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viernes, 15 de mayo de 2015

Perú. Inagotable resistencia de los pueblos contra proyecto minero Tía María

Por Mariategui
Son pocos, a pesar de ser 5 mil efectivos -entre policías y militares- enviados desde Lima para reprimir las manifestaciones, porque a las poblaciones de Valle del Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdia o Mollendo, Matarani, ahora las protestas se han expandido a Majes y a Arequipa. Una vez más la torpeza del […]
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Son pocos, a pesar de ser 5 mil efectivos -entre policías y militares- enviados desde Lima para reprimir las manifestaciones, porque a las poblaciones de Valle del Tambo: Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdia o Mollendo, Matarani, ahora las protestas se han expandido a Majes y a Arequipa. Una vez más la torpeza del gobierno por imponer un proyecto minero está provocando el inicio de un desborde popular, que como en el 2002 en el mismo Arequipa –se les puede ir de las manos-, cuando el Estado tuvo que retroceder en su intento por privatizar las compañías eléctricas Egasa y Egesur.
Martes 12 de mayo, primer día del paro regional de 72 horas, las calles de Cocachacra están desiertas, comercios cerrados, no hay transporte público, pero en cada esquina, en cada cuadra, se producen enfrentamientos, piedras, palos, gases lacrimógenos y pimienta, perdigones, van de un lado al otro –según sea el caso-, entre manifestantes y la policía, se disputan las calles metro a metro, aunque parecen, no son las calles de Bagdad a inicios de la década pasada.
Si en Irak estaba en disputa el control del petróleo, en Cocachacra se combate de manera tácita por el agua, porque está en juego un río y las aguas subterráneas que una mina a tajo abierto contaminará. El Estado privatizado se ha convertido en la empresa de seguridad y de desalojo, de la minera Southern Copper Corporation Perú (Grupo México), para quien trabaja de manera gratuita.
Mientras, en la ciudad de Arequipa miles se movilizaban por las calles en solidaridad con los pueblos del Valle del Tambo, los colegios y el transporte interprovincial quedaron paralizados.
Miércoles 13 de Mayo, segundo día del paro regional de 72 horas, ante la masividad de la protesta que se ha multiplicado en toda la región Arequipa, la Policía Nacional ha intensificado la represión contra los manifestantes: ha dejado como saldo 3 heridos en Cocachacra, de los cuales hay uno de gravedad, que ha sido impactado por una bomba lacrimógena en el estómago.
Ante el desborde popular en Cocachacra, la policía disparó perdigones a mansalva, una señora trata de aliviar el dolor.
Asimismo, en Arequipa los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) protagonizaron una contundente protesta tanto en el campus universitario como con su movilización en las calles de la Ciudad Blanca. El saldo de la represión policial contra ellos es de 10 heridos.
Solidaridad universitaria. Los estudiantes de la UNSA rechazaron Tía María a cambio recibieron perdigones y golpes de la policía.
Dinamita sembrada
Según la web elbuho.pe, el primer día del paro regional, cuando la prensa denunció que los manifestantes habían usado dinamita contra la policía, lo que en verdad había ocurrido fue todo lo contrario, pues dos sacos de cartuchos de dinamita fueron arrebatados a la policía por parte de los manifestantes, debido a que sería una nueva “sembrada” para acusarlos de terroristas.
Mineros  limpiando la minería
Ante una protesta que se consolida y se expande por toda la región Arequipa, Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), -organismo que reúne a las empresas mineras- sugirió en una entrevista televisiva que “en las condiciones actuales no se puede llevar adelante el proyecto Tía María debido al incremento de la violencia sin control”.
Es decir, el líder del gremio minero está aceptando de manera tácita una derrota ante los pueblos del Valle del Tambo, porque el Estado ya no puede controlar las protestas, igual que en el año 2011. Y sugiere la suspensión, porque es obvio que este descalabro de Tía María afectará a los otros proyectos que en el futuro pretenderán implementar.
Sin embargo, a 50 días de iniciadas las manifestaciones, el gobierno no quiere aceptarlo, parece que la pareja presidencial Humala-Heredia se empecina y está buscando una derrota humillante como la sufrida con la #LeyPulpín, que ojalá no le pase factura a más vidas de peruanos.
13/05/15
Nota Relacionada: Perú. Proyecto cuprífero Tía María. 
Crecimiento económico a las balas http://goo.gl/8lxjXQ
Fotos: Facebook  Salvemos el Valle del Tambo / larepublica.pe

miércoles, 11 de marzo de 2015

Organizaciones ambientales acusan al gobierno chileno de proteger a las mineras: Proyecto de Bachelet no protege los glaciares

El proyecto que presentó el gobierno para reemplazar la iniciativa en tramitación en la Cámara de Diputados deja en la desprotección absoluta la mayoría de los glaciares de Chile”.  Tal fue la drástica conclusión a la que llegaron varias de las más importantes organizaciones ambientales del país tras conocer el texto que este martes ingresó el Ejecutivo al Congreso Nacional.
Glaciar
Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, explicó que la iniciativa de la actual administración “protege sólo los glaciares existentes en parques nacionales (que ya están salvaguardados), condenando a todos los demás a ser sujetos de evaluación de impacto ambiental y posibles de ser intervenidos, salvo aquellos que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad califique como ‘reservas estratégicas de agua’. Esto constituye un saludo a la bandera, pues  el proyecto del gobierno ingresó sin  financiamiento y sin informe financiero”.
Desde la Fundación Terram, su directora ejecutiva Flavia Liberona agregó que la iniciativa “dista sustancialmente de la moción parlamentaria en tramitación, cuyo corazón es  la protección general de los glaciares.  El gobierno en cambio condiciona su protección a evaluación caso a caso según lo que establezca el SEIA.  Es decir no  cambia en nada el régimen que hoy amenaza los glaciares por las actividades de Pascua Lama (Barrick), Andina 244 (Codelco), Los Bronces (Anglo American), Los Pelambres (Luksic) y las demás cuencas en conflicto con la actividad minera”.
Matías Asún, director nacional de Greenpeace, puntualizó que “en conclusión, esta iniciativa que revisará la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados le entrega los glaciares a las corporaciones mineras para que puedan ser intervenidos y destruidos en las zonas con mayor crisis hídrica del país. Derechamente declara sacrificables nuestras reservas de agua”.

Un tortuoso camino
El 20 de mayo de 2014 un conjunto de diputados ingresó a tramitación un texto  de leypara la protección de los glaciares con el objeto de prohibir el desarrollo de actividades sobre, bajo o en la cercanía estos cuerpos de agua que puedan significar su derretimiento o destrucción.  Como una forma de hacerse cargo de la demanda, durante la Cuenta Presidencial del 21 de Mayo Michelle Bachelet anunció su apoyo a iniciativa y el ingreso de un proyecto con el mismo fin.
El cumplimiento de este compromiso fue la indicación sustitutiva que, para las organizaciones, cambia completamente el espíritu de protección respondiendo más a las demandas de las mineras que de la ciudadanía que busca salvaguardar el agua.
A partir de las 15 horas de esta tarde el ministro Pablo Badenier presentará la propuesta ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Cambios negativos del gobierno a la moción parlamentaria.
El proyecto del Ejecutivo solo prohíbe obras, programas o actividades comerciales en glaciares que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes,excluyendo los más importantes de la zona norte y centro del país,  que son precisamente las reservas de agua fundamentales en las áreas de mayor estrechez hídrica.   Y podría salvaguardar algunos fuera de áreas protegidas solo si el Comité de Ministros para la Sustentabilidad los considerara “reservas relevantes de agua”, sin proponer instrumentos ni fondos públicos que permitan su identificación.
En este sentido, la definición sobre la “relevancia” de los glaciares quedaría sujeta a consultoras contratadas por empresas mineras interesadas en desarrollar proyectos en estas zonas.  “Dejar a merced de empresas y consultoras del SEIA la información sobre la importancia de cada glaciar, implicaría perpetuar el criterio casuístico sujeto a estudios privados, es decir, perpetuar la misma amenaza que sufren actualmente” explicó Sara Larraín.
Todos los que no entren en dicha categoría, que sería la mayoría, serán evaluados en el marco del SEIA “caso a caso” y condicionados a un “permiso sectorial” de la Dirección General de Aguas (DGA) que determinaría si pueden o no ser intervenidos.  Mismo organismo que ha permitido su destrucción a través de proyectos como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres.  “Es como si permitir o no la violación de los derechos humanos fuera evaluado por un organismo técnico.  Por ello la moción parlamentaria apuntó a  superar la evaluación caso a caso y  propuso  avanzar hacia una ley de protección general de  los glaciares” expresó Flavia Liberona.
Por último Matías Asún puntualizó que “la Presidenta no cumplió. Esta no es una ley de glaciares, es un traje a la medida para las mineras que hoy nos tienen como país record en destrucción de glaciares. Solo permitirá revisar las resoluciones de calificación ambiental que hoy afectan a los ubicados en parques nacionales o los que son considerados ‘relevantes’, dejando todos los demás a merced de los emprendimientos mineros o energéticos que hoy los destruyen. Es decir, se legislaría para mantener las condiciones perpetuando la destrucción que hoy campea” puntualizó Matías Asún.

¿Qué se mantiene de la Mocion Parlamentaria?
El proyecto del Ejecutivo reconoce a los glaciares como proveedores de servicios ecosistémicos, considerándoles bienes nacionales de uso público y prohibiéndose solicitar derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos.
Además, se fortalece las atribuciones de la DGA para generar información,  monitorear el estado de los glaciares y cursar multas.
Por último, se compromete elevar la jerarquía legal del inventario de glaciares.
SE ADJUNTA MINUTA : “LEY DE GLACIARES PRESENTADA POR EL GOBIERNO DESPROTEJE LA MAYORIA DE LOS GLACIARES DEL PAIS”
Patricio SeguraEl Ciudadano

miércoles, 18 de febrero de 2015

60.000 trabajadores se suman a paro minero en Colombia

Los mineros exigen al gobierno la no aplicación del decreto 2335 que aprueba la destrucción de maquinaria no registrada para la explotación de minerales.
Unos 60 mil trabajadores iniciaron este miércoles una jornada de protesta convocada por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) en el departamento de Antioquia (noroeste) y en otras regiones del país.
Los mineros exigirán al gobierno suspender la aplicación del decreto de destrucción de maquinaria y la aclaración sobre el registro único de comercializadores de minerales porque tienen paralizadas las compras de oro.
“El gobierno nacional ha incumplido los tres acuerdos que se firmaron en 2011, 2012 y en el 2013, especialmente lo que tiene que ver con el protocolo para la destrucción de maquinaria”, manifestó el secretario general de la Conalminercol, Rubén Darío Gómez Cano.
El decreto 2335 aprobado el 30 de octubre de 2012 por el Gobierno de Colombia, decretó la “Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”, tales como el título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y la licencia ambiental.
Por su parte la viceministra de Minas de Colombia, María Isabel Ulloa, informó que con un nuevo decreto que se emitirá en los próximos días, el Gobierno espera que los mineros vuelvan a sentarse a la mesa de concertación para formalizar sus unidades productivas.
Ulloa destacó que existe voluntad por parte del Gobierno para buscar soluciones al conflicto. “Hay que tener claro que aquí no hay nadie contra nadie, estamos del mismo lado para regularizar la pequeña minería”, al tiempo que aclaró que la destrucción de maquinaria no tiene discusión.
En Colombia, la minería legal representó 2,3 por ciento del PIB en 2012, según el estatal Departamento de Estadísticas, pero más de la mitad de los sitios explotados en el país son ilegales.
El martes dos mineros murieron y cinco resultaron heridos tras una explosión en una mina de oro ubicada en una zona rural del municipio de Marmato (centro) en el departamento de Caldas.
Telesur