cuarenta manifestantes pro-rusos en el puerto del Mar Negro de Odesa, ocurridas en mayo de 2014.
De acuerdo a lo informado por Bloomberg, las víctimas se enfrentaron con partidarios del nuevo régimen ucraniano en medio del conflicto por la anexión rusa de Crimea. Gran parte de las muertes ocurrió después de que un edificio en el que estaban fuera incendiado.
“Pese a que han transcurrido 18 meses desde los eventos, no se ha hecho ninguna imputación por las muertes”, dijo el Consejo Europeo, que desea fiscalizar el curso de la investigación para cumplir con los requerimientos de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Las reacciones impactan fuertemente en la credibilidad del presidente Petro Poroshenko mientras la ciudadanía ucraniana exige avances en las reformas prometidas por la administración y un control más estricto de la corrupción.
Esto porque tampoco se ha logrado determinar la autoría de los más de mil asesinatos ocurridos en las protestas callejeras de Kiev antes de la llegada del nuevo gobierno.
Según Bloomberg, el Consejo Europeo indicó en un informe que existe “desconfianza en la precisión de las investigaciones y en la habilidad de las autoridades para hacer justicia” por civiles muertos y heridos en Odesa, persecución penal que, tal como sucede en Kiev, presentaría “serias deficiencias en cuanto a su independencia y efectividad”.
