ALERTA: Paramilitares amenazan de muerte a los que denuncian irregulares concesiones a Multinacionales Mineras

Santos dice ante comunidad nacional e internacional su "compromiso" de respetar los Derechos Humanos, sin embargo esto se contradice con la sistemática violación a los derechos humanos en Colombia

Organizaciones de DDHH

Santos es la continuidad del Terrorismo de Estado y masacres de la Herramienta ParamilitarHombres encapuchados generan terror en la poblacion del corregimiento minero de La Toma, municipio de Suarez, departamento del Cauca

Manifestamos una vez más nuestra preocupación por las permanentes amenazas en contra de las comunidades mineras del Corregimiento de la Toma, Municipio de Suarez, Departamento del Cauca y la falta de garantías para el ejercicio de la representación comunitaria de los líderes Afrodescendientes, mineros, campesinos, miembros de la Junta de acción Comunal y del Concejo Comunitario de esta localidad del Noroccidente del Cauca.

El gobierno de Colombia encabezado por el presidente Juan Manuel Santos ha reafirmado ante la comunidad nacional e internacional su compromiso de respetar y hacer respetar los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, sin embargo, estas manifestaciones públicas se contradicen con la sistemática violación a los derechos fundamentales que continúan afrontando las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en el sur occidente del país, en particular en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila y Valle del Cauca, los cuales afrontan la permanente presencia de grupos armados paramilitares que controlan el territorio y violan flagrantemente los derechos fundamentales de todos los pobladores. Estos grupos paramilitares que se hacen llamar Nueva Generación, Águilas Negras, Rastrojos y/o Bandas Emergentes o Bandas Criminales continúan amenazando a los pobladores, y son los autores de crímenes atroces que se han cometido en toda la región. Los habitantes del noroccidente del cauca manifiestan que es evidente la presencia de estos grupos armados en el territorio, quienes han asesinado a varias personas causando pánico en la comunidad. Agregan además que estos hechos ameritan la actuación inmediata del gobierno ya que es su obligación garantizar los Derechos humanos de los habitantes entre ellos la permanencia en el territorio, la prevención al desplazamiento forzado y las garantías para ejercer el derecho asociación y representación de la población.

HECHOS

1.- Los habitantes de la comunidad de la Toma, Municipio de Suarez Departamento del Cauca, denunciaron que se encuentran atemorizados por la presencia de 4 hombres armados no identificados (paramilitares), quienes fueron vistos el día jueves 23 de diciembre de 2010 en horas de la noche detrás de la casa comunal de esta población. Según testigos tres de los hombres estaban encapuchados y uno más de apariencia mestiza se encontraba con la cara descubierta, los 4 portaban armas 9 milímetros. 2.- Según testimonios, miembros de la comunidad escucharon ruidos detrás de la casa comunal por lo que decidieron acercarse, al alumbrar se encontraron con la presencia de los cuatro hombres armados antes mencionados, uno de ellos les preguntó en tono alterado: “¿qué buscan hijo de Puta?”, a tal agresión un miembro de la comunidad les responde, que al escuchar ruidos se habían acercado a ver quien andaba en ese lugar. 3.- Ante tal agresión los miembros de la comunidad se retiran y hasta la fecha no saben el paradero de los cuatro hombres, pero existe una profunda preocupación porque aun permanezcan en el territorio. 4.- Por otro lado miembros de la comunidad manifiestan que dichos hombres armados de desconocida procedencia, llegaron el día miércoles 22 de diciembre de 2010 en horas de la tarde y se mantuvieron ocultos el miércoles en la noche y el jueves durante el día, en una casa desocupada, situada al lado derecho de la calle antes de llegar a la plaza de mercado. La persecución contra las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan por el respeto de los derechos territoriales, ambientales y colectivos en el Corregimiento de la Toma Municipio de Suarez Cauca, se agudizo desde el día 22 de octubre de 2010, cuando llego vía fax una amenaza de muerte contra todas las personas y organizaciones que han denunciado las irregularidades cometidas en la concesión de títulos mineros a empresas multinacionales y particulares que no han habitado en el territorio y que son ajenas a las comunidades. Durante todo el año llegaron 10 amenazas de muerte mas, enviadas simultáneamente a todas las organizaciones mediante mensajes de texto vía celular. Resaltamos que las comunidades de la Toma Suarez, han acudido de manera reiterada a las instancias de investigación del Estado como la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, se han reunido en numerosas oportunidades con las autoridades gubernamentales tanto del orden Departamental como nacional, Ministerio del Interior y Vicepresidencia de la República, con el ánimo que se les brinden garantías para la permanencia en el territorio sin que se hayan obtenido resultados positivos.

ANTECEDENTES

Amenaza de desalojo e inminencia de desplazamiento dos estrategias en contra de los derechos de una comunidad En esta zona INGEOMINAS ha expedido 39 títulos mineros entregados a multinacionales y personas ajenas a las comunidades. Uno de estos títulos mineros se encuentra a nombre del señor Héctor Jesús Sarria, quien tiene la licencia de explotación de oro, BFC-021. Dicha concesión está ubicada dentro del territorio habitado ancestralmente por la comunidad de la Toma. En tres ocasiones las instancias gubernamentales han ordenado desalojo de los legítimos propietarios de estos territorios colectivos. El primero y segundo bajo resolución 2864-3-30, del 30 de abril de 2010. Los cuales fueron suspendidos los días 21 de mayo y 16 de junio, el primero por solicitud del interesado y el segundo por solicitud de la policíasustentando tener ocupado el pie de fuerza a causa de la elección presidencial. El tercer desalojo amparado con la resolución 647/07 del 31 de julio de 2010, a efectuarse el 18 de agosto, fue suspendido mediante resolución 648/8 del 17 de agosto de 2010, por mandato del defensor regional del pueblo Víctor Javier Meléndez Guevara, quien manifiesta mediante oficio 2663 D. del P.R del C. Código 5006, que el señor Héctor de Jesús Sarria no ha cumplido con los requerimientos legales de consulta previa para comunidades negras e indígenas, derecho amparado en el convenio 169 de la OIT, y manifiesta textualmente: “El señor Héctor Sarria a través de su apoderada, en lugar de cumplir con el requisito omitido, insiste en que no hay comunidad negra en su proyecto, ni en la zona de influencia del mismo y tercamente insiste en que la comunidad negra más cerca está a 18 kilómetros. ¿Si así fuera a quien es que quieren desalojar? y agrega: con fundamento en lo anteriormente expuesto y en aras de velar por la Protección de los derechos fundaménteles, colectivos e integrales de la población Afrocolombiana afectada solicito con especial comedimiento que la diligencia de desalojo para mañana se suspenda, en forma indefinida, hasta que el señor Sarria acredite que está plenamente legitimado para obtener el amparo de las autoridades de la república… “ Además de la vigencia de 39 títulos mineros, fueron expedidas desde el 24 de Junio de 2009 por la Gobernación del cauca y el ministerio del Interior dos resoluciones donde se declaran en riesgo inminente de desplazamiento forzado a los Municipios de Suárez, Morales, Cajibío, Piendamo y Argelia. Sin que hasta el día de hoy ninguna de las dos instancias gubernamentales haya dado respuesta satisfactoria a los derechos de petición que reclaman información suficiente acerca de los motivos que llevaron a la gobernación del Cauca y al ministerio del interior ha expedir estas resoluciones.

SOLICITUD

Por todo lo anterior solicitamos a ustedes requerir al gobierno colombiano para salvaguardar la integridad física y sicológica de los líderes y lideresas amenazados por defender los derechos territoriales, ambientales y colectivos de las comunidades del noroccidente del Cauca. Así mismo desarrollar todas las acciones necesarias para juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pobladores del noroccidente del cauca afectados por los medianos y grandes proyectos mineros.