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sábado, 23 de septiembre de 2017

Congreso hondureño aprobó castigar con 20 años la protesta social

El Congreso Nacional, que domina el gobernante Partido Nacional, aprobó el artículo 590 del nuevo Código Penal, que trata sobre la “asociación terrorista”, que según la oposición política del parlamento, pretende penalizar la protesta social con hasta 20 años de cárcel.
protesta social
Tegucigalpa. El Congreso Nacional, aprobó ayer el artículo 590 del nuevo Código Penal, que según la oposición en ese poder del Estado, pretende criminalizar la protesta social.
Entre las disposiciones de esta nueva ley que coarta el derecho a la protesta, está castigar con 15 o 20 años de prisión a quienes sean calificados como “asociación terrorista”.
A continuación el artículo de forma íntegra:
Artículo 590 del nuevo Código Penal. Asociación terrorista. Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio por dos o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades siguientes:
-Subvertir gravemente el orden constitucional.
-Provocar un estado de terror en la población o parte de ella.
-Tienen también la consideración de asociaciones terroristas las que aún teniendo como objeto constitutivo uno lícito, realicen en todo o en parte las conductas a las que se refiere el párrafo anterior.
El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras.
Los directivos, promotores y financistas de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de 15 a 20 años y multa de mil a dos mil salarios días. Los simples integrantes de la asociación terrorista deben ser castigados con las penas de prisión de 10 a 15 años y multa de 500 a mil salarios días.
Por financistas se entiende a los que de cualquier modo contribuyen o ayudan a contribuir, por sí o persona interpuesta a la financiación de las asociaciones terroristas.
Estas penas le deben interponer con independencia de las que correspondan por los concretos actos delictivos realizados por los integrantes de la asociación terrorista llevados a cabo con las finalidades mencionadas en el párrafo primero de este artículo.
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domingo, 15 de febrero de 2015

Miles de personas se manifiestan en España contra ley que criminaliza la protesta social

Miles de personas protestaron este sábado en varias ciudades del Estado español contra una ley que pretende criminalizar y penalizar la libertad de expresión y la protesta social, conocida popularmente como “Ley Mordaza”.
Con reclamos contra la Ley de Seguridad Ciudadana, las manifestaciones recorrieron las principales calles de unas 20 ciudades en acato a una convocatoria de la plataforma “No Somos Delito”, que agrupa partidos y organizaciones.
Las protestas se registraron en Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Alicante, entre otras poblaciones, y tuvieron réplicas en ciudades como París y Estrasburgo.
Los opositores de la legislación apoyada en solitario por el gobernante Partido Popular (PP) estiman que con ella se busca hacer callar las voces de protesta de la clase trabajadora, afectada por las políticas capitalistas impuestas por los respectivos gobiernos.
Según un estudio de la plataforma “No Somos Delito”, la ley cuenta apenas con el apoyo del 7% de la población.
La mayoría de las encuestas auguran que el PP perderá la mayoría absoluta de la que goza en el Parlamento en los comicios generales a ser convocados para fines de año.
Ciudad CCS

sábado, 20 de diciembre de 2014

Conozca los puntos más polémicos de la ‘Ley Mordaza’ que quiere aplicar el Gobierno español

La semana pasada, el Congreso español aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”, debido a que criminaliza y penaliza la protesta social, lo que supone un nuevo intento del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con las luchas que la clase trabajadora está llevando a cabo contra las políticas capitalistas impuestas por el Ejecutivo.
A continuación explicamos cuáles son los puntos más polémicos de esta nueva ley.

Convocar manifestaciones por las redes sociales

Entre las novedades que incluye esta nueva ley se encuentra la posibilidad de considerar responsable de una manifestación a quien haga una publicación o declaración de convocatoria de la misma, como por ejemplo un simple “tuit”.
“Lo que se busca es perseguir a quien lance el pásalo o una convocatoria de manifestación de cualquier tipo. Esta ley atenta contra la libertad de expresión y reunión ejercida utilizando herramientas informáticas”, advierte Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en internet.

Publicar imágenes de policías

Otra de las conductas que será sancionable es la de publicar en las redes sociales imágenes de un agente de policía. Todo apunta a que este apartado se trata de una respuesta a las iniciativas nacidas en las redes sociales en los últimos años, donde los ciudadanos identificaban a los agentes protagonistas de agresiones desproporcionadas en el marco de distintas protestas sociales.

De la vía penal a la administrativa

Una de las principales consecuencias de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana es que los supuestos de hecho que regulaba el Código Penal (en concreto, en los juicios de faltas), pasarán a la vía administrativa. Las diferencias entre uno y otro caso son sustanciales.
Antes, cuando un ciudadano cometía un delito de esta índole era un juez de lo Penal el que se encargaba de juzgarlo determinando de esta forma su culpabilidad o inocencia. Ahora, gracias a este nuevo texto, es el agente de Policía el que interpreta en primera instancia si alguien está incumpliendo la ley, pudiendo imponer una multa si así lo cree oportuno. En estos casos (y solo después de haber sido sancionado), el ciudadano tendrá que recurrir por la engorrosa vía contencioso-administrativa para demostrar su inocencia.
No hay que olvidar además que en la vía penal el denunciado no tenía que gastarse el dinero en tasas. En la contencioso-administrativa sí. Lo que hará que en muchos casos la gente no recurra y se quede con la multa.

Multas

Otras de las consecuencias de que sea la vía administrativa la encargada de estas faltas está en la cuantía de las multas. Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros, las graves con multa de 601 a 30.000 euros y las leves, con multa de 100 a 600 euros.
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LibreRed/El Confidencial