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jueves, 13 de agosto de 2015

Gobierno de Perú autoriza a las Fuerzas Armadas reprimir huelgas mineras

Policía peruana interviene en la Carretera Central, bloqueada a la altura de la ciudad de La Oroya, en la región Junín.
El Gobierno peruano autoriza este miércoles a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía para controlar las protestas de los mineros de Doe Run Perú y resguardar el orden.
La decisión “busca evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico”, reza la resolución suprema del Gobierno peruano.
La citada resolución explica que la medida fue tomada después de que las protestas del martes dejaran un muerto y más de 60 heridos en el primer día de una huelga indefinida en la ciudad minera de La Oroya, situada a 178 km al noreste de la capitalina Lima.
La resolución suprema detalla que las Fuerzas Armadas brindarán respaldo a los agentes policiales hasta el próximo 10 de septiembre y que serán encargadas de resguardar locales públicos, sin hacer referencia al número de efectivos desplegados.
Desde el martes, los trabajadores de Doe Run han tomado las calles de La Oroya y bloqueado la carretera que dirige hacia Lima, en rechazo a la reducción de los requisitos ambientales que impiden a la empresa operar completamente y captar nuevos inversionistas.
Doe Run Perú, propiedad del grupo estadounidense Renco, se encuentra en una complicada situación financiera y sus trabajos en esta zona han generado serios problemas de contaminación ambiental a la ciudad y sus habitantes.
La decisión de la Administración de Ollanta Humala se ha producido en momentos en que se prevé una reunión entre el alcalde de La Oroya, los dirigentes de los mineros de Doe Run Perú y las autoridades del país para buscar una solución a la huelga.
De acuerdo con el ministro peruano del Ambiente, Manuel Pulgar, el 30% de la población de La Oroya, con un total de 30 mil habitantes, trabaja en operaciones mineras. La mencionada ciudad se considera una de las urbes más contaminadas del mundo por los gases resultantes del refinado del metal.
HispanTV

miércoles, 18 de febrero de 2015

60.000 trabajadores se suman a paro minero en Colombia

Los mineros exigen al gobierno la no aplicación del decreto 2335 que aprueba la destrucción de maquinaria no registrada para la explotación de minerales.
Unos 60 mil trabajadores iniciaron este miércoles una jornada de protesta convocada por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) en el departamento de Antioquia (noroeste) y en otras regiones del país.
Los mineros exigirán al gobierno suspender la aplicación del decreto de destrucción de maquinaria y la aclaración sobre el registro único de comercializadores de minerales porque tienen paralizadas las compras de oro.
“El gobierno nacional ha incumplido los tres acuerdos que se firmaron en 2011, 2012 y en el 2013, especialmente lo que tiene que ver con el protocolo para la destrucción de maquinaria”, manifestó el secretario general de la Conalminercol, Rubén Darío Gómez Cano.
El decreto 2335 aprobado el 30 de octubre de 2012 por el Gobierno de Colombia, decretó la “Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”, tales como el título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y la licencia ambiental.
Por su parte la viceministra de Minas de Colombia, María Isabel Ulloa, informó que con un nuevo decreto que se emitirá en los próximos días, el Gobierno espera que los mineros vuelvan a sentarse a la mesa de concertación para formalizar sus unidades productivas.
Ulloa destacó que existe voluntad por parte del Gobierno para buscar soluciones al conflicto. “Hay que tener claro que aquí no hay nadie contra nadie, estamos del mismo lado para regularizar la pequeña minería”, al tiempo que aclaró que la destrucción de maquinaria no tiene discusión.
En Colombia, la minería legal representó 2,3 por ciento del PIB en 2012, según el estatal Departamento de Estadísticas, pero más de la mitad de los sitios explotados en el país son ilegales.
El martes dos mineros murieron y cinco resultaron heridos tras una explosión en una mina de oro ubicada en una zona rural del municipio de Marmato (centro) en el departamento de Caldas.
Telesur