El precandidato a presidente por Proyecto Sur, 'Pino' Solanas, volvió a cargar contra la minera Barrick Gold a la que acusa de llevarse más de US$ 160 millones al año del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo, operado por la poderosa multinacional. Llamó a "recuperar la Argentina perdida".
POR RAM
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El precandidato a presidente de la Nación por el Movimiento Poryecto Sur, Fernando Pino Solanas, dijo que "la Argentina es un país colonizado donde hemos entregado casi todo".
"No hay nadie que controlen lo que se llevan", dijo Solanas en el programa Código Político que se emite por la señal de Todos Noticias.
El actual diputado de la Nación dijo "debemos recuperar la Argentina perdida. Todo lo que se llevan es mil veces más de lo que entregan".
El cineasta puso como ejemplo a la industria minera: "No nos oponemos a la minería, sino a la megaminería que significa saqueo colonial y contaminación. El sector minero, dominado por multinacionales como la Barrick Gold, es el único de todo el empresariado sin la obligación de ingresar al país ni un solo dólar de sus exportaciones”.
El candidato del Movimiento Proyecto Sur agregó que “3% de regalías que dicen que pagan, ya inferior al promedio mundial, las megamineras deducen todos sus gastos de ‘inversión’. A su vez lo que exportan carece de todo control público, ya que lo hacen a simple declaración jurada.”
Y dio más datos: "La Barrick Gold se lleva US$ 15 millones mensuales es decir más de US$ 160 millones al año. Hemos regalado las grandes fuentes productivas en el marco de lo que yo llamo la macrocorrupción".
Pero Pino decía una verdad conocida. El 22 de Octubre de 2008, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
El proyecto establece una definición clara y precisa de lo que se entiende por glaciares y ambiente periglacial, prohíbe y/o restringe la ejecución de proyectos o actividades en ellos, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura, la exploración y explotación minera y la instalación de industrias, entre otros.
Además impone la obligación de inventariar y monitorear el estado de los glaciares a efectos de su protección.
Pero el 14 de Noviembre de 2008, a traves del Decreto 1.837/2008 la presidente Cristina Fernández, vetó la ley sancionada por el Parlamento
La publicación de la medida en el Boletín Oficial caldeó los ánimos de los legisladores que votaron por unanimidad a favor del proyecto –y que ahora se autoconvocaron para discutir qué hacer– , enfureció a los ambientalistas locales y provocó satisfacción entre operadores políticos y lobbistas del sector minero, claramente, la industria más perjudicada por la ley ahora vetada.
En su artículo 6to., la norma prohibía las actividades que pudieran afectar la condición natural de los glaciares y que implicaran su destrucción o traslado. Sin vueltas, vedaba la exploración y explotación minera o petrolífera.
Pero en el Gobierno escucharon los reparos de la Secretaría de Minería de la Nación, cuyo titular, el ingeniero Jorge Mayoral fue denunciado por poseer acciones en empresas del mismo sector que regula, y avanzaron con la anulación.
En su decreto, la Presidenta dice que de acuerdo con lo expresado por ese organismo “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades”.
El veto de Cristina continúa: “En este sentido –dice– la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. Lo que no dice, en realidad, es que su decisión favorece un negocio de US$ 3.000 millones.
El caso testigo es el del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo, operado por la poderosa multinacional Barrick Gold, en la frontera entre Chile y San Juan. Una fuente inobjetable de la industria explicó a Crítica de la Argentina lo que hay detrás de la movida presidencial. “Detrás del veto está el gobierno sanjuanino. Es muy concreto: la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. Es lógico: no se iban a perder el negocio minero más grande de Sudamérica, una fortuna de US$ 3.000 millones".
La provincia de José Luis Gioja es la meca de la minería en la Argentina. Existen en ella más de 180 proyectos mineros de los cuales el 90% está ubicado en zonas de glaciares.
En julio de 2010, Elisa Carrió y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica - ARI, y el legislador Miguel Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires, presentaron nuevos elementos de prueba en la causa en la que se investiga el veto a la Ley de Protección de Glaciares, para demostrar la vinculación entre el gobierno nacional y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, con la minera canadiense Barrick Gold, propietaria del emprendimiento binacional Pascua – Lama.
“Es escandalosa la foto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en Canadá con el presidente de la Barrick Gold. Hay que investigar a la presidente por posible tráfico de influencias a favor de la empresa, ante la posibilidad de un acuerdo tributario secreto entre el Estado Nacional y la Barrick. Si está claro que (José Luis) Gioja es Barrick Gold, debemos investigar si Cristina Fernández también lo es”, afirmó Carrió.
En la presentación judicial se pidió que se investigue el encuentro que mantuvo la presidente Cristina Fernández con Peter Munk, el CEO de la Barrick Gold, el 26 de junio en Canadá y el acuerdo tributario secreto por el que se otorgó un tratamiento impositivo extraordinario a la minera.
“Se está conformando un tercer país, gobernado por la Barrick Gold y montado sobre nuestra cordillera, en el emprendimiento Pascua – Lama. Es un escándalo de corrupción entre funcionarios del gobierno nacional y los gobernadores El secretario de Minería, Jorge Mayoral, es propietario de una empresa minera domiciliada en el mismo lugar que la Barrick Gold.”, sostuvo Reyes, integrante de la Comisión de Minería de la Cámara Baja e impulsora de la Ley de “Presupuestos Mínimos ambientales para la Protección de los Glaciares”, que se tratará el miércoles próximo en el recinto.
"Hemos venido ante la justicia, al margen de cualquier subjetividad política, para aportar pruebas con documentos y testimonios que deberán aportar los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para determinar si se cometieron graves ilícitos para nuestro país en el acuerdo tributario secreto entre Argentina y Chile", explicó Miguel Bonasso, durante la presentación judicial.
Los nuevos elementos de prueba fueron presentados en el marco de la causa, iniciada en 2008 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, a raíz de un informe de Reyes que da cuenta de las vinculaciones entre el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y los hermanos José Luis y César Gioja con la empresa Barrick Gold.
Legisladores de la Coalición Cívica viene reclamando desde la semana pasada (03/03/11) “la urgente y plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares”.
“El gobierno está corriendo la línea todo el tiempo para no aplicar la ley de glaciares y San Juan sigue siendo una cajita de cristal protegida por el poder político para que Barrick Gold pueda continuar con sus emprendimientos mineros en Argentina”, sostuvo ante Urgente24,la diputada nacional de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, integrante de la Comisión de Minería y una de las principales impulsoras de la ley.
“Para las mineras, el tiempo vale oro. Para nosotros, agua. La reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando. Se dejó afuera el artículo 15 que establece un plazo de 180 días para la realización de las auditorias ambientales a los emprendimientos mineros en ejecución”, sostuvo Reyes, que presentó un pedido de interpelación al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, para que explique ante el Congreso por qué no fue reglamentado el artículo 15 de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial (Nº 26.639) y detalle las actividades realizadas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto allí.
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